Con llamadas intimidaron a funcionarios para que retiraran las firmas que apoyan al revocatorio

El viernes al mediodía Víctor Padrón, profesor de un liceo del municipio Independencia del estado Yaracuy, recibió una llamada de un colega. Pese a que no estaba en su horario laboral, decidió atender. Luego de un cordial saludo, el docente del otro lado del teléfono le comunicó a una representante del Distrito Escolar y ahí empezó la “intimidación”: “Me dijo que yo aparecía en una lista negra de personas que habían firmado, por lo que tenía que ir al CNE (Consejo Nacional Electoral) y retirar mi firma”.

Así lo indicó Padrón, nombre ficticio por petición de la fuente, a Efecto Cocuyo quien aseguró que no se le señaló lo que pasaría si no acataba la orden. “Yo le dije que estaba ocupado. Me siguieron llamando, hasta de un número diferente. Luego, otro colega me llamó y me dijo que le dijera si la iba a retirar o no, para que no perdieran tiempo. Ahí sí respondí que no”, manifestó.

Durante la semana pasada, este tipo de llamadas fueron recibidas por empleados de cuerpos policiales, algunos ministerios o instituciones públicas. Éstas solicitudes de la gerencia de cada ente se correspondió con el periodo de rectificación estipulado por el CNE para aquellos que quisieran “arrepentirse” de haber firmado para activar el referendo revocatorio.

El proceso terminaba el viernes, fecha en la que el diputado Diosdado Cabello (Psuv) aseveró que “no pueden estar en ningún cargo de importancia funcionarios que firmaron contra Nicolás Maduro, en las gobernaciones, alcaldías, ministerios. A revisar nombre por nombre, cargo por cargo. Es un principio moral  y ético. Si usted quiere que Maduro se vaya, ¿por qué trabaja en el Gobierno de Maduro?”.

Este sábado 18 de junio, el diputado Tomás Guanipa informó que 0,41% de las rúbricas aceptadas por el CNE fueron retiradas durante la jornada de rectificación; es decir 5.660 en todo el país.

“Esto me parece de mal gusto, porque además fue un profesor que se prestó para la intimidación. Me parece una amenaza y psicoterror, porque esa información no debería tenerla el Distrito, sino solo el CNE”, reclamó Padrón, quien conoce a dos profesores del liceo de Yaracuy en su misma situación. Espera que su negativa no acarreé despidos injustificados.

Con la misma esperanza están los 180 funcionarios de la Policía del Estado Aragua a quienes también les pidieron, vía telefónica, que quitaran su firma de la petición de revocatorio. “Te ordenaban a retractarte, llenar una planilla donde debías indicar que esa no era tu firma, luego ir al CNE a eliminarla y la constancia debías llevarla a recursos humanos”, explicó uno de los uniformados de ese ente que habló con Efecto Cocuyo, bajo la condición de no revelar su nombre.

En el caso policial, al temor del despido se le suma el de la posibilidad de asignación a áreas de trabajo alejadas de sus residencias o ciudades de origen. “Hay muchos que por miedo lo hicieron, pero la mayoría no lo hicimos. Somos más de cien los resteados y como los enfrentamos nos amenazaron con mandarnos al Sur de Aragua, pero somos policías donde nos paremos”, indicó el funcionario.

Otras instituciones policiales fueron la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Policía del Estado Carabobo. El mismo “modus operandi” y los mismos temores en los firmantes uniformados. “El que nos cambien de estado es un despido indirecto, pues es difícil mantenerse lejos de casa y puede que el funcionario considere entonces irse de baja”, dijo un PNB.

Desde la dirección del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamefc) los trabajadores de Bello Monte también recibieron su respectiva llamada. “Dan un correo donde se debe hacer llegar el comprobante de la denuncia, emitido por el CNE. No hubo respuesta sobre qué pasaría de no hacer el proceso de retiro de la firma”, dijo una fuente interna de ese organismo.

Sacaron a los presos

La ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, llevó a Parque Carabobo a un grupo de 300 privados de libertad para denunciar una presunta falsificación de sus firmas en el proceso de activación del revocatorio pedido por la Mesa de la Unidad.

“Yo voy a sacar ese listado (de presos firmando) y voy a interponer una demanda personalmente, en nombre del ministerio que represento”, comentó Varela un día antes, cuando aseguró que había cerca de 1.300 presos firmando para el revocatorio.

Para el acto de denuncia se apostaron cientos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la plaza frente al Ministerio Público (MP). 

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