La represión es otro actor en el juego político venezolano. Mientras los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sortean los obstáculos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) arroja al proceso del referendo revocatorio, en la calle los ciudadanos también toman un rol en la partida.
El 26 de abril se activó esta fórmula política y hasta el 16 de septiembre, cuando aún no termina el juego, han sido detenidos al menos 138 personas por protestar para exigir celeridad en el proceso o mostrar su interés por cambiar de Gobierno.
Ese es el número que se desprende del monitoreo de medios que realizó Efecto Cocuyo durante este tiempo: 15 detenciones diarias en promedio.
La realidad es que cientos de detenciones no fueron escritas en ningún portal o medio impreso, y algunas incluso ni siquiera llegaron a anotarse en el libro de novedades de los cuerpos policiales. Así lo informó Gonzalo Himiob, director de Foro Penal Venezolano, una ONG que vela por el debido proceso.
De acuerdo con las cifras que maneja el grupo de abogados, solamente desde el 29 de agosto hasta el 17 de septiembre fueron aprehendidas 163 personas y solo 93 casos se reportaron el 1 de septiembre en el contexto de la “Toma de Caracas” (movilización que convocó la MUD como protesta para pedir al CNE que asigne las fechas para los siguientes pasos del referendo revocatorio).
Otro dato que da cuenta de la represión por disidencia política, como lo categoriza Himiob, es que para septiembre de este año, Foro Penal contabilizó 2.428 aprehensiones en lo que va de 2016; lo que significa un incremento con respecto a 2014. Este año fue considerado como uno de los más conflictivos debido a las protestas.
Himiob explicó que entre esos 2.428 aprehensiones se encuentran aquellos que se consideran presos políticos, los que forman parte de un grupo que es incómodo al poder, como por ejemplo los estudiantes; aquellas individualidades que también comprometen al Gobierno como Yon Goicochea y Carlos Melo; y también los que fueron detenidos para reforzar la realidad oficial como los dueños de restaurantes y “bachaqueros” a quienes se les señala de contribuir con la “guerra económica”.
“Que detengan a personas por exigir lo que la Constitución permite no es algo nuevo. Desde 2001 hemos tenido persecución política, diferente a la persecución jurídica que se da cuando se hace algo prohibido por la ley. De repente lo que es válido pasa a ser un crimen”, manifestó el director de Foro Penal.
En la lista se encuentran los estudiantes Oswaldo Rodríguez, Peter José Pérez Naranjo, Alvin Alberto Bridgewater Francis, Carlos Leonardo Briceño Cabrera, Sergio Francisco Morales Salazar y Daniel Morales; el jefe de seguridad de la Asamblea Nacional, Ángel Coromoto; y los dirigentes de Voluntad Popular Francisco Márquez, Gabriel San Miguel y Yon Goicoechea. Pero también hay 85 personas cuyos nombres se desconocen, pero que Foro Penal conoció de su detención.
“Son detenciones arbitrarias que en la mayoría de los casos no llegan ni a ser presentados a la Fiscalía. Solamente por estar en el sitio equivocado los llevan a una comisaría y los tienen retenidos allí unas horas y no se abre un expediente. Es un patrón: se sabe de la detención, pero se niegan a dar información los cuerpos policiales, no te dicen cuántos hay ni quiénes son. Incluso los fiscales se niegan”, explicó Himiob.
Recordó un caso en el que los abogados del Foro Penal encontraron a un joven en una comisaría policial que estaba detenido junto con otros manifestantes y sus familiares desconocían la situación. “Le prestamos apoyo porque ese chamo no sabía ni con quien hablar. Hay veces que al tercer día es que los padres saben que sus hijos están presos”, comentó.
Himiob enfatizó que la negativa de información y las detenciones arbitrarias son consideradas una violación a los derechos humanos, por lo que en 2014 Foro Penal elevó una denuncia a la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre este punto.