Amnistía Internacional (AI) publica este miércoles 26 en su página web el informe “Venezuela: silencio a la fuerza”, un informe en el que constata de manera fehaciente la existencia de “múltiples formas de arbitrariedades en el proceso de detención y procesamiento de personas disidentes, que violan los derechos de debido proceso, libertad e integridad personal”.
El informe se refiere concretamente a los casos del diputado Gilber Caro, el concejal José Vicente García, Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado, Villca Fernández, Steyci Escalona, Yon Goicoechea, Marcelo Crovato y catorce policías de Chacao.
La organización no gubernamental de Derechos Humanos, denuncia que en Venezuela “se ha dado paso al uso abusivo y arbitrario del derecho penal como mecanismo para detener y procesar a personas que tienen opiniones críticas a las políticas adoptadas por el gobierno venezolano”.
Atribuye como razones de esta situación a “la generalizada falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela y la injerencia frecuente del Poder Ejecutivo y de sus dependencias en su labor, en un contexto de profunda polarización política”.
AI también ha corroborado la existencia de indicadores que señalan la motivación política detrás de estas violaciones. “Ello afecta de manera directa el derecho a la no discriminación, el derecho a manifestarse públicamente, como así también la libertad de expresión, asociación y reunión, que son obligaciones del Estado venezolano de acuerdo a mandatos internacionales”.
La arbitrariedad –según la ONG- se manifiesta de maneras diversas: Las detenciones sin órdenes judiciales justificadas con la excusa de situaciones de flagrancia; la falta de independencia de las autoridades judiciales que actúan en respuesta a señalamientos desde otros poderes públicos; el uso de jurisdicciones especiales, como la jurisdicción militar, que no es ni independiente ni imparcial; las prácticas de aislamiento e incomunicación de las personas privadas de su libertad, que constituyen tortura algunas veces; el uso de informantes anónimos -muchos de ellos funcionarios estatales- como fundamento de la detención; y la inobservancia de las órdenes judiciales que disponen la liberación de personas detenidas por parte del SEBIN.
En tal sentido, Amnistía Internacional recomienda al Poder Ejecutivo nacional “respetar escrupulosamente las órdenes emitidas por el Poder Judicial relativas a liberar de manera inmediata a las personas que cuentan con una boleta y/u orden judicial de libertad”.
Asimismo, dejar en libertad a aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente en contravención con las obligaciones de derecho internacional del Estado venezolano”.
También recomienda “abstenerse de llevar a cabo detenciones sin orden de aprehensión. Cesar de manera inmediata todo acto de persecución de personas que expresan su oposición a las políticas del gobierno. Garantizar que las personas privadas de libertad sean custodiadas en centros adecuados y con la competencia para el resguardo, cumpliendo con las normas y estándares internacionales en la materia”.
Por otra parte, AI sugiere “abstenerse de realizar actos que puedan constituir una injerencia en la labor del Poder Judicial y en la del Ministerio Público, con la finalidad de señalar a personas disidentes como responsables de presuntos hechos delictivos”.
Y finalmente recomienda “implementar la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional que contiene la creación de un servicio de inteligencia dependiente de la Policía Nacional Civil, que esté sujeta al control del Poder Judicial”.
En resumen, llama al gobierno venezolano a “Respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación pacífica en cumplimiento de los convenios internacionales sobre derechos humanos”.