Martes 13, ni te cases, ni te embarques; ni de tu casa te apartes, reza el viejo dicho. Pero muy lejos de las supersticiones, este fue el día en el que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, decidió dar otro paso; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, le pisó los talones; y el hasta ahora diputado del Psuv, Pedro Carreño, pidió una junta médica por su supuesta “insania mental”. Y todo en menos de dos horas.
Durante más de 15 minutos, la fiscal general de la República caminó de un lado a otro, cambiando de dirección una y otra vez. Solo cuando alguien se acercaba para saludarla, dejaba de ojear el documento que tenía entre manos. Todos la saludaban con efusividad. Finalmente, a las 11:15 am decidió dar el paso. Se dirigió hasta donde se encontraba la prensa y, frente a las cámaras, comenzó a declarar.
Por segunda vez en menos de 24 horas, Ortega Díaz acudió al Tribunal Supremo de Justicia. Pero ahora se dirigía a la Sala Plena para solicitar un antejuicio de mérito contra seis magistrados de la Sala Constitucional y dos suplentes, pues pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, el cual está previsto en el artículo 132 del Código Penal Venezolano.
Para la Fiscal, “el impacto de las sentencias 155 y 156 (del mes de marzo) fue de tal magnitud, que se convocó al Consejo de Defensa de la Nación, el cual suscribió un acuerdo donde se exhortaba a la Sala Constitucional a realizar una aclaratoria de las sentencias. La Sala Constitucional procedió a dar la aclaratoria de las sentencias, pero no entró a conocer el fondo de ella”.
En el fondo de las sentencias están, a juicio de la Fiscal, los elementos que ponen en peligro la democracia, que dejan en evidencia una intención de desmantelar el Estado venezolano y que la llevaron a solicitar el antejuicio de mérito.
“En esta sentencia se estaban dando poderes especiales al Presidente de la República incluso en materia penal. En esta sentencia prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional, se le quitaban todas las atribuciones y se las arrogaba la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, con la potestad de delegarlas en quien ellos quisieran”, explicó, al tiempo que agregaba que la Sala en cuestión transfería la soberanía a un poder constituido, violando lo establecido en el artículo 5 de la Constitución, que indica que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.
De este modo, explicó la Fiscal, quedó evidenciado que “no solo se conspira contra la forma republicada de la nación por medio de un acto de fuerza; también se conspira generando daños incomparables con algunas sentencias”.
Agregó un dato significativo. El ciudadano tiene derecho constitucional a la tutela judicial efectiva; este derecho, dijo la Fiscal, ha sido obstaculizado, pues varios ciudadanos que prendían acudir al TSJ el viernes 9 y el lunes 12 de junio no pudieron hacerlo porque se encontraron con tanquetas y otros obstáculos que se lo impidieron.
Finalmente, reiteró la solicitud hecha el pasado lunes, 12 de junio, ante la Sala Constitucional del TSJ, de “anular el acto de la Asamblea Nacional del día 23 de diciembre de 2015, por el cual se designa a 13 magistrados y 13 suplentes”, por estar viciado de nulidad.
Después de sendos señalamientos, aproximadamente a las 11:32 de la mañana, la Fiscal dio por terminada sus declaraciones y se retiró. Cuando se aproximaba al vehículo blanco que la sacaría del lugar, un grupo de trabajadores del Ministerio Público la esperaba con aplausos, mientras le gritaban: “Aquí estamos, no nos dejaron pasar, pero acá estamos”. Ella les sonrió, mientras les decía: “Es por la paz del país, por la paz de Venezuela”.
Aclaratoria sobre las atribuciones de la Defensoría
Unos minutos después, aproximadamente a las 11:45 de la mañana, delante de las cámaras comenzaba a declarar el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien acudió al máximo tribunal para solicitar “una aclaratoria”.
Saab señaló que acudían al TSJ para que éste aclarara si “los fines, competencias y atribuciones de la Defensoría del Pueblo se ven limitadas por las atribuciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 285 de nuestra Carta Magna, en lo que se refiere a: abrir una investigación y tener acceso a las actuaciones que conforman la misma, cuando exista la violación de un derecho humano, y esta sea derivada de la comisión de un hecho punible”.
