“El plan es acabar con el liderazgo opositor”, Luis Salamanca sobre inhabilitación de Capriles

Leopoldo López (2008), María Corina Machado (2015), Daniel Ceballos (2015) y Henrique Capriles Radonski (2017). Todos ellos fueron inhabilitados políticamente por la Contraloría General de la República mientras ejercían sus labores como funcionarios electos en la Alcaldía de Chacao, en la Asamblea Nacional, Alcaldía de San Cristóbal y en la Gobernación de Miranda, respectivamente.

Sus inhabilitaciones no solo violaban la Ley Orgánica de la Contraloría, sino también a la Constitución. “Este mecanismo se usa para funcionarios designados, no para aquellos que son electos popularmente”, aseguró el politólogo Luis Salamanca a Efecto Cocuyo.

López fue sancionado primero por una donación que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) dio en 1998 a la Asociación Civil Primero Justicia y después por un traspaso de dinero de una partida a otra que autorizó en 2002 cuando era Alcalde de Chacao. Esta última inhabilitación termina en diciembre de este año.

Machado fue inhabilitada antes de cumplir su periodo en la AN como diputada el 13 de julio de 2015. El contralor general de ese momento, Manuel Galindo, “impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de 12 meses” por no declarar los cestatickets en sus impuestos.

El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, también fue sancionado por un año porque  no presentó la declaración jurada de patrimonio en abril de 2015.

Él ya había sido detenido el 19 de marzo de 2014 en Caracas por delitos de rebelión y agavillamiento e incluso destituido como alcalde porque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró el desacato a las medidas dictadas por dicha instancia para frenar las protestas en su localidad en 2014 y luego declararon la falta absoluta por su detención.

La medida de inhabilitación política no le correspondía tampoco, pues ya no ocupaba un cargo público.

Ahora el gobernador de Miranda, Henrique Capriles pasa por el mismo trago amargo servido por la Contraloría General de la República: fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años.

“Esta interpretación extensiva de la ley es aberrante, porque la suspensión de derechos políticos solo puede ser dictada por un juez mediante sentencia firme y como pena accesoria, no como principal”, expuso Salamanca.

Para el politólogo estas medidas responden a una estrategia política: “Este mecanismo de inhabilitación es un arma muy peligrosa, porque tiene la facilidad de acabar con el liderazgo opositor de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Mi valoración política es que hay un plan para eso”, aseguró.

Agregó que esto forma parte del plan que para él se inició el año pasado al ser suspendido el referendo revocatorio y continuó con la suspensión de las elecciones regionales. Dijo que el Gobierno intenta levantar su popularidad y por eso pospone la contienda electoral: “Llegas a 2018 esperando mejorar la situación económica y social y con un plan político que consiste en quitar del camino al que pueda hacer peso en tu contra y dejas al que no pueda competir contra ti o con el que pueda haber un diálogo después de las elecciones”.

La oposición no tiene perdida la batalla. Salamanca cree que ante esta adversidad, la Mesa de la Unidad Democrática tiene la posibilidad de sacar nuevos líderes, llevarlos a primarias y prepararlos para las elecciones. Manifestó que la oposición tiene un gran electorado con el que puede triunfar.

El politólogo aseveró que esta inhabilitación política alimenta el expediente para la Carta Democrática, pero “pareciera que al Gobierno no le importa”.