Justicia militar en Carabobo obliga a madres dormir en la calle

Esmeralda Peña está desesperada. Se levanta del piso donde ha dormido las últimas 24 horas, cada vez que escucha un carro o a una moto acercarse. A todos les pregunta por su hijo. Nadie le responde. No lo ve, ni sabe nada de él desde el jueves 4 de mayo, cuando fue detenido  por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), al tropezarse con el operativo del Plan Zamora. La única certeza que le han dado a la familia es que está retenido en la sede del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana. (GNB). Se desconoce bajo qué condiciones está ahí y cuál será su futuro legal.

Su nombre es Jonathan Alexander Lucero y espera su turno para ser presentado ante un Tribunal Militar instalado en la sede de la GNB, conocido como Core 2. Son 252 los que aguardan por la sentencia del juez, de 780 personas que han pasado por la denominada justicia militar en la región.

En la acera de la sede militar, ubicada en la urbanización La Isabelica, al sur de Valencia, duermen desde la noche del jueves entre 70 y 100 personas. Todos familiares de detenidos luego de que se activara  el Plan Zamora en Carabobo, la tarde del miércoles.

Lucero fue aprehendido cuando caminaba del taller mecánico donde trabaja hacia  su casa. Pasaba justo por el lugar menos indicado: Bella Florida, un sector del sur de la capital carabobeña donde reinó la anarquía traducida en violencia y saqueos desde la noche del martes. Primero fue llevado a la sede del Cicpc en Plaza de Toros, ahora está en el Core 2.

Carla Dos Santos es otra madre que ha pasado largos días de incertidumbre. Ella recibió la mañana de este domingo, 7 de mayo, una carta de su hijo, Eczon Enmanuel Dos Santos, de 24 años. Se la mandó con un funcionario que le hizo el favor, que le cayó bien. “Seguro hablaron de fútbol y hubo afinidad”.  El joven, quien es conocido  por amigos y personas cercanas como fanático y deportista de esa disciplina, en pocas palabras le relató que no iba a salir en libertad. “Los están trasladando a Guárico y a otras cárceles. Ya es una decisión tomada -dijo la madre visiblemente afectada. Están jugando con nuestro dolor, no nos dan información”. Ella aún espera por un listado que le prometieron a los familiares, en el que publicarían los nombres de quienes ya han sido privado de libertad y enviados a otros sitios de reclusión, y quienes aún esperan por ser enjuiciados.

Ataque al centinela; violencia contra fuerzas de seguridad del Estado y asociación para la rebelión; acciones coordinadas para la alteración del orden público en la calle con hechos delictivos, son algunos de los cargos de los que se acusa a quienes pasaron a la orden del tribunal militar, de acuerdo con el mayor general Jesús Suárez Chourio, jefe de la Región  Estratégica de Defensa Integral (Redi) central.

Se trata de un procedimiento totalmente ilegal que ha sido denunciado por diferentes dirigentes políticos. El diputado Luis Stefanelli, vicepresidente de la comisión de política interior de la Asamblea Nacional, fue uno de ellos. Llegó a Valencia la mañana de este domingo para intentar consignar un documento en el que rechaza la acción, junto a los legisladores Ángel Álvarez Gil, Juan Miguel Matheus, Marcos Bozo y la concejal de la ciudad, Judith Sukerman. No tuvo suerte. Ni siquiera les recibieron la denuncia.

Stefanelli fue claro: “La Constitución y las leyes deben respetarse siempre, no excepcionalmente; y las  protestas no pueden ser penalizadas ni pueden violarse las garantías procesales de quienes pudieran actuar, incluso, en hechos delictuales. Por eso alertamos de la grave vulneración a los derechos humanos de jueces imparciales militares contra civiles”.

Otros resultados presentados por los cuerpos de seguridad del Estado como logros del Plan Zamora en Carabobo son: la recuperación de 15 toneladas de alimentos; alrededor de 500 cajas de licor; además de otros artefactos como neveras, rebanadoras y aires acondicionados, entre otros.

El operativo consta de 10 zonas de patrullaje, vigilancia y control. Se conoció que se espera la visita del ministro de Finanzas, Ramón Lobo, para este lunes en Carabobo, donde coordinará acciones de apoyo financiero a los comerciantes y empresarios afectados por la violación de su propiedad privada durante los saqueos de la semana pasada. Mientras tanto, Esmeralda Peña, Carla Dos Santos y demás familiares de quienes están en manos de la justicia militar, seguirán durmiendo en plena vía pública.

 

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  • Huber Roldán Alzate

    Mal hace el gobierno venezolano a través de las fuerzas militares y la jurisdicción especial militar pretender que el cumplimiento de las órdenes castrenses sean cumplidas de manera absoluta y ciega por las siguientes razones:
    Existe responsabilidad personal y conjunta de los militares en la violación de la Constitución y las leyes, en especial el desacato a su propia Ley Disciplinaria Militar publicada en Gaceta Extraordinaria número 6.207 del 28 de diciembre de 2015 cuyo artículo 2 reza “Las disposiciones establecidas en la presente Ley se aplican AL PERSONAL MILITAR en situación de actividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como al personal de la Milicia Bolivariana en situación de movilización. Se exceptúan a los cadetes y alumnos quienes se regirán por las disposiciones que al efecto sean aplicadas por los institutos de formación respectivos, cumpliendo estrictamente los postulados de la presente Ley” es decir, los civiles están excluidos del la jurisdicción militar especial y aun así continúan con la flagrante violación al pretender continuar imputando delitos militares a civiles.
    Por otro lado, y aún más importante es tener en cuenta que el cumplimiento de las órdenes militares son la base de toda ley disciplinaria militar, pues en ella se sustenta el principio de subordinación y protección de la soberanía como bien superior más allá de la vida misma. Pero no puede desconocerse que la misma norma refiere en su artículo 175 el recurso de QUEJA que tienen todos los militares frente a la orden militar que le ha sido impartida y que el artículo 176 menciona que la presentación de la QUEJA debe ser individual y escrita pero que no exime al militar del cumplimiento de la orden.
    Estas normas deben interpretarse a la luz de los derechos fundamentales y los tratados internacionales que se encuentran en el marco de los alcances de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, pues la responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la cumple, pero no es posible que un militar pretenda eximirse de culpa cuando conoce el Convenio de Ginebra I, del 12 de agosto de 1949, aprobado por Venezuela el cual refiere que las Altas Partes Contratantes se comprometieron a respetar y a hacer respetar “en todas las circunstancias”, los derechos humanos y fundamentales de su propia Constitución y evitar “el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente” (artículo 50).
    Nótese que NO ES INJERENCIA, es sólo que el pueblo de Venezuela tiene todo el derecho de exigir el CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y es una obligación de los demás Estados cumplir con su condición de veedor frente a los abusos que se presentan actualmente contra todo un pueblo que exige respeto por sus derechos esenciales.

  • @ELJUEZ

    y porque no se llevaron a dormir a sus muchachos mientras ellos estaban saqueando y asesinan dos personas ,ALCAHUETAS

  • CAMALEON

    “Son 252 los que aguardan por la sentencia del juez”…y entre 70 y 100 personas son las que permanecen durmiendo en las afueras de la sede militar…Al 1×1 hay entre 152 y 182 terroristas que, o no tienen familia o son de otras partes del país…o simplemente hay grupos de terroristas hermanos, primos, demás familiares….aunque puede darse el caso también que otros “representantes” no quieran acercarse al sitio por temor a que, cuando se identifiquen, se les descubra un sustancioso prontuario delictual y ¡pa’ la cana, carajo!!…..