Acceso a la Justicia: Venezuela es una dictadura moderna con algunos espacios democráticos - Efecto Cocuyo

Acceso a la Justicia: Venezuela es una dictadura moderna con algunos espacios democráticos

Venezuela vive una dictadura moderna. Así lo afirmó la abogada y directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, durante la actualización del informe “El camino a la dictadura“, este 17 de julio, en el cual alertó que la pérdida de la democracia inició desde la persecución al Parlamento Nacional.

“El caso de Venezuela es complejo, es una dictadura moderna (…) se tienen todos los elementos. No es tan obvio, pero al final es una dictadura con algunos espacios democráticos”, dijo Louza.

El caso venezolano se diferencia de otros modelos autoritarios y militaristas, como el de Jorge Videla -junto a otros generales- en la última dictadura de Argentina (1976-1983) o de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), porque quienes sostienen el poder llegaron por vía democrática y no por golpes de Estado.

Pero los gobiernos en el periodo Hugo Chávez y Nicolás Maduro (1999-2019) han mutado de democráticos a un Estado autoritario que podría llegar a totalitario si se fracturan los espacios de libertad que restan.

“Fuimos pasando a un estado híbrido. Una dictadura básicamente tiene como característica que no exista parlamento. (En Venezuela) eso es una realidad, porque a pesar de que (el Parlamento) sesiona, no se toman decisiones (…) de una democracia pasamos a un régimen que puede llegar a ser totalitario”, explicó la directora de Acceso a la Justicia.

Ejemplos como las dictaduras en Uruguay (1973-1985), además de Chile y Argentina, la disolución del Parlamento cumplió un mismo patrón. El caso venezolano es igual, pero en vez de disolver la Asamblea Nacional -aunque lo hicieron por un lapso breve con las sentencias 155 y 156 del TSJ en 2017, que luego fueron revocadas- la anularon y desde su elección en 2015 no ha ejercido el poder jurídico que le corresponde.

“El Tribunal creó un método de que no sea posible salir del desacato (que ha imposibilitado al Parlamento ejercer funciones) (…) el Estado fingió revocar las sentencias 155 y 156, pero se mantenían vigentes al igual que el desacato”.

El deterioro de la democracia, que cobró mayor fuerza desde la derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias de 2015, ha llevado a Venezuela a ser un Estado con poderes de hecho, más no de derecho, porque son inconstitucionales e ilegítimos, a excepción de la Asamblea.

Louza explicó que desde 2015 ocurrió un golpe de Estado perpetrado por el propio Gobierno. En total han sido 100 sentencias (2015-2019) del TSJ contra el Parlamento para anular sus funciones.

En 2016 el TSJ empezó su protagonismo en el escenario político al inhabilitar a la Asamblea al acusarla de estar en desacato por presuntas irregularidades en las elecciones parlamentarias en Amazonas, que hasta este año (2019) no han sido aclaradas.

En 2017, además de usurpar funciones de Legislativo, el TSJ aprueba los comicios sin referéndum para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y destituye a la Fiscal general. También se convoca a elecciones de gobernadores y alcaldes, que Louza calificó de falta de garantías democráticas.

Mientras que en 2018 la ANC convocó elecciones presidenciales también sin garantías democráticas, al inhabilitar los partidos políticos y ser convocadas por este órgano. Además de la elección de concejales con las mismas condiciones.

Este 2019 ha estado marcado por una persecución contra los miembros del Parlamento. Desde la designación de Juan Guaidó como presidente encargado, por la ausencia de elecciones presidenciales, el TSJ se ha encargado anular los intentos del poder Legislativo de recobrar la democracia, explicó la abogada.

“Comienza una persecución contra los diputados de la Asamblea. En total hemos contabilizado 21 diputados que han sido enjuiciados con solicitud de allanamiento”, dijo Louza.

Además, aseguró que el Gobierno pretendió dar pasos positivos con el ingreso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reconocer la crisis humanitaria -sin responsabilizarse-. Pero luego del informe de Michelle Bachelet empeoró el escenario.

“El Gobierno da un paso adelante al reconocer que están en crisis y está negociando. Pero después da dos para atrás luego del informe de Bachelet y el asesinato del capitán Acosta Arévalo”, afirmó la directora de Acceso a la Justicia.

Toma absoluta del poder

El gobierno va en una carrera hacia la obtención absoluta del poder, estimó Alí Daniels, también director de esta organización, durante la presentación del informe. Afirmó que una transición política solo pasará por unas elecciones con garantías democráticas.

“Ha habido una violación deliberada por la toma absoluta del poder y hemos llegado a un estado de hecho (…) hasta que no haya garantías de una elecciones libres no habrá una transición política”, expresó.

Daniels, para contextualizar el caso venezolano, explicó que el país atraviesa una emergencia humanitaria compleja, que se sucede cuando existe ausencia del Estado para satisfacer las necesidades de la población. Esta emergencia cuenta con características similares a países en guerra, pero sobre Venezuela aún no cae la primera bomba.

“Cuando hay una emergencia humanitaria compleja se requieren varias agencias de Naciones Unidas para resolver el problema (…) es un problema que lleva años”.

Sin embargo, el abogado afirmó que las soluciones a las emergencias humanitarias no pasan por soluciones humanitarias, sino políticas, que son las que originan el colapso. O sea, con solo entrega de ayuda humanitaria Venezuela no saldrá de esta situación.

Además, señaló que el desconocimiento de la crisis, junto a la restricción de la ayuda humanitaria por parte del Gobierno, “representa un crimen de lesa humanidad”.

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Fotos: Mairet Chourio.

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