Creación del Estado Mayor de Caracas es una medida electoralista, advierten expertos

“Llegar a donde no estamos llegando para que la revolución se reconecte con las catacumbas del pueblo”. Esa es la labor que el presidente Nicolás Maduro asignó al nuevo Estado Mayor de Caracas, que “combinará todas las instancias del Gobierno“, como la Alcaldía de Libertador y el Gobierno del Distrito Capital, y estará presidido por el alcalde Jorge Rodríguez.

Rodríguez y el resto de los integrantes, entre quienes se encuentran la primera dama y diputada, Cilia Flores, y su colega Tania Díaz, se comprometieron a “generar respuestas eficaces, amorosas y profundas de atención de los temas y problemas que tiene el pueblo” mientras eran juramentados en sus nuevos cargos en la tarde del 31 de enero.

Pero, ¿hacia dónde apuntan estas nuevas instancias de poder? ¿son legales? La Constitución de la República establece que el Estado está dividido en cinco Poderes Públicos, que son el Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Electoral y Ciudadano, e incluye un estricto régimen de municipalidad que, según explicó el abogado Carlos Andrés Requena, violenta el marco legal del país.

“Con esta medida el Gobierno intenta adentrarse en el pueblo para ser utilizado como campaña electoral, en caso tal de que sean convocadas las elecciones regionales que debieron hacerse en diciembre del año pasado”, opinó Requena, y aseguró que es una decisión destinada a crear “instituciones paralelas” a las que están previstas en la ley.

Meses después de que Antonio Ledezma fuera electo en la Alcaldía Metropolitana de Caracas en el año 2008, el presidente fallecido Hugo Chávez creó el Gobierno de Distrito Capital y envió a esta institución fondos financieros que anteriormente eran destinados a la Alcaldía Mayor. Caso similar ocurrió con la Gobernación del estado Miranda, luego de la creación en 2013 de CorpoMiranda.

“Se le está dando funciones y hasta un nuevo presupuesto a una organización que no aparece en las leyes municipales del país. Si fuera una instancia administrativa que trabajara en conjunto con la Alcaldía de Libertador y la Alcaldía Mayor de Caracas, sería más viable”, precisó el abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli.

Al momento de ser designado en el cargo, Jorge Rodríguez también ejerce el puesto de alcalde de Libertador lo que, a consideración de Raffalli, viola la Constitución.

Según el artículo 148 de la Carta Magna, ningún funcionario puede desempeñar a la vez más de un cargo público, “a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley”. De no ser así, la aceptación de un segundo destino implica la renuncia del primero, “salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal”.

El también profesor universitario no descartó que, de salir desfavorecido en las elecciones regionales y municipales, el presidente Nicolás Maduro use estas nuevas instituciones para bajar los niveles de afectación. “Si hay elecciones podrían perder municipios que hoy controlan y vaciar de presupuesto a los nuevos alcaldes electos”, concluyó Raffalli, a modo de advertencia.

Foto: Prensa Presidencial

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