Análisis: Chavismo en crisis, chavismo en disputa

En horas de la noche del 30 de julio de este año, a pocos minutos de anunciarse resultados parciales de la elección de miembros de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, una fuerte protesta contra el parte oficial se desató a escasa distancia de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas. A primera vista no debería causar sorpresa. Durante el transcurso del día, tanto en la capital como en otras ciudades del país, fuerzas de seguridad del Estado habían chocado con manifestantes en violentos enfrentamientos que, al cerrar la noche, dejarían un saldo de diez muertos, lo que convirtió la jornada en la más sangrienta de casi cuatro meses ininterrumpidos de protesta callejera contra el gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, la manifestación de esa noche contra el anuncio oficial del CNE fue algo del todo excepcional.

En vez de ocurrir al este de la ciudad, en zonas plenamente identificadas con el antichavismo, la protesta se llevó a cabo en el oeste de Caracas, hogar de millones de personas agrupadas en densas barriadas, asentamientos y viviendas públicas y que por años habían constituido el eje central de apoyo al gobierno en la capital. Más aún, la protesta sucedió en el populoso barrio 23 de Enero, un conjunto de superbloques de medio siglo y de tomas de tierra ubicado en las proximidades del palacio presidencial de Miraflores.

Fue en «el 23» donde a finales de febrero de 1989 tanques y rifles del Ejército frenaron a punta de fuego un estallido popular contra ajustes económicos neoliberales, lo que dejó centenares de muertos en todo el país, y en el barrio, cicatrices aún visibles en hoyos de bala nunca del todo cubiertos. Fue aquí desde donde, en la madrugada del 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez lideró un fallido golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Diez años después, fue aquí desde donde, en abril de 2002, ante cercos mediáticos y fuerte represión en medio de otro golpe de Estado, miles de personas partieron para sitiar Miraflores y así contribuir a la restitución de Chávez en el poder. Fue aquí donde se dio inicio a las primeras «misiones» sociales chavistas, programas de redistribución de riqueza que iban a mejorar la calidad de vida de millones de personas previamente relegadas a la pobreza. Fue aquí donde, siempre rodeado de seguidores, Chávez ejerció el sufragio en las frecuentes elecciones que marcaron su estilo plebiscitario de gobierno, y en los resultados electorales el barrio figuró una y otra vez entre las tres zonas de mayor apoyo al chavismo en Caracas. Fue hacia aquí hacia donde olas de simpatizantes, periodistas e investigadores extranjeros se dirigieron, ansiosos por entender las bases más fieles del gobierno, y auparon así su fama de «bastión de la revolución». Y fue aquí donde, luego de su muerte en 2013, fueron a reposar los restos mortales de Chávez, en la sede del antiguo Museo Militar, en pleno corazón del 23 de Enero.

Por toda esta historia, la protesta del 30 de julio fue impactante. Pero no solo por eso. El descontento fue protagonizado por miembros de los llamados «colectivos», grupos de civiles armados con base en sectores populares urbanos y que en los últimos años han figurado como actores claves del chavismo, no pocas veces de manera contradictoria: según algunos, son organizaciones comunitarias que trabajan en favor de sus barrios; según otros, se trata de paramilitares controlados y dirigidos por el Estado; para otros más, son grupos anárquicos que azotan impunemente no solo a manifestantes opositores durante las marchas, sino también a sus propios vecinos, y que controlan a punta de terror y violencia el descontento popular que no termina de estallar en barrios populares pese a la crisis.

Ahora, ante la apabullante victoria oficialista del 30 de julio, cuando se eligió la Asamblea Constituyente, estos mismos colectivos cantaron fraude. Valentín Santana, líder de uno de los más antiguos y aguerridos colectivos de Venezuela –La Piedrita–, había sido postulado para la Constituyente en su circuito por una coalición de grupos de la zona, independientes del partido oficial y sus candidatos. Sus propuestas: lealtad absoluta a Chávez, su revolución y legado; poder total a las comunas; disolución de instituciones intermediarias; guerra sin cuartel al burocratismo; penas máximas a corruptos y traidores. Al finalizar la jornada, el CNE proclamó ganadora a una lista compuesta exclusivamente por candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), y así dejó fuera a Santana y a otros candidatos independientes con apoyo importante –50.000 votos– y otorgó todos los escaños al partido oficial. Denunciando fraude electoral y favoritismo del CNE hacia el Psuv, la protesta de esa noche amenazó con desconocer la Asamblea, o incluso con sabotear su instalación, de no aplicarse el método D’Hondt para incluir voces locales, críticas, independientes y, lo más importante, «fehacientemente revolucionarias» en la Asamblea.

