Legitimidades en peligro

Miguel Ángel Latouche | @miglatouche

Internacionalista. Director de la Escuela de Comunicación Social - UCV. Doctor en Ciencias Políticas. Profesor en la Universidad Central de Venezuela. Consultor.

La República de Weimar (Alemania 1919- 1923) es considerada como un arquetipo a partir del cual se tipifica una situación en la cual una facción, buscando garantizar sus intereses particulares, actúa dentro de los parámetros de la institucionalidad democrática a los efectos de apropiarse del poder y ejercerlo en su propio beneficio destruyendo, precisamente, la institucionalidad que le permitió llegar al poder en primera instancia.

Esa situación marca una diferencia entre la legitimidad de origen y la de desempeño. La primera está referida a aquello que le proporciona a un grupo político la posibilidad de llegar al poder por medios legales universalmente aceptables, los cuales generan la convicción de que quienes ejercen el poder tienen el derecho a hacerlo y lo hacen legalmente. En democracia la legitimidad de origen está referida al acto electoral, de manera que quienes obtienen la mayoría tendrán el derecho de gobernar sobre la totalidad de la población.

Es interesante destacar varias cosas acá: Bajo este principio se entiende que quienes llegan al poder lo hacen mediante la Regla de la Mayoría, de allí la importancia de que los comicios sean percibidos como transparentes, que la contabilización de los votos refleje la voluntad de los electores fielmente y que el árbitro actúe de manera imparcial; sin dejarse presionar por, o responder a, intereses políticos particulares. Además, se entiende que una vez que alguien se ha investido de la Soberanía Popular pasa a gobernar sobre la totalidad de la población y a representar los intereses diversos que se juegan en una sociedad en un momento determinado.

La legitimidad de desempeño, por otro lado, tiene que ver con la manera como el gobierno funciona y su capacidad para dar respuesta a las demandas que se plantean dentro de la actividad del Sistema Político. El gobierno es un ente ordenador. Debe recordarse, con Hobbes, que nuestra primera transacción es aquella mediante la cual nos despojamos de nuestra libertad natural para limitarla a favor que incrementar nuestros niveles de seguridad.

Pero, además, debemos considerar que en nuestras modernas sociedades de masa, el gobierno debe garantizar algunos asuntos: la construcción de un ámbito institucional con el funcionamiento pleno del Estado de Derecho y la división de los poderes públicos, la construcción de oportunidades para la realización autonómica de los sujetos que conforman la sociedad, el incremento en los niveles de bienestar de la población y una distribución más o menos justa de los costos y los beneficios asociados con la convivencia colectiva.

Así, no basta con haber sido electo mediante un acto electoral más o menos adecuado; es necesario que el gobierno funcione y que lo haga bien, que se produzca la percepción en la mayoría de la población de que se ejerce el poder de acuerdo al mandato que el gobierno ha recibido de sus electores y que la acción gubernamental se circunscribe a aquello que le ha sido requerido por la gente. Entendemos que cuando el gobierno excede los términos de su relación contractual con la población está, por definición, usurpando el ejercicio del poder. Lo mismo sucede cuando utiliza el poder para el beneficio de sus correligionarios políticos o cuando excluye a una parte de la población, por ejemplo no dejándoles marchar, no permitiéndoles, expresamente, acceder a ciertos beneficios, descalificándolos, persiguiéndolos por sus creencias políticas o de otro tipo, negándoles el disfrute pleno de sus derechos o restringiéndoles el acceso a ciertos bienes, servicios o información. El gobierno tiene la responsabilidad de tratar en plano de igualdad a la totalidad de la población.

Cuando lo anterior no sucede es evidente que se marca una tendencia en la cual quienes ejercen el poder, tienden a perder el apoyo de la población, se reduce la confianza en la gestión y se generan crisis de gobernabilidad asociadas a la reducción de la legitimidad de desempeño que requieren de un cambio de rumbo o un cambio de gobierno. La mejor manera de resolver situaciones de crisis de este tipo está referida a la apelación a salidas institucionales establecidas en el ordenamiento jurídico.

Cuando se colocan trabas excesivas a la construcción de soluciones políticas a las crisis de legitimidad se produce un cambio en la naturaleza del gobierno que pudieran moverlo fuera del ámbito de funcionamiento de la democracia y que pudiera afectar la gobernabilidad, generando inestabilidad o reduciendo su carácter democrático. En el segundo caso estaríamos en presencia de una situación paradójica similar a la que vivió Alemania a principios del siglo pasado cuando el Nazismo se apropió de la vida pública de ese país utilizando en su beneficio la vía electoral. Hay que tener cuidado con las tentaciones.

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