¿Qué nos dicen las muertes por arma de fuego? Las lógicas de la violencia armada

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José Luis Fernández-Shaw

Sociólogo, Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN.

Desde la década de los 90 el país experimenta un incremento significativo de las defunciones ocasionadas por las armas de fuego. La violencia en Venezuela medida a partir del indicador “tasa de muertes por arma de fuego”, pasó de niveles inferiores a las 10 muertes por 100.000 habitantes a tasas que fluctúan en torno a las 50 defunciones por 100. 000 habitantes en los años recientes.

Estas tasas nacionales constituyen una primera visión; una panorámica general del fenómeno. Supone que todas las defunciones son equivalentes, comparables. Y en efecto lo son en aquello que tienen en común: fueron el resultado de un disparo de arma de fuego.

Sin embargo, quedarnos en esta primera mirada constituye una simplificación del fenómeno; pareciera que lo único relevante es el incremento constante de la violencia. Esta visión unidimensional (en más de una ocasión sobreestimada por investigadores y medios) sugiere como respuestas el atrincheramiento en las zonas controlables de la ciudad y el incremento del despliegue policial y militar, cargado de un componente de represión ilegítima, lo cual en muchas ocasiones resulta en la masiva violación de derechos humanos sobre todo en zonas populares.

Frente a esta visión, nos proponemos forjar un enfoque más complejo, que apunta a evidenciar lo variopinto de la violencia, sus detonantes y condicionantes, en sus múltiples contextos. Buscamos así contribuir con evidencias en la definición de políticas específicas que atiendan las diferentes manifestaciones de la violencia armada, con la esperanza de una mayor justicia y eficacia que las respuestas indiferenciadas.

Desde la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), hemos adelantado una investigación –aún en curso- sobre los diferentes contextos locales y distintas expresiones de la violencia. Para ello hemos recurrido al estudio de las muertes ocasionadas por armas de fuego registradas en las estadísticas sanitarias elaboradas a partir de los certificados de defunción, requisito obligatorio para todas las muertes ocurridas en el país.

Tal vez ya no sorprenda a algunos que la más elevada tasa de muertes por armas de fuego del país (179.39 por 100.000 habitantes), según los datos más recientes procesados (2013), se encuentra en el Municipio Acevedo, Zona de Barlovento, Estado Miranda. Área en la cual en noviembre pasado, seguido del operativo militar Operación de Liberación del Pueblo, OLP, se hallaron cadáveres de jóvenes campesinos en fosas, lo cual desencadenó la detención de varios funcionarios militares que incursionaron en la zona.

Más allá de la detección temprana de dinámicas locales como la precedente, la visualización y comparación de las magnitudes de la violencia a nivel local nos devela el carácter heterogéneo de la misma.

¿Es comparable el caso anterior –Barlovento- con el caso del Municipio La Ceiba, en el Sur del Lago de Maracaibo, cuya tasa de muertes por armas de fuego es 131.80 por 100.000 habitantes ¿O con el Municipio Sucre (Petare), zona de amplias barriadas urbanas, con una tasa de 102.21? ¿O con el Municipio Ezequiel Zamora (Punta de Mata) en el estado Monagas, zona petrolera, cuya tasa asciende a 129.25?

La investigación pretende evidenciar que, más allá del elemento común a todas estas muertes –como es la presencia de armas de fuego- estas ocurren en contextos muy diferentes que permiten inferir lógicas distintas que concurren en estos hechos; unos contextos son rurales, otros urbanos; en unos se desarrollan economías ilícitas; en otros, las mercancías lícitas son copadas de manera ilícita; y en todas estas se presentan actores armados muy heterogéneos, con niveles muy distintos de organización.

¿Puede una política de seguridad basada solamente en una visión general del problema ser efectiva en la reducción de un fenómeno que, como comenzamos a vislumbrar, tiene razones, manifestaciones y expresiones distintas en los diferentes territorios o ámbitos?

Parecería entonces razonable suponer que el diseño de políticas de seguridad ciudadana, si pretenden ser efectivas más que efectistas, deben necesariamente tomar en cuenta las especificidades de contextos locales, dentro de una política integral que fuese capaz de engranar coherentemente unos principios universales, como el debido respeto a los derechos humanos y en este sentido, el inviolable derecho a la vida, el énfasis en la prevención por sobre la represión, el control de armas y municiones, entre otros, con las diferentes manifestaciones de la violencia a nivel local.

Tal tipo de diseño ameritaría la conjunción tanto de los tres niveles de gobierno como la participación de las diferentes comunidades involucradas y el fortalecimiento de la inteligencia policial focalizada en lugar de la represión militarizada y masiva. ¿Será posible concertar en torno a este tema?

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Foto: La Guarimba