El presidente de la Asamblea Nacional, dos parlamentarios del Parlasur (una argentina y un uruguayo) y un diputado venezolano, los dos abogados españoles, la esposa y su representante legal. En ese orden dieron declaraciones a la prensa los políticos y voceros de la defensa de Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, que este jueves 7 de julio tendría su audiencia de apelación en los tribunales de Caracas. Por segunda vez, el acto fue suspendido.
A diferencia de la primera cita judicial, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) solo cercaron la entrada al Palacio de Justicia, esta vez los uniformados trancaron el acceso desde una cuadra antes de la sede del ente (hacia Capitolio) hasta una cuadra después (hacia La Hoyada). También fue trancada con cercas y una patrulla del cuerpo castrense la calle Veracruz, que baja hacia la avenida Lecuna. Formaron así una “T” e imitaron el despliegue que implementaron el primer día que trasladaron a López para su juicio y cuando Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, fue llevado a su audiencia de presentación.
Esta custodia militar era digna de una decisión judicial; pero eso no ocurrió. La audiencia de apelación no se realizó, pues López no fue trasladado a tiempo, según informó su abogado principal Juan Carlos Gutiérrez a las 11:26 am de este jueves, minutos después de que Lilian Tintori, esposa del preso político, indicara a la prensa que “Leopoldo finalmente llegó, está en el sótano; no dejan que se comunique ni con sus abogados internacionales y nosotros, que somos su familia, tampoco lo hemos podido ver”.
Tintori precisó que una protesta por inseguridad había retrasado el traslado de su esposo, mientras que Gutiérrez señaló que la ausencia de su defendido en la sala de apelaciones era responsabilidad de las autoridades de traslado del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Ambos dejaron claro que López quiso acudir a su apelación.
“Este dilación indebida trae como consecuencia inexorable la libertad de Leopoldo López. Hay una petición de liberación que se solicitó hace meses porque hay lapsos procesales que no se han cumplido, Leopoldo tiene dos años sin sentencia definitivamente firme y como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, se debe aplicar la figura jurídica del decaimiento de esta medida procesal”, aseveró el abogado, quien se refería a la condena que le impuso la jueza Susana Barreiros el 10 de septiembre de 2015: 13 años, nueve meses, siete días y 12 horas.
Gutiérrez habló del artículo 230 del COPP en el que se establece la proporcionalidad de la pena y del proceso judicial: “(…) (Una medida de coerción personal) En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años; si se tratare de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave (…)”.
Los españoles insistirán
Nuevamente los abogados españoles no pudieron ingresar al Palacio de Justicia para atender la causa a la que se apegaron de forma gratuita.
El exministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, se quejó de las suspensiones de la audiencia de las cuales ha sido testigo. “Desde un punto de vista de la defensa de los derechos humanos, la libertad de una persona no puede depender de que se ponga enferma una juez o una letrada. Es absolutamente contrario a los principios universales de defensa de la libertad“, dijo.
En la misma línea de Gutiérrez, el también exalcalde de Madrid pidió que hasta que no se celebre la audiencia, se cambie la privativa de libertad “por una libertad absoluta o en último extremo por un arresto domiciliario, que le permita hablar con sus abogados y preparar su defensa”.
Javier Cremades, por su parte, recordó que un tribunal de justicia debe ser imparcial y consideró que esta característica no se cumple en Venezuela. “Hoy Venezuela es el campo de la violación de los derechos humanos; detrás de Leopoldo López hay numerosos presos políticos y la única solución digna de esta justicia simulada es declarar la libertad y declarar la nulidad de ese juicio hasta tanto eso no pase vamos a viajar”, sentenció.
La culpa es de Maduro
A las 10:15 am, Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, se abrió paso entre los seguidores y militantes del partido Voluntad Popular que llegaron a las inmediaciones del Palacio de Justicia. Su llegada interrumpió una serie de oraciones religiosas que pedían al “poder de Dios” que tomara las riendas de una Venezuela “sumida en la corrupción y la injusticia” y que le clamaban con rosario en mano por la libertad de su líder Leopoldo López.
Ramos Allup calificó como juicio político el proceso judicial que se le lleva a López desde 2014 y cree que este debe ser liberado. Dijo que el retardo procesal que tiene este caso perjudica únicamente al sistema de justicia. “La causa de Leopoldo se ha convertido en un juicio emblemático dentro y fuera del país porque se han lesionado gravemente el principio de administración de justicia”, apuntó.
Agregó que el presidente Nicolás Maduro tuvo la oportunidad de indultar al dirigente de Voluntad Popular y evitar así la mediatización del caso. “Salía el Presidente perdonando a Leopoldo y si Leopoldo aceptaba, quedaba políticamente agradecido al Presidente y si lo rechazaba, Maduro podía decir que ya lo había perdonado, pero que él quiso seguir preso. Ahora la consecuencia es que Leopoldo se ha hecho un preso famoso en todo el mundo”, dijo.