El basurero de la historia

Protestas como esta dejan entrever una dinámica poco vista y menos aún entendida sobre el chavismo y sus tensiones y contradicciones internas. De hecho, manifestaciones de este tipo sufren una doble exclusión. Por una parte, la exclusión oficial, aquella que amasa poder y, por ende, el significado de lo que constituye el chavismo, en manos de la élite gubernamental y su control del aparato estatal. Por otra, la exclusión conceptual de la izquierda internacional, aquella que, al haber privilegiado una imagen del chavismo como movimiento vertical y homogéneo en sus momentos de auge, pasó por alto un sinfín de matices y zonas grises en lo más profundo de la Revolución Bolivariana. Hoy, en momentos de crisis, esos grises salen a relucir, pero sin referentes que permitan entender su impacto y relevancia en debates sobre Venezuela, nuevamente son dejados de lado. Así, todo matiz se disuelve en la medida en que Venezuela se convierte en línea divisoria para la izquierda latinoamericana, que dejaría al desnudo, de una vez por todas, los verdaderos compromisos políticos de cada quien: «o con la revolución o con el imperio».

Para algunos, basta con ver la magnitud de la crisis social y política y el grave deterioro de la situación día tras día para descalificar cualquier pretensión progresista por parte del gobierno de Maduro. Su ineptitud económica, su priorización de capitales foráneos, su represión cada vez más generalizada y sus maniobras para perpetuarse en el poder con cada vez menos apoyo popular constituyen una deriva contraria a cualquier principio básico de justicia social y democracia al que la izquierda apunte. Más aún, para esta visión, es el chavismo en general el que debe relegarse al basurero de la historia, ya que Maduro representa no una excepción sino la consumación del proyecto político de Chávez en sus vertientes autoritarias. Vertientes siempre a la vista, pero opacadas en su momento por metas sociales loables, amplio apoyo popular, una oposición golpista y mejoras tangibles sustentadas, no obstante, en un inédito boom petrolero que eventualmente colapsaría, llevándose consigo todo logro previo. Así, la condena irrestricta al chavismo, más allá de argumentos moralistas o ideológicos, es cuestión de supervivencia, necesaria para preservar una futura alternativa de izquierda real en la región ante la catástrofe venezolana.

Otros, aun sin negar la grave situación, concluyen lo opuesto. El compromiso revolucionario se mide precisamente en momentos de crisis, manifestando apoyo a un gobierno sin duda defectuoso pero que, aún así, representa la mejor opción de lucha social ante una oposición que, a pesar de su discurso en sentido contrario, no termina de sacudir su elitismo y sus propias tendencias antidemocráticas, apoyada por sectores de dentro y de fuera cuyo interés real lejos estaría del bienestar social y solo buscaría la acumulación de riquezas mediante políticas neoliberales. Que, incluso a estas alturas, el gobierno de Maduro mantenga niveles de apoyo muy por encima de otros en la región sugiere, si no demuestra, la profundidad del escepticismo popular ante una alternativa opositora, aun cuando ese escepticismo vaya poco a poco siendo reemplazado por desesperación a medida que la crisis empeora. Más aún: para este grupo, el contexto geopolítico actual de la región, en el que avanzan gobiernos de abierto corte neoliberal cuya propia legitimidad está en entredicho, exige solidaridad con lo que queda de la izquierda, por muy mínimo que sea. Lo contrario sería cederle el terreno a la «derecha de siempre», dentro y fuera de la región, con consecuencias mucho peores que las generadas por el actual gobierno, incluyendo la ahora abierta amenaza de intervención militar estadounidense, que recordaría los momentos más oscuros de la historia latinoamericana reciente.

Condena o solidaridad

Ante tales posiciones antagónicas, el punto de encuentro, no obstante, es el mismo: «basta de titubeos». El caso venezolano exige condena o solidaridad con su gobierno. El tiempo de matices se acabó. Pero son precisamente estos matices, de larga data y hoy acentuados, los que son revelados por protestas como la del 30 de julio en el 23 de Enero. Entender estas zonas grises, de abierto rechazo al gobierno pero sin llegar a pasar a la oposición tradicional, resulta clave para pensar cualquier transición política progresista más allá de un Estado ya del todo carcomido y desvirtuado incluso ante sus propios seguidores. En el corazón de estas protestas yacen duras batallas entre el gobierno y sus bases, que se remontan a la configuración y el desarrollo del chavismo como proyecto político y social, que no obstante fueron oscurecidas –y no sin razón– por la figura aglutinante de Chávez y el enorme aparato estatal que logró armar alrededor de su persona, y que permanecen invisibilizadas en la actual coyuntura de polarización.