“No es mi objetivo polemizar. Nuestra actuación es a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos, quienes no pueden ni tienen como tener una asistencia legal privada”, afirmó el Defensor.
Sobre tal petición de aclaratoria, el abogado constitucionalista Tulio Álvarez afirmó que “no es una solicitud inocente. El Defensor busca que le digan que sus atribuciones no están limitadas. Tratan de igualar a ambas instituciones en la investigación criminal, que es la etapa preliminar del proceso penal, con ello se le resta competencia en materia penal al Ministerio Público”.
Para Álvarez, esta iniciativa forma parte de “una tendencia que trata de neutralizar la actividad del Ministerio Público. Pareciera que el mecanismo busca activar a funcionarios de la Defensoría del Pueblo para que participen en la fase de investigación del proceso penal. La Defensoría puede actuar para evitar que se consumen violaciones de Derechos Humanos, pero cuando se consuman, las competencias pasan con casi total exclusividad al Ministerio Público”.
Aunque la Fiscal considera viciado de nulidad el proceso de designación de los magistrados del TSJ, del día 23 de diciembre de 2015, el Defensor aprovechó la oportunidad para desestimar las declaraciones de la Fiscal, pues aseguró que los tres miembros del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría y Defensoría) fueron convocados y asistieron a la reunión en la que se debatió sobre la designación de los que serían los nuevos magistrados del TSJ.
El Defensor reiteró que ninguno de los tres actores se opuso ni manifestó, por escrito, desacuerdo o abstención alguna. Aseguró que en los archivos del Consejo Moral Republicano existen los documentos en los que consta que fueron convocados y que asistieron los tres actores. Dijo que no presenta a la luz pública tales documentos, porque no es moral y éticamente correcto.
Después de aproximadamente 27 minutos de declaraciones, el defensor Tarek William Saab decidió no responder más preguntas ni dar más declaraciones. Se despidió e ingresó al edificio del TSJ, de donde había salido media hora antes.
¿Insanidad mental de la Fiscal?
Pero la visita de personalidades importantes de la política nacional al TSJ no culminaba con la salida del Defensor. Aproximadamente a las 12:10 de la tarde, llegaba el diputado Pedro Carreño, acompañado de los diputados Gerardo Márquez y Carlos Gómez.
Además de solicitar al máximo tribunal la separación temporal de su cargo como diputado a la Asamblea Nacional, por haber sido admitida su postulación a la Asamblea Nacional Constituyente por parte del Poder Electoral, el diputado asistió al TSJ para solicitar información sobre una comunicación introducida días previos.
“Vengo a solicitar información sobre la conformación de una junta médica para que los expertos evalúen el comportamiento de la fiscal, porque de manera sistemática y recurrente hemos observado como esta señora viene asumiendo una postura que atenta contra la paz, la vida y la estabilidad del país, estigmatizando y satanizando a las instituciones, cumpliendo con lo establecido en el cronograma contra Venezuela del método de golpe suave”, afirmó Carreño.
Esta actuación, a juicio del diputado, deja ver la “insanidad mental” de la que padece la jefa del Ministerio Público venezolano.
El diputado generó polémica cuando acusó a los periodistas de ser cómplices de la violencia que se da en el país al no decir la verdad. Insinuó que también los comunicadores, al igual que la Fiscal General, estarían padeciendo de “insanidad mental”.
Carreño restó valor a la medida de protección que recientemente dictó el Ministerio Público en favor de los comunicadores sociales que cubren las protestas en el país. “No le crean mucho a la Fiscalía, pues ese despacho ha perdido su legitimidad”, afirmó antes de dar media vuelta, e ingresar al TSJ.
Así culminó una jornada intensa de declaraciones polémicas que, en menos de dos horas, se registró en las afueras del máximo tribunal del país, escenario de las nuevas batallas entre la Fiscalía y los aliados del Gobierno.