La consulta popular: entre lo jurídico y lo político

Tadeo Arrieche Franco | @arriechet

Abogado (UCV 2001). Profesor de Derechos Reales en la Escuela de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana (UNIMET). Fue miembro de la Comisión de Acuerdos Programáticos (Políticas Públicas) de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) entre los años 2009 y 2010.

El preámbulo de la consulta popular estuvo sometido a la necesidad de escrutar su validez desde el punto de vista jurídico. Esa duda era descartable desde el inicio por estar fundamentada en los artículos 5 y 70 de la Constitución, al tratarse la consulta popular de un mecanismo de expresión política de los ciudadanos y cuya participación constituye aspecto de la soberanía que le pertenece para intervenir en los asuntos públicos del país, entre ellos, definir el tipo de pacto social que los rige.

La convocatoria a la consulta popular es constitucional y más transparente que el llamado al proceso constituyente, visto que éste último es violatorio del mismo artículo 5 constitucional y del artículo 347 de la Carta Magna, al no permitir que los ciudadanos se expresaran sobre la posibilidad de cambiar la Constitución que en el fondo lo que busca es la transformación del Estado. La iniciativa de la convocatoria no corresponde a un funcionario público así sea el Presidente del República, sino a los ciudadanos en conjunto sobre quienes reposa la soberanía y ese hecho ya señala la opacidad de ese proceso.

A la luz de esa diatriba jurídica y las interpretaciones acomodaticias para atacar la consulta popular, ese evento se llevó a cabo el domingo 16 de Julio de 2017 con la participación de más de 7 millones de venezolanos ubicados en territorio nacional y extranjero que otorgaron una convincente respuesta a la pretensión del cambio constitucional, rechazando su convocatoria, solicitando la implementación de mecanismos constitucionales para el correcto funcionamiento de los poderes públicos y la generación de un espectro electoral fundamentado en los principios electorales básicos de voto directo, universal y secreto para elegir a sus gobernantes.

Esa expresión ciudadana amparada en la consulta popular como herramienta constitucional que plasma la soberanía que recae en los ciudadanos, no necesita mayor soporte legal. Está allí y es una realidad.

Hoy esa masiva participación constituye un hecho político de carácter legítimo y por lo tanto es un mandato para su principal convocante que es la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional, por supuesto, tiene un asidero jurídico para sus actuaciones y su posición política fue dada por el evento electoral de 6 de Diciembre de 2015, condición que se pretende desconocer mediante decisiones judiciales que contienen exageradas interpretaciones a la Constitución.

Nuevamente la Asamblea Nacional recibe un apoyo popular y tiene la obligación de buscar respuestas a la crisis política del país cubiertas de la legitimidad política que le otorga el mandato de la consulta popular.

En esa circunstancia la Asamblea Nacional tiene el mandato político para representar al sector democrático del país y presionar una negociación política que implique la reflexión de todos los sectores del país para la suspensión del proceso constituyente, la recuperación de las funciones propias en el ámbito legislativo y contralor de la Asamblea Nacional, la corrección de las funciones de los Poderes Públicos y el llamado a las elecciones que implique la renovación de los gobernantes en los diferentes niveles. Todo esto es constitucional.

Esta voluntad de parte de los ciudadanos venezolanos busca igualmente un reconocimiento del contexto internacional, en especial de los gobiernos latinoamericanos que en algunos casos con tardanza o duda analizan la realidad venezolana sin ponderar los agravios que sufren quienes piensan diferente a los que ejercen el poder, simplemente por solicitar el respeto de sus derechos y pretender una vía electoral constitucional para dirimir los conflictos.

Ese sector importante de venezolanos, demandamos y respaldamos a la Asamblea Nacional para que señale el restablecimiento del orden constitucional obligante para todos los sectores de la vida nacional incluyendo el Poder Ejecutivo, sea por la vía de la negociación política sin dejar de lado la protesta por nuestros derechos, hasta que se convenzan de la necesidad del cambio político.