De hecho, lo más sobresaliente de la protesta del 30 de julio no fue su carácter inédito, sino su cotidianidad. Si bien el 23 de Enero había fungido como bastión revolucionario, también había escenificado espectaculares y a veces violentas expresiones de rechazo al gobierno. En 2003, mucho antes de existir el término «colectivo», grupos de civiles armados se enfrentaron con la hoy difunta Policía Metropolitana (PM) ante la negativa de Chávez de disolver el organismo por décadas identificado por los habitantes del barrio como fuente de crimen, corrupción, violencia y represión, y en varios momentos como fuerza de choque de la oposición cuando esta gobernó la Alcaldía Mayor, hasta que fue disuelta en 2011. A finales de 2004, estos y otros grupos resolvieron expulsar a la PM del 23 de Enero en contra de la voluntad de Chávez, tomaron por la fuerza su módulo policial y, eventualmente, lo convirtieron en un centro comunitario. En 2007, en el marco de fuertes y violentas protestas estudiantiles desatadas por el cierre del Canal 2 de televisión opositor RCTV, colectivos del 23 de Enero protagonizaron duros enfrentamientos callejeros con los manifestantes, además de asediar la sede de otra televisora identificada con la oposición. Todo esto, y luego de fallidos intentos por negociar el abandono de sus armas, llegó a tal punto que Chávez mismo, fustigando a los «grupos anárquicos» del 23 de Enero, ordenó su persecución y disolución, lo que llevó a una de sus fichas claves, Valentín Santana, a la clandestinidad durante casi un año. Los colectivos perduraron bajo una tensa relación de reconocimiento mutuo mas no de subordinación, que se mantendría a lo largo de la presidencia de Chávez, con esporádicos roces y enfrentamientos.

Mientras una parte del 23 de Enero ejercía su identidad e independencia revolucionaria ante el Estado de manera violenta, rechazando sus titubeos y medidas a medias, otra se manifestaba de manera pacífica haciendo uso de las urnas para demostrar descontento con el verticalismo oficial. En la antesala de las elecciones locales de 2005, que incluían alcaldes y juntas parroquiales, organizaciones civiles del barrio rechazaron la imposición de candidatos chavistas a dedo por parte del Poder Ejecutivo. Frente a ello, resolvieron llevar a cabo de manera autónoma lo que serían las primeras elecciones primarias a escala parroquial en la historia de Venezuela. Una vez finalizado el voto, y de manera similar a lo que sucedería años después un 30 de julio con la Asamblea Constituyente, varios de esos grupos protestaron a las puertas del CNE contra las trabas impuestas a sus candidatos independientes, así como contra el favoritismo del organismo hacia partidos oficiales durante la campaña. Meses después, una vez instalado el alcalde chavista, estos mismos grupos rechazaron la designación de un jefe civil –para ese entonces, la máxima autoridad local– ajeno al barrio e instalaron en su lugar a un conocido luchador social del 23 de Enero. Como estos ejemplos, muchos más, pero quizás ninguno tan impactante como el de diciembre de 2015, cuando los habitantes del «barrio revolucionario», sede de los más aguerridos colectivos de Venezuela, votaron mayoritariamente por la oposición en elecciones parlamentarias, en medio de una importante abstención local en rechazo al madurismo.

Más allá del chavismo crítico

Resulta difícil, si no imposible, situar estas expresiones de descontento popular, proveniente de bases imaginadas irrestrictamente afines al gobierno, dentro del análisis de la crisis venezolana vista desde afuera. Estas expresiones existen más allá del llamado «chavismo crítico», compuesto en su mayoría por intelectuales y profesionales de izquierda, y de una oposición que, en líneas generales, ha hecho poco esfuerzo por entenderlas. Ocupan en cambio un punto ciego, producto de visiones homogéneas del chavismo y sus bases que hoy explican la ausencia de causa común entre los sectores populares y una oposición diversa y heterogénea en clave de dependencia, temor o falta de sofisticación política popular. Lo cierto es que no deberían sorprender expresiones de apoyo y rechazo simultáneo. En barrios como el 23 de Enero, el «chavismo crítico» no es novedad, sino práctica común de larga data, cuyo resultado ha sido una dinámica de repliegue hacia las comunidades en momentos de crisis y crítica, y de acercamiento hacia el gobierno en momentos de abundancia y acuerdo.

