Un día después de la asunción de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos de América, el mundo fue testigo de cientos de manifestaciones en diferentes ciudades, principalmente en la ciudad de Washington, D.C. Según algunos cálculos de la prensa norteamericana, la marcha en la capital contó con mayor participación que el acto mismo de juramentación del nuevo mandatario.
Aunque las marchas se convirtieron en actos masivos y cívicos de repudio a todo lo que representa Trump, particularmente sus posiciones en relación a las minorías, la inmigración, la diversidad sexual, entre otras, ellas fueron convocadas y mayoritariamente atendidas por mujeres organizadas para protestar y declarar ante la nueva administración su voluntad de velar por sus derechos, particularmente sus derechos sexuales y reproductivos.
Pero ¿por qué las mujeres norteamericanas y de otras partes del mundo piensan que Trump puede tomar medidas en su contra? A primera vista, es lógico pensar que el repudio colectivo de mujeres hacia el presidente está alimentado por sus ampliamente conocidas posiciones y comentarios misóginos y discriminatorios. Y es que no podemos olvidar que tras la difusión del video donde apareció haciendo comentarios sexistas y alardeando de su condición de celebridad para abusar de mujeres, se desató un verdadero tsunami político que casi le cuesta su llegada a la Casa Blanca. Pero hay más razones. Tradicionalmente, los gobiernos republicanos como el de Trump, en gran medida debido a su estrecha relación con grupos ultraconservadores, se han mostrado tibios en relación a la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
Ello también se debe en parte a que estos temas son considerados como componentes de una agenda social liberal que es mal vista por amplios sectores conservadores y de base profundamente religiosa. Un asunto de importancia central, fuente de los más cruentos debates, es el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva, con particular énfasis en el aborto, el cual aún siendo legal en los Estados Unidos, es vehementemente rechazado por una importante proporción de la población y de la nómina del partido republicano.
Por ello, numerosos grupos de mujeres, a título individual y de manera organizada, observan en la administración Trump una amenaza de reducir o eliminar políticas, programas y fondos federales en materia de aborto, pero también en programas de salud sexual y reproductiva (que provee insumos como anticonceptivos y condones a precios asequibles a personas de escasos recursos en Estados Unidos y alrededor del mundo), en violencia contra la mujer, y en general en materia de igualdad de oportunidades para mujeres y niñas.
Una de las tareas que espera a la nueva administración Trump será llenar la vacante existente en la Corte Suprema, actualmente dividida ideológicamente entre conservadores y liberales. Se espera que la vacante sea ocupada por un juez o jueza de tendencia conservadora cuyo voto otorgue la ventaja de 5 a 4 sobre los liberales. Ello pudiera significar que decisiones fundamentales, particularmente Roe vs Wade, que hace legal y constitucional el aborto, puedan ser revertidas, algo que como candidato prometió Trump en uno de los debates presidenciales. Uno de sus nominados a la Corte Suprema, el juez William Pryor, visto como uno de los favoritos a ocupar la vacante, ha declarado en el pasado que Roe vs Wade es la “peor aberración en derecho constitucional” de la historia de su país.
Tan sólo dos días después de las multitudinarias marchas, las amenazas por las cuales salieron a las calles las mujeres se materializaron cuando el presidente reinstauró, como una de sus primeras acciones, la llamada “Mexico City Policy” también conocida como “global gag rule.” Esta política impide la utilización de fondos federales para financiar ONGs extranjeras que promuevan o presten servicios relacionados con el aborto. Su aplicación afectará seriamente programas en materia de salud sexual y reproductiva y planificación familiar en todo el mundo, tomando en cuenta que los Estados Unidos es uno de los mayores contribuyentes de fondos para estos programas, además de ser uno de los países que adquiere y distribuye la mayor cantidad de anticonceptivos a nivel global.
Se esperan también recortes significativos en programas directamente relacionados con temas de mujeres, tanto en casa como en el exterior. Según un reportaje de The New York Times publicado el pasado mes de diciembre, el equipo de transición del entonces presidente electo solicitó al Departamento de Estado rendir detalles sobre programas, actividades, cargos y presupuestos en materia de igualdad de género, solicitud que también habría sido hecha a la agencia de cooperación de Estados Unidos, USAID. Más recientemente, medios locales reportan que la nueva administración eliminará la Oficina de Violencia contra la Mujer, la cual administra fondos dirigidos a servicios para víctimas de violencia sexual y asistencia legal a víctimas de acoso y violencia doméstica y en el noviazgo, entre otros.
Si bien durante la campaña electoral Trump se mostró en ocasiones errático, incluyendo, en temas de interés para las mujeres, sus primeras acciones de gobierno han cumplido con la línea dura prometida. No hay indicios todavía que demuestren que el tono general de su gobierno en relación a asuntos de género pueda ser diferente. Tocará esperar la actuación de otros miembros de la administración, como el nuevo Secretario de Estado, Rex Tillerson, quien en calidad de CEO de Exxon mostró cierta apertura a los temas de género, o la nueva embajadora ante las Naciones Unidas, Nikky Haley quien, a pesar de estar en contra del aborto, se ha mostrado favorable a asuntos como empoderamiento y participación femenina, y ver si logran moderar algunas acciones de gobierno con potenciales consecuencias negativas para mujeres y niñas en Estados Unidos y en todo el mundo.
@kislingerluisa
Foto: AP