La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que la sentencia 378 que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “implica un retroceso en materia de derechos humanos” e hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro a que no continúe con su propuesta de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, así como alertó sobre una supuesta intención del máximo tribunal de despojar al MP de la acción penal.
En entrevista con Vladimir Villegas por Unión Radio -la cual fue interrumpida por una cadena nacional de radio y televisión- dijo que no tiene nada contra el primer mandatario; sin embargo, le gustaría que “echara para atrás la Constituyente, le pidiera el CNE que adelantara las elecciones regionales, que sería muy importante, le daría tranquilidad al país y que siguiera insistiendo en llamar a un diálogo sincero” con “otros voceros internacionales”.
Ortega Díaz invitó a todos aquellos dirigentes oficialistas que aseguran que el Ministerio Público (MP) ha propiciado la impunidad, que digan con detalles a qué caso se refieren, pues sostiene que la institución se encuentra trabajando a fin de hacer justicia.
“Por cada una de las denuncias que hemos recibido y por cada uno de los eventos que han ocurrido, hechos punibles, el Ministerio Público ha iniciado una investigación penal, ha hecho su mayor esfuerzo jurídico, técnico, científico, criminalístico para que haya una solución”, reiteró.
“El MP es el titular de la acción penal”
La Fiscal reiteró que “el MP es el titular de la acción penal”. No obstante, advirtió que ha tenido información sobre una supuesta decisión que estaría manejando el TSJ de quitarle la acción penal al MP lo que, a su juicio, “sería otro retroceso en materia de derechos humanos”, pues se pasaría de un sistema acusatorio a uno inquisitivo.
“No existe una forma constitucionalmente válida de quitarle la facultad de la acción penal al MP”, sentenció.
No obstante, dijo que espera que el máximo tribunal “no se preste para fraudes”.
Violación de DDHH y cuerpos de seguridad del Estado
Ortega Díaz detalló que maneja un total de 63 muertes en las protestas, de las cuales 19 pueden atribuirse “con propiedad” a miembros de cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, las privativas de libertad no han podido materializarse porque los funcionarios aún no han sido puestos a la orden del MP.
Sin embargo, adelantó que ya hay 422 personas privadas de libertad por casos relacionados con las protestas, 8 de ellas relacionadas con el homicidio por linchamiento de un Guardia Nacional, uno por la muerte de Almelina Carrillo, quien falleció cuando le lanzaron un objeto contundente desde un edificio. El presunto responsable ya fue acusado de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles.
Rechazó el proceso penal de civiles en tribunales militares y aclaró que, el delito de “ultraje al centinela” no procede en casos de protestas porque, cuando el personal castrense está en funciones de orden público, debe actuar como “un policía más”.
“Cuando un funcionario está en acciones de seguridad ciudadana, no puede actuar como un centinela”, acotó.
También destacó la preocupación de la Fiscalía por el uso de armas de fuego y metras en el control de manifestaciones, algo que, recordó, esta totalmente prohibido y es “inconstitucional”. “Esas (armas) con perdigones no deben usarse”, agregó.
“Todo lo que se haga hoy referido a la violación de los derechos humanos será históricamente analizado y, por supuesto, repercutirá en las futuras generaciones, por eso hago un llamado a la reflexión en materia de derechos humanos”, dijo al tiempo que señaló como acciones inconstitucionales que atentan contra derechos fundamentales “el uso excesivo de la fuerza, los allanamientos masivos sin orden judicial, maltrato físico y mental, detenciones masivas de personas, el uso del arma de fuego” y “modificación de municiones para aumentar la letalidad”.
Sobre el caso del estudiante Juan Pernalete, fallecido en Caracas, negó que el MP haya dicho alguna vez que su muerte fue causada por un perno, versión que manejaron algunos dirigentes del oficialismo en nombre de la Fiscalía.
Finalmente, reiteró su disposición actuar a favor de todos los venezolanos sin distinción política.