La Consulta Popular del #16Jul en contexto

María Pilar García-Guadilla

Socióloga-urbanista e investigadora Universidad Simón Bolívar. Activista en los movimientos sociales.

Quizás el logro principal de la Constitución Bolivariana de 1999 fue el haber incorporado las demandas por la democratización de la democracia largamente anheladas por la sociedad civil, el Pueblo, las organizaciones y los movimientos sociales, términos éstos que designan una condición de ciudadanía.

En la Constitución de 1961, donde se institucionalizó la democracia representativa, se sacrificó la participación en aras de la estabilidad política cerrándose la posibilidad de hacerle frente a la corrupción y a la deslegitimación de la élite política (partidos y gobierno por igual), dado que no se abrió el espacio político a las nuevas ciudadanías que fueron emergiendo. Estos nuevos ciudadanos se movilizaron en defensa de la democracia participativa como la condición sine qua non para el logro de los valores de transparencia y eficiencia de la gestión pública (valores promovidos por el modelo liberal-representativo) y de la justicia y equidad (valores visionados por amplios sectores populares, los cuales se encontraban marginados y excluidos).

A partir de la crisis política y económica de las décadas de los ochenta y los noventa, la democracia eminentemente representativa de la Constitución de 1961, basada en un pacto entre élites, no logró transformarse para incorporar a la emergente sociedad civil o Pueblo, la cual venía pidiendo tanto su reconocimiento constitucional y su derecho a la participación directa en la gestión pública, como la incorporación de nuevos derechos económicos, sociales, culturales, de género, ambientales e indígenas entre muchos otros .

La Constitución Bolivariana de 1999, resultante de la participación activa de los ciudadanos organizados, concedió el status de ciudadanía a estos nuevos actores sociales e incorporó gran parte de los derechos que demandaban, incluyendo la democracia participativa, la cual se consideró como el medio privilegiado para dirimir los conflictos que surgieran en el proceso de concretar o hacer efectivos tales derechos.

De hecho, los conflictos alrededor de la figura presidencial de Hugo Chávez y su proyecto socio-político de corte socialista, se dirimieron con el Referéndum Revocatorio presidencial de 2004, convocado por la oposición política, así como los conflictos alrededor de la Reforma Constitucional propuesta por el extinto presidente Chávez, se dirimieron con el Referendo del 2007.

A través de su ejercicio, los ciudadanos fueron desarrollando una cultura de la democracia participativa la cual intentó de nuevo expresarse con la convocatoria por parte de la oposición a un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, quien con la muerte de su mentor Hugo Chávez, además de la crisis de liderazgo debió enfrentar una grave crisis económica producto, entre otras razones, de la reducción drástica de la renta petrolera que subsidiaba el modelo rentista-socialista, el cual está basado en la administración de prebendas a través de las misiones sociales y de las organizaciones comunitarias como los consejos comunales y las comunas.

Esta vez, dicho referéndum fue bloqueado por el propio presidente dejando a los ciudadanos sin la posibilidad de expresarse a través de la democracia participativa. Peor aún, en diciembre del año 2015 se le abrió una nueva posibilidad a la oposición de expresarse, esta vez vía la democracia representativa, al ganar mayoritariamente la Asamblea Nacional pero la misma fue cercenada por el gobierno al declarar a la Asamblea Nacional “en desacato” y asumir el presidente Maduro poderes extraordinarios mediante decretos de dudosa constitucionalidad.

Para atizar aún más los conflictos, el presidente Maduro ha hecho una inconstitucional convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente a realizarse a fines del mes de julio la cual no contempla la consulta popular como lo exige la constitución. Frente a este hecho, la oposición a Maduro (categoría en estos momentos sumamente heterogénea en lo que respecta a su orientación ideológica), ha desempolvado y activado creativamente otro de los mecanismos constitucionales de la democracia participativa como lo es la Consulta Popular.

Independientemente de los resultados, cuyo desenlace veremos el domingo 16 de julio, tal Consulta representa una de las últimas oportunidades que tenemos los ciudadanos de dirimir los conflictos por la vía democrática. Desconocer la constitucionalidad de dicha Consulta, como lo viene haciendo el gobierno, o criminalizar a los medios de comunicación por informar o divulgar, como les corresponde, estos actos de ciudadanía amenazándolos con retirarles los permisos o concesiones, abre las puertas a más violencia y desenmascara el falso discurso sobre la paz que tanto cacarea el gobierno.