Esta dinámica no es ilimitada ni implica en lo absoluto un cheque en blanco al gobierno, pero sí ha demostrado ser notablemente elástica en momentos en que Venezuela atraviesa su peor crisis en décadas. Lidiar con sus fuentes permite una visión más matizada, y por eso de mayor impacto crítico, sobre el drama venezolano. Tal visión comienza por entender que, en sus bases más comprometidas, el chavismo siempre significó un ejercicio de coincidencias y desencuentros con el Estado y con dictámenes ejecutivos, por razones tanto prácticas como ideológicas. Las prácticas no son difíciles de imaginar. En el caso del 23 de Enero, precisamente por su cercanía geográfica y política con el gobierno, habitantes del barrio han sido testigos y protagonistas de primera fila de lo mejor y lo peor del chavismo. Muchos de los experimentos insignia del chavismo para definir un sistema político más comprometido con sectores previamente excluidos (desde las misiones y comités de tierras urbanas hasta las más recientes comunas tuvieron sus inicios en lugares como el 23 de Enero) generaron en esta zona de Caracas no solo expectativas sino mejoras concretas y, además, oportunidades de participación. Pero, por eso mismo, sus fallas –sobre todo, la ineficiencia y la corrupción– estaban siempre a la vista y creaban brechas entre visión y ejecución que fueron creciendo a través del tiempo.

No obstante, en la medida en que el ideal participativo y protagónico de la Constitución de 1999 servía de herramienta para ejercer contraloría social, denunciar abusos o, en algunos casos, tomar en sus propias manos control de sus espacios, las brechas resultaban manejables. Lo importante, más allá de la ejecución, resultaba la voluntad y visión por parte del Estado, y en particular del Ejecutivo, para atender las expectativas de mejora y de participación de estos sectores previamente excluidos, aun cuando por momentos fuese necesario ejercer presión para lograrlo. Pero aquí precisamente habría de surgir la mayor fuente de desencuentro, contradicción y tensión en el interior de las bases. Mientras la corrupción y la ineficiencia crecían, entre aquellos mejor situados para ver y vivir sus efectos se percibían más como un problema de compromiso político que de ejecución. Y no solo respecto de la burocracia oficial, sino de los propios vecinos y compañeros que, al mejorar su calidad de vida, pasaban por alto las crecientes fallas del aparato estatal y dejaban a un lado la lucha por cambios sustanciales, estructurales y «revolucionarios». Así, fue gestándose un choque entre la misma Constitución de 1999 y la realidad de una sociedad marcada por el rentismo, en la cual la capacidad de participar continuaba estando determinada por estructuras de clase, lo que favorecía a sectores pudientes más que a los populares.

Preguntas y contradicciones

Más y más, entre grupos con experiencia de organización social en zonas como el 23 de Enero –una experiencia que precedía en mucho a Chávez, ya que estos grupos se habían concientizado en la justicia social revolucionaria ante las exclusiones, primero de la socialdemocracia surgida del Pacto del Punto Fijo (1958) y luego de su repentino y violento giro neoliberal–, surgían difíciles preguntas: ¿es suficiente apelar a la participación y al protagonismo para transformar Venezuela? ¿Está preparado el grueso del chavismo para ello? Si la revolución es nuestra meta, tal y como Chávez mismo lo articulaba, ¿son los principios del pluralismo y la tolerancia enmarcados en la Constitución de 1999 barreras, especialmente ante una oposición desleal, pero con legitimidad internacional y poder económico local? Para cuando Chávez comenzó a articular estos interrogantes en 2005, en el marco de lo que se llamó «socialismo del siglo XXI», ya estaban en marcha crecientes contradicciones en el corazón del chavismo: por una parte, una corriente socialista, que apelaba a valores antiindividualistas y anticonsumistas, abandonaba las pretensiones pluralistas, excluía a quienes se interponían en la vía del «cambio profundo» y visualizaba de manera creciente la Constitución de 1999 como un documento limitante; por la otra, una política más y más redistributiva, necesaria para mantener votos del chavista transaccional, lo que alimentaba el consumismo rentista y mitigaba cualquier impulso revolucionario, tanto en el ámbito social como político.

