Postular candidatos a las alcaldías por iniciativa propia o mediante la constitución de grupos de electores significó una tarea titánica para las asociaciones vecinales de Baruta, El Hatillo y Chacao.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) solo habilitó el sistema automatizado de postulaciones por un día (30 de octubre) y dio un plazo de dos días más para consignar los recaudos exigidos ante las oficinas municipales electorales.
El breve lapso de tiempo jugó en contra de los vecinos en los tres municipios del estado Miranda, quienes debían escoger un abanderado por consenso y reunir el 5% de las firmas “del registro electoral correspondiente al ámbito territorial del cargo a elección popular”, como establece el artículo 53 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).
El proceso de verificación de firmas que establece el artículo 54 de la misma ley, tampoco fue aclarado por las autoridades electorales.
Esto llevó a la Asociación de Vecinos de Prados del Este (Baruta) a crear alianzas con el partido Puente para postular la candidatura a través de esta tarjeta política y así ahorrarse la recolección de las firmas. Pero no se logró un acuerdo con los otros aspirantes Francisco “Kiko” Bautista y el diputado de la AN, Alfonso Marquina, señaló la presidenta del consejo comunal e integrante de la asociación de vecinos, Kiomara Scovino.
“Todo esto ha sido muy apresurado y desde la red de organizaciones de vecinos de Baruta vimos la gravedad de la situación (por) la apatía de los electores; y como un mecanismo para aminorar el rechazo que tienen los partidos y los líderes conocidos, decidimos postular a alguien de la comunidad. Así que conversamos con los que sabíamos que se querían postularse, pero no entendieron la propuesta y como no buscábamos atomizar el voto en el municipio, decidimos no inscribir la candidatura que teníamos”, manifestó.
La dirigente comunitaria señaló que respaldarán finalmente al político Pedro Pablo Fernández por su gestión como concejal y lamentó que el CNE “obstruyera” el derecho a la participación.
“Este es un Gobierno que destaca en su discurso el poder del pueblo, la inclusión, la consulta, pero resulta que es al revés. A nosotros como red vecinal nunca nos han convocado para consultarnos nada y ni siquiera querían registrarnos como consejos comunales”, denunció.
En El Hatillo la incertidumbre se generalizó entre los vecinos. Para la tarde de este 1 de noviembre, último día de inscripción ante el CNE, el presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización La Boyera, Enrique Arencibia, no conocía con certeza el nombre de los candidatos que se disputarán la alcaldía.
“Hasta el momento no tenemos confirmada ni una inscripción. Sabemos que dos candidatos independientes estaban recogiendo firmas al igual que el dirigente Elías Sayegh (Primero Justicia), pero no tenemos seguridad de que se hayan inscrito”, declaró.
El vocero aseguró que convocarán una asamblea de la comunidad este miércoles 2 de octubre para conocer el nombre de los postulados y desarrollar estrategias que permitan lograr un consenso “porque los vecinos nos estamos dispuestos a perder nuestros espacios”, afirmó.
En opinión de Luis Zambrano, vecino de El Hatillo, el CNE “cercenó” los derechos de participación de asociaciones comunales.
La obstaculización de los derechos políticos es sancionadas en el Código Penal con cárcel, desde 15 días hasta 30 meses, pues la Constitución establece en su artículo 62 el derecho de los ciudadanos de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos.
“La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”, reza la norma.
En Chacao los vecinos sí lograron postular por iniciativa propia a Gustavo Duque, quien actualmente se desempeña como alcalde encargado luego de que se librara una orden de captura contra el dirigente Ramón Muchacho.
Sin embargo, el representante de la Asociación de Residentes y Propietarios de la Urbanización Altamira Norte, Raúl Monserrate, cuestionó las dificultades que el CNE impuso en el proceso.
“Fue cuesta arriba reunir las firmas sin reglas electorales claras. Tuvimos que esperar hasta el sábado a altas horas de la noche que el CNE publicara la planilla que exigen, para imprimirla y distribuirla”, expresó.