Eliminación de Alcaldías Metropolitana y del Alto Apure requiere consulta popular según CRBV

La orden de eliminar las Alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, que ejecutó la Asamblea Nacional Constituyente este miércoles, 20 de diciembre, viola los artículos 171 y 172 de la Constitución, que establecen la necesidad de convocar una consulta ciudadana para crear o suprimir un distrito metropolitano, explicó a Efecto Cocuyo el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli.

Precisó que luego de que los ciudadanos de dos o más municipios deciden organizarse en un distrito metropolitano, es la Asamblea Nacional (AN) quien dicta una ley orgánica para organizar a ese nuevo Gobierno, garantizando su carácter democrático y participativo, así como los demás preceptos constitucionales.

Raffalli indicó que el decreto de la ANC no solo omite las leyes orgánicas a través de las que se crearon ambas instancias, sino también la expresión de los habitantes de esos municipios. “La ciudadanía se ha expresado durante los últimos 15 años al ir a votar en las elecciones de estos Gobiernos, ratificando así su decisión de tener un Distrito Metropolitano”.

La acción de la ANC también vulnera el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) porque se están extralimitando en su función, que debería ser crear un nuevo ordenamiento jurídico a través de una nueva Constitución, que se consultará al pueblo.

“Los Distritos Metropolitanos son entidades político territoriales de la República y no puede esa ANC, antes de someter a votación una nueva Constitución, tomar decisiones de ese nivel, porque es que no le corresponde”, añadió.

Los constituyentistas además infringieron los artículos 186 y 187 de la Constitución que establecen las competencias de la Asamblea Nacional dentro de las cuales está legislar en materia de asuntos municipales. Por último, el acto viola las propias bases comiciales de la ANC que determinan que deben respetar los valores republicanos y los principios democráticos internacionales.

Raffalli, quien es integrante de la comisión asesora de los delegados al diálogo político en República Dominicana, insistió en que la Constituyente es un poder de facto, “que se inclinó por encima de los poderes públicos constituidos y de la Constitución“.

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