Estas tensiones sobre el significado mismo del chavismo habrían de llevar a la fallida enmienda constitucional de 2007, la mayor derrota electoral sufrida por Chávez durante su presidencia. Pero en vez de decidir entre una y otra, Chávez intensificó sus roces, toda vez que el auge petrolero profundizaba el consumismo mediante la distribución directa e indirecta de rentas, al mismo tiempo que avanzaban experimentos de corte «socialista» en las esferas de producción (nacionalizaciones) y organización del aparato estatal (comunas). Transitaban así dos chavismos paralelos, uno anclado en la Constitución de 1999, que promovía el protagonismo a punta de redistribución de recursos para continuar legitimándose en las urnas; otro en gestación, pero que apuntaba más y más a un futuro de corte socialista, con visiones excluyentes hacia las corrientes contrarias y cuya meta era cambiar no solo la manera de operar del Estado sino, además, su forma y composición. Más aún, mientras el auge petrolero permitía mantener ambas corrientes en curso e incluso profundizarlas, el clivaje entre la una y la otra crecía. Por eso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente por parte de Maduro obedece, en principio, a una dinámica de antigua y creciente contradicción en el seno del chavismo que, tarde o temprano, rebasaría sus cauces. En principio, apela a sectores del movimiento que ya años atrás habían llegado a ver la Constitución de 1999 como camisa de fuerza en lugar de herramienta para llevar a cabo un programa revolucionario. De hecho, fue en estos sectores donde más entusiasmo suscitó la convocatoria: comunas, colectivos, consejos comunales.

Pero esto sucede, claro está, en condiciones no solo adversas, sino contraproducentes. Sucede no como la victoria de una corriente sobre la otra, sino por default, a medida que la crisis imposibilita mantener ambas en su cauce, y en particular, aquella que proveía al gobierno de legitimidad electoral. Sucede no por compromiso entre élites chavistas y proyecto revolucionario, sino por las necesidades de supervivencia en el poder, en momentos en que la ineficiencia y la corrupción, siempre a la vista para las bases más cercanas al gobierno, no pueden pensarse como problemas de ejecución sino como hechos estructurales. No obstante, sucede. Y ante la posibilidad de hacer valer aquellas propuestas de cambio radical, sectores de izquierda de base participaron de la convocatoria de Maduro, en medio de una guerra de poderes entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional de mayoría opositora y de masivas movilizaciones antigubernamentales hoy en declive.

Pero, visto desde las bases, quedó en evidencia la manipulación de votos del CNE y la exclusión de voces que por años han mantenido severas críticas al aparato estatal sin a su vez optar por una oposición. Mientras tanto, en el 23 de Enero, como en el resto del país, la crisis se vuelve más y más severa. Pero no solo por sus efectos puntuales, sino por lo que el proceso constituyente ha revelado sobre la falta de compromiso revolucionario de las élites chavistas. De modo que sectores del chavismo de base apelan a su rebeldía y su larga experiencia de crítica y protesta ante el Estado y ante sus oponentes, con la esperanza de que su reclamo sea visto y entendido adentro y afuera, para que sobre eso, quizás, pueda surgir una nueva alternativa de izquierda para Venezuela.

Publicado en la revista Nueva Sociedad. Reproducido con autorización.

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Las opiniones expresadas en esta sección son de la entera responsabilidad de sus autores.

  • LUIS

    ahora hay chavismo sin chavez,,,,y madurismo con maduro,,, el madurismo esta acabando todo o que dejo chavez,, la constitución bolivariana la secuestro y la pisoteo,,violando el legado dejado por chavez,,,,,,,,el madurismo es la plaga mas satanica que a gobernado a venezuela,, esta acabando todo,,,la corrupción y la choro burocarcia tiranica la esta ahogando,, el pueblo en un 80% no acepta esa
    comunista socialista practica politica adminisrada por nicola maduro,,,,,,,,,,,,,se sostiene en el poder por la fanb y los fraude electorales,,,
    secuestro del voto,,,,,, el pueblo chavista ya es muy poco el que queda,,,,,,,se a dado cuenta que nicolas le esta acabando lo que les dejo chavez,,,,,,,,como los mercales,,, los pedevales,,, el dolar preferencial para alimentos y medicamentos,,,,,,,el revocatorio que fue un legado de chavez tambien lo elimino,,,el bolivar fuerte de 1 y 2 ceros que fue otro legado de chavez tambien lo elimino y por eso la infalción y la devaluación esta azotando a los chavistas y no chavistas,,,hasta los maduristas tambien estan llevando golpez de la tiranía salvaje del hambre,, la pobreza,,, las enfermedades,,,la miseria ,, los altos costos de la vida y la escasez de alimentos y medicamentos,,,,,,,,,

    nicolas maduro moros acabo todo dentro de 6 mese mas mayo 2018 venezuela sera ingoberanble donde la devaluació y la inflación le devorará el salario al pueblo,,,,,,lo que viene es mas miseria,, hambre y enfermedades,,,,,,la pobreza del comunismo socialista de nicolas,,