Claves para conocer cómo el CNE contrarió a la Constitución y la Ley sobre el #RR

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Las sentencias emitidas por distintos tribunales penales de los estados Carabobo, Bolívar y Aragua, y acatada horas después por las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), además de “paralizar” el referendo revocatorio “hasta nueva orden judicial”, atenta contra artículos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así como de las Normas que regulan los referendos revocatorios y hasta del Código Orgánico Procesal Penal.

Desde que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciara en marzo de este año que utilizarían el proceso refrendario como mecanismo para lograr un cambio de Gobierno, el CNE colocó distintas trabas que alargaron y obstaculizaron la realización del RR.

A continuación las claves para entender cómo fue violada la Constitución y la Ley:

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución, “un número no menor del 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción podrá convocar un referendo para revocar un mandato”. Es decir, deberá recogerse el 20% de manifestaciones de voluntad popular según la circunscripción del mandato que se quiera revocar. Al tratarse del Presidente, la recolección debe ser nacional y no por cada estado, como obligó a hacer el CNE.

2. Esto lo reafirma el artículo 8 de las Normas del revocatorio, el cual precisa que la recaudación del 1% de manifestaciones de voluntad (realizada en abril de este año) corresponde “a la funcionaria o funcionario cuyo mandato se solicita revocar“.

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3. Durante la fase de autenticación de las manifestaciones de voluntad, realizada en el mes de junio, el Poder Electoral habilitó solo 300 máquinas captahuellas para el proceso. Según el artículo 10, literal E, debe otorgarse una plataforma biométrica por cada 1.000 ciudadanos solicitantes.

4. En ese mismo artículo, pero en el literal F, se establece que al final de cada jornada de recolección, se firmará un acta en la cual se dejará constancia del número de ciudadanos asistentes que validaron su manifestación de voluntad. Sin embargo, a pesar de contar con los números, el CNE se tomó hasta el mes de agosto para informar si se había cumplido o no con la fase del 1%.

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5. Precisamente, al postergar el pronunciamiento sobre el 1% por más de un mes (desde el 24 de junio hasta el 1 de agosto), el CNE violó nuevamente el artículo 10 de la norma de los referendos revocatorios, que establece un plazo de 20 días hábiles contados desde el momento de culminación de las jornadas de recepción de voluntad. Según el plazo, el pronunciamiento debió hacerse a más tardar el viernes 22 de julio.

6. En los artículos 21 y 24 se fijan otros dos plazos: 15 días continuos desde el momento en que la MUD solicitó el inicio de la etapa de recolección del 20% (el 2 de agosto) para verificar que ese documento cuente con los requisitos necesarios, y 15 días hábiles para anunciar la fecha y los centros dispuestos para la jornada del 20%. Este pronunciamiento debió realizarse como máximo el viernes 9 de septiembre, pero el CNE lo postergó hasta el 21 de septiembre.

7. Las autoridades electorales no solo incumplieron con los plazos establecidos en los artículos 21 y 24, también le pasaron por encima a la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos y la Ley Orgánica del Poder Electoral, donde establece que el CNE debe actuar con la mayor celeridad posible y en defensa de los derechos políticos de los venezolanos.

8. El pasado 20 de octubre, diversos tribunales penales del país ordenaron suspender la jornada de recolección del 20% pautada para los días 26, 27 y 28. Según artículo 49 de la Constitución, “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”. Antes de ser emitidas las sentencias, los acusados, que también se desconocen, no fueron notificados ni tuvieron derecho a réplica. Así, violando el derecho al “debido proceso“, estos tribunales hicieron caso omiso a la Carta Magna.

9. Horas después, el CNE decidió acatar las sentencias y “paralizó” el referendo revocatorio. Esta acción atenta contra el artículo 333 constitucional, el cual establece que en caso de ser derogada la Carta Magna, “todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.




    • Juan J. Perozo P.

      El CNE ha actuado con pleno conocimiento de sus limitaciones y poderes, por lo cual, los rectores, deberían enfrentar una seria investigación y juicio, un a vez que se demuestren todos estos delitos. Es imperativo que casos como el de las violaciones al derecho que tenemos los venezolanos de escoger quienes nos gobiernan, sean llevados ante la ley, mas temprano que tarde y los o las responsables paguen con carcel (en recintos carcelarios adecuados para que cumplan sus penas seres humanos), que además de la pérdida de su libertad, carguen con el oprobio de esas condenas.