Magistrados “express” son removidos del TSJ por “usurpadores de funciones”, según AN

“Hoy, un favor o una simple llamada son los argumentos para dictar una sentencia en el TSJ” fue la afirmación con la que inició el debate el parlamentario Carlos Berrizbetia en la sesión de este jueves 14 de julio, quien agregó que el “Tribunal Supremo de Justicia perdió su institucionalidad y su independencia” y además se convirtió en un “instrumento político”.

El informe para recuperar las institucionalidad del TSJ presentado por la comisión especial ante el hemiciclo, que fue aprobado en la sesión ordinaria, solicita que se declare “dejar sin efecto” la escogencia de los 13 magistrados principales y 21 suplentes, efectuada en diciembre del año pasado, y declarar la “nulidad absoluta” de los actos en los que hayan participado.

Con el apoyo de una presentación visual, Berrizbetia expuso ante la plenaria lo que consideró eran “las pruebas” de que el TSJ funciona como un “brazo político” del Poder Ejecutivo, específicamente del presidente Nicolás Maduro, según aseveró. A su vez, enumeró un conjunto de sentencias en las que el TSJ ha limitado las funciones de control político del Parlamento.

En dicha presentación figuraron los perfiles de tres magistrados: Calixto Ortega, Lourdes Suarez y Cristian Zerpa. Aunque tiene una lista más larga de “magistrados express”, se limitó a estos tres por cuestiones de tiempo, dijo el diputado opositor. Estos abogados no cumplen con los requisitos exigidos por la Constitución para ocupar dichos cargos en el TSJ.

Por ejemplo, Ortega, miembro de la Sala Constitucional, solo tiene una maestría en Derecho Político. No es jurista de reconocida competencia, ni ha sido profesor universitario como lo exige la Carta Magna. Ademas, era militante del Psuv, afirmó Berrizbeitia. “La mayoría de los 13 magistrados principales y los 21 suplentes son unos usurpadores de funciones”, sentenció. Desde sus curules, los diputados opositores calificaban como “pirata” al magistrado Ortega, durante la exposición de su colega.

En el proceso de realización de este informe que investiga las violaciones en el marco judicial, la comisión encargada solicitó el pasado 15 de junio reunirse con el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Moral Republicano y sus miembros. Esta solicitud no ha sido respondida hasta hoy.

Dicha reunión tenía como objetivo entregar las pruebas de las violaciones incurridas por el Comité de Postulaciones Judiciales, presidido por el ex diputado oficialista Elvis Amoroso y el fraude cometido por la Junta Directiva de la anterior Asamblea Nacional, presidida por Diosado Cabello, según explicó Berrizbetia.

Informó que Tarek William Saab, defensor del pueblo,  firmó el listado de candidatos a magistrados del TSJ. Razón por la cual, el diputado acusó a Saab de ser parte del “fraude institucional” en el que considera ha incurrido el poder judicial venezolano.

La bancada oficialista definió como “carmonada parlamentaria” la solicitud opositora que busca “disolver el TSJ”.  Una lista de artículos expuso el diputado Edwin Rojas para asegurar que la Asamblea Nacional “no tiene facultad” y comete un “abuso político” al tomar las decisiones de hoy en la plenaria. “Esta carmonada no tiene vida. Se van a quedar con las ganas”, insistió.

A lo que Ramos Allup le respondió: “Prendan la máquina de hacer sentencias que en esta Cámara no vamos a acatar ninguna”, concluyó.

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