Foro Penal dice que 21 alcaldes opositores han sido procesados en gestión de Maduro

Al menos 21 alcaldes opositores han sido procesados por la justicia venezolana durante el Gobierno de Nicolás Maduro, en el poder desde abril de 2013, según informó hoy domingo 13 de agosto a Efe el abogado Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano.

El jurista explicó que los tribunales del país han emitido órdenes de captura contra seis mandatarios locales que actualmente están prófugos de la justicia, mientras que hay otros cuatro burgomaestres con medidas privativas de libertad y que engrosan la lista de los llamados “presos políticos”.

Por ejemplo, los alcaldes Ramón Muchacho y David Smolansky de los municipios  Chacao y El Hatillo, respectivamente, están prófugos tras ser condenados recientemente a 15 meses de prisión por permitir la instalación de barricadas durante la actual ola de protestas que ha dejado más de 120 muertos.

Asimismo, Antonio Ledezma y Alfredo Ramos, elegidos  en Caracas como alcalde mayor y en Barquisimeto (Lara), respectivamente, están bajo medidas privativas de libertad.

En esta lista también están el alcalde de Lechería, en el estado Anzoátegui, Gustavo Marcano; y el de la capital merideña, Carlos García; quienes igualmente fueron condenados a 15 meses de cárcel y destituidos de sus cargos, pero que no se entregaron al Gobierno.

Antes de las cinco destituciones de julio-agosto de este año, en el 2014 durante el inicio de las protestas de la llamada “La Salida” la justicia procesó, encarceló y destituyó a Enzo Scarano en San Diego, estado Carabobo y a Daniel Ceballos en San Cristóbal, Táchira, usando los mismos argumentos de desacato y permitir barricadas en estas juridiscciones.

Esta lista del Foro Penal resume las medidas contra alcaldes de la oposición

El abogado detalló también que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado medidas cautelares contra otros cinco alcaldes -que les advierten penas de cárcel-, cuatro ya fueron destituidos mediante distintos mecanismos y otros dos tienen procesos judiciales abiertos, uno de ellos por presunta relación con un homicidio.

En el 2015, fue encarcelado Antonio Ledezma; acusado por la Fiscalía de conspiración y de fraguar un supuesto golpe de Estado contra Maduro y la alcaldesa del municipio Guasdualito en el estado Apure, Lumay Barreto, fue destituida por la Cámara Municipal de mayoría oficialista.

Para 2016, los mandatarios locales del partido Voluntad Popular, Delson Guarate en Mario Briceño Iragorry del estado Aragua y Warner Jiménez de Maturín (capital del estado Monagas) fueron destituidos también por los ediles chavistas en sus localidades. Guarate fue apresado por el Sebin y Jiménez se fue al exilio; se encuentra en Miami desde entonces.

La organización no gubernamental tiene además información de varios diputados, concejales y dirigentes políticos sin cargo de elección popular, todos contrarios al Gobierno socialista, que están bajo arresto, o han sido “perseguidos, intimidados o destituidos”.

Romero cree que con todos estos casos el Gobierno busca excluir e intimidar a los adversarios políticos y, de retruque, hacer “propaganda” de poder para “desmoralizar” a la militancia antichavista.

En los últimos meses, una decena de opositores, algunos potenciales candidatos a gobernadores en los comicios de octubre, han sido enjuiciados, encarcelados o inhabilitados políticamente; mientras que otros se han exiliado o han ido a la clandestinidad para escapar del sistema de justicia, al que acusan de parcial e ilegítimo.

El TSJ y la Contraloría General son, respectivamente, para la mirada del antichavismo, un bufete y un verdugo al servicio de la llamada revolución bolivariana, que ahora cuenta con una todopoderosa Asamblea Constituyente.

Mientras el máximo juzgado ha destituido y ordenado prisión para varios alcaldes, la Contraloría ha eliminado mediante sanciones administrativas a fuertes contendientes para las votaciones regionales, como los excandidatos presidenciales Henrique Capriles y Manuel Rosales.

Los dos políticos tienen prohibido aspirar a cargos de elección popular por haber cometido supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante sus gestiones al frente de las gobernaciones de los estados Miranda  y Zulia, respectivamente.

Con información de EFE

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