Jorge*, un vecino de Catia, acudió el pasado lunes 20 de junio a validar su firma en la sede regional del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicada en Plaza Venezuela. Aunque sabía que el punto de verificación más cercano a su lugar de residencia se encontraba frente al bloque 45 El Mirador, en el 23 de Enero, prefirió pasar tres horas en cola antes que subir a la otra parroquia. “Tú sabes que allá están los colectivos“, advirtió.
No solo por la distribución hecha por el CNE en sitios con menor población electoral se tuvieron que trasladar algunos firmantes. También por temor a validar en municipios o parroquias “rojas rojitas”. Aunque la oposición ganó los pasados comicios del 6D en el 23 de enero, la diferencia fue muy pequeña: 48,64% de los votos los sacó la MUD en las elecciones parlamentarias; el chavismo, obtuvo un muy cercano 48,16%.
Amedrentamientos y disturbios no faltaron en las “rojitas” Macarao y San Agustín, únicos dos puntos de validación en Distrito Capital en donde el oficialismo se hizo con la victoria del 6D.
Por “escuálidos”, colectivos asaltaron un autobús que viajaba de Plaza Venezuela a Macarao el tercer día de verificación de firmas. Desde ese momento, ese día se suspendieron los traslados a los puntos del oficialismo. Solo se movilizó gente a El Junquito “por ser el más seguro”. También uno de los más lejanos.
Coloque el mouse sobre los botones para ver la proporción de votos del pasado 6D
Del total de centros de verificación publicados en el sitio web revocalo.com, Efecto Cocuyo contabilizó 62 puntos en parroquias y municipios chavistas y 63 en zonas donde la MUD ganó el pasado 6 de diciembre. A pesar de haber sido una distribución casi equitativa, la especialista en procesos electorales, Egleé González Lobato, aseguró que el proceso estuvo lejos de ser justo. Agregó que en esta primera parte del referendo, no se consideran los votos en contra del revocatorio, por lo que el acto deja de ser secreto.
“Esto lo que demuestra es que hay un exceso de control por parte del Consejo Nacional Electoral en la colocación de centros de validación, con un objetivo: desmovilizar a la gente”, aseguró González. “El proceso deja de ser un secreto. El que está ahí sabe que va a promover un mecanismo que va a revocar a un funcionario y eso es una desventaja“, agregó.
El coordinador electoral de la MUD, Vicente Bello, precisó que en un principio solo se iban a utilizar las 24 oficinas regionales del CNE. Sin embargo, agregó que después la directiva del Poder Electoral dio la instrucción a los directores regionales de decidir los otros centros de verificación que serían dispuestos en todo el país.
“Fue una política deliberada del CNE poner los puntos en donde los pusieron”, afirmó. “Pidieron que se utilizaran centros alejados de donde estaba la mayor concentración de firmas a validar”.
[infogram id=”992a2890-e50e-4622-b0bb-0a7e7d248701″ prefix=”r4C”]
El riesgo de no completar el requerido 1% en todos estados no solo se debió a la colocación de los centros en sitios con menor población electoral, a la “operación morrocoy” o a la habilitación de pocas máquinas.
El miedo de los electores a validar en zonas chavistas también estuvo presente entre los promotores del revocatorio. De acuerdo con la tendencia electoral de los últimos comicios, los estados en donde se vio reflejado este riesgo por miedo fueron Aragua, Falcón y Miranda.
La diferencia en el estado Miranda no solo fue con respecto a la población electoral, donde municipios con mayor cantidad de electores, como Chacao y Baruta, se quedaron sin centros de validación. De un total de 13 puntos habilitados, solo tres estuvieron en zonas donde ganó la oposición: Sucre, El Hatillo y Guaicaipuro.
En el estado Aragua, el chavismo ganó en 10 municipalidades de un total de 18. Sin embargo, la repartición de centros de verificación no fue equitativa en la entidad: en zonas opositoras se dispusieron cuatro puntos, mientras que en territorio rojito, seis.
Otro caso similar fue Falcón, donde el oficialismo tuvo la victoria en 14 municipios y la MUD en 11. Sin embargo, para la semana del lunes 20 de junio, los criterios de repartición de los puntos estuvieron lejos de ser equitativos: De cinco centros, solo uno estuvo en una municipalidad con mayoría opositora.
En Carabobo se produjo otra modalidad. Fue uno de los estados en donde se registró mayor cantidad de denuncias de retraso. El CNE distribuyó los centros en dos municipios chavistas y cuatro opositores. La proporción del pasado 6D pintó 10 municipalidades de azul y solo cuatro de rojo.
