Últimamente se ha detenido a varios políticos bajo el cargo de traición a la Patria pero, ¿en qué consiste este delito? ¿En qué ley está tipificado? ¿Cuáles son los organismos jurídicos encargados de procesarlo?
La sanción legal por incurrir en el delito de traición a la Patria puede ocasionar una pena elevada. La mínima, 16 años. La máxima, 30. Dependerá de la gravedad, pero todos deben reunir estas condiciones: que existan enemigos externos, que se atente contra la independencia de la República, la solicitud expresa de la intervención de algún país extranjero en los asuntos internos de Venezuela, la revelación de secretos militares o relacionados con la seguridad.
“Cualquiera que, de acuerdo con país o República extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años”, reza el Código Penal Venezolano en su artículo 128.
De hecho, el Capítulo I del Código Penal trata únicamente “De la traición a la Patria y otros delitos contra ésta”.
El parágrafo único del 128 agrega: quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de la ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena.
Más adelante, en el artículo 133, se establece que “cualquiera que de la manera expresada en el artículo 128, estorbe o impida, enerve o disminuya la acción del Gobierno Nacional o de los Estados para la defensa nacional, sin atender ni respetar las intimaciones de la autoridad pública, será castigado con presidio de cinco a diez años”.
El artículo 129 agrega más directamente el elemento de la intervención extranjera, fuertemente utilizada por el chavismo como bandera antiimperialista. Dice: “El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de veintiséis años. Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre, en cualquier forma, la intervención de un Gobierno extranjero para derrocar al Gobierno venezolano”.
En su artículo 139 se explica que “las penas determinadas por los artículos 128 y siguientes, se aplicaran también si el delito se ha cometido con perjuicio de una Nación aliada con Venezuela para la guerra y en el Curso de ésta”.
La primera vez que un delito político apareció en el horizonte venezolano fue en 1837, en el Gobierno de Antonio Guzmán Blanco. La legislación venezolana recogió entonces la necesidad de “proteger” las instituciones, el territorio y los connacionales ante una eventual conspiración para intervenir o derrocar a los Gobiernos electos, en un momento marcado por rebeliones e insurrecciones.
Roberto Enríquez, presidente del partido Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), está acusado de traición a la Patria. Lo detuvieron este domingo 2 de abril, y se espera que sea presentado próximamente ante el Tribunal Militar 1° de Control.
No ha sido el único caso de este estilo en lo que va de 2017: el economista y profesor universitario Santiago Guevara -quien además tiene una columna de opinión semanal en Americaeconomica.com y colabora con ElBoletín.com– fue imputado por traición a la Patria e instigación para delinquir el pasado 25 de febrero.
En marzo, el Frente Patriótico Hugo Chávez solicitó formalmente al Ministerio Público la realización de un antejuicio de mérito por esa misma causa para un grupo de parlamentarios, entre los que se encuentran Henry Ramos Allup, Enrique Márquez, José Simón Calzadilla, Luis Florido, Ángel Medina, William Dávila, Delsa Solórzano, Richard Blanco y Timoteo Zambrano. El nombre del político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, actualmente exiliado, también se incluye en la lista. La acusación no ha prosperado.
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