El caso más evidente fue el de Nueva Esparta. De los 11 municipios que hay en el estado, el chavismo solo ganó uno en las pasadas elecciones parlamentarias: Villalba, ubicado en la isla de Coche. Sin embargo, las cinco máquinas que había en la entidad fueron distribuidas en cuatro centros habilitados en zonas donde la MUD tuvo mayoría.
A pesar de tener a favor la ubicación en comunidades donde la oposición ganó, los firmantes denunciaron que se activó la “operación morrocoy“. La verificación, cuya duración estimada era de un minuto aproximadamente, tardó alrededor de 25 minutos por persona, según denunció el alcalde del municipio Sucre (Dtto. Capital), Carlos Ocariz.
Los retrasos hicieron esperar a los otros 23 estados, hasta que la isla asegurara el 1% correspondiente para pasar a la segunda fase del referendo revocatorio.
Otras entidades en donde hubo denuncias de “operación morrocoy” —según informó el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles— fueron Carabobo, Anzoátegui, Sucre y Distrito Capital.
Los diseños del retraso
El procedimiento del referendo revocatorio del presidente Hugo Chávez tiene poco que ver con el que la MUD busca activar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. La etapa de recolección de firmas y su posterior validación del 1% en los estados del país no estuvo presente en 2004. Esta etapa, considerada como promoción del revocatorio en la normativa, Egleé González aseguró que es inconstitucional.
“¿Por qué la MUD tiene que perder el tiempo buscando firmas como si se tratara un grupo de ciudadanos nuevos? Ya ahí está el primer error”, afirmó Félix Arroyo, consultor de procesos electorales, sobre el proceso.
Con el referendo de Chávez como único referente, y con unas normas establecidas por el CNE posteriormente en 2007, la especialista en materia electoral denunció que esta primera parte del proceso no persigue ningún fin, sino generar un retraso.
“Entre los principios que rigen al CNE está la celeridad. La temporalidad es importante y cuando hace acciones como estas, se aparta de sus principios. Establece mecanismos dilatorios y niega el ejercicio político“, dijo. El retraso no solo fue en el procedimiento establecido por el ente comicial, sino también en las máquinas. El millón 300 mil que debía validar sus firmas por cada estado requería como mínimo unas mil 300 máquinas. A esto, agregó González, hay que prever cualquier contingencia.
Denuncias hubo en los centros de validación. Entre las más comunes, operadores de los puntos de verificación y firmantes expresaron que las máquinas se reiniciaban o se apagaban, lo que implicaba una espera cercana a los 20 minutos.
“También hubo denuncias de que se había caído el sistema y que no podían seguir validando“, agregó Arroyo. “Esas máquinas trabajaban fuera de línea, no validaban las huellas al momento. Lo que hacían era que tomaban la información, una imagen y los puntos que caracterizan a la huella. Luego se transmitía al sitio donde se hacía la validación cuando hubiera señal y se comparaba. Ahí se veía si hacía match o no”, explicó.
La aprobación de los procesos y logísticas realizados por el CNE corresponden a la Junta Nacional Electoral, presidida por Tibisay Lucena. Sin embargo, el área de Informática del ente comicial es el que está a cargo del diseño de las máquinas. En ambos órganos se encuentra un funcionario en común: Carlos Quintero. En el primero, se desempeña como suplente; en el segundo, como director.
“Carlos Quintero es suplente en la Junta Electoral. Toda la logística de las máquinas y la aprobación de los puntos de validación lo decide la junta. Los softwares de las máquinas los hace Informática y la decisión de usarlos o no también depende de la directiva”, apuntó Arroyo.
El proceso para la recolección del siguiente 20% aún está por ser definido por el CNE. Sin embargo, antes de convocar a la próxima fase el organismo dispone de 20 días hábiles para recibir los datos recogidos en las oficinas regionales y luego revalidar. Los especialistas insistieron en que el ente se tomará todo el tiempo estipulado en los plazos.
*Nombre ficticio. Prefirió no revelar su identidad.
–
Para el presente trabajo, Efecto Cocuyo cruzó la data de los centros de validación publicados en el sitio web revocalo.com con los resultados electorales de municipalidades y parroquias registrados por el Consejo Nacional Electoral en los comicios del pasado 6D.
*Nombre ficticio. Prefirió no revelar su identidad.
Foto principal: Miguel Gutiérrez / EFE