El Odiómetro

Antonio José Monagas

Profesor Titular ULA, Dr. Ciencias del Desarrollo, MSc Ciencias Políticas, MSc Planificación del Desarrollo, Especialista Gerencia Pública, Especialista Gestión de Gobierno, Periodista Ciudadano (UCAB), Columnista El Universal, Diario Frontera, RunRunesWeb.

Un mentado adagio, bastante popularizado por lo categórico de su sentencia, dice que “a falta de pan, buenas son tortas”. En política, tan aludido adagio, tiene su equivalente. A falta de buen gobierno, cabe improvisar. Y en efecto, así procede todo gobierno que actúa al margen de la institucionalidad. Sobre todo cuando la ideología que sirve de presunto apoyo a la praxis política y al programa de gobierno correspondiente, se torna tan disociada de las realidades que se descarría la gobernabilidad. Es entonces cuando gobernantes arbitrarios aprovechan de desviar recursos operativos o de obviar criterios funcionales capaces de adelantar propuestas trazadas a instancia de la oferta electoral. O exigidas por urgentes coyunturas. Sin embargo, todo se reduce a difusas medidas que oscurecen el ámbito donde deberían operar las políticas gubernamentales.

Sin embargo, es ahí cuando el ejercicio político de gobierno se ve obligado a escapar del laberinto al cual llevan sus mismos problemas, hasta aprisionarlo por causa de su propio desorden. Es cuando las circunstancias comienzan a asfixiar al régimen político. Incluso, lo inducen a actuar con desespero y el más precipitado desasosiego. La teoría política denomina esta situación o momento (de crisis), punto de inflexión o estado de ascua política. Es decir, el escenario donde se devela el peligro que representa la inestabilidad para un gobierno cualquiera. O la proximidad de su posible o pronta defenestración.

Es momento ineludible para activar el máximo potencial de creatividad lo cual en política concierne al hecho de inventar o forzar alguna solución que amaine, aunque con la precariedad o carácter paliativo que impone la improvisación, el potencial peligro que se encubre debajo de la referida situación de crisis. Sólo que cuando el populismo es la fuente ideológica de la cual se surte la gestión gubernamental en cuestión, la invención de marras resulta ser mucho más ridícula y absurda de lo que pueda ser imaginada.

En Venezuela, con la machacona excusa de “asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo social, preservar la paz y tranquilidad pública y proteger la Nación” ( Del artículo 1°, Ley Constitucional para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica), la inconstitucional y mal llamada Asamblea Nacional Constituyente pretende “(…) erradicar toda forma de violencia política, odios e intolerancias” (Ídem).

Sin siquiera asomar algún concepto de odio, violencia política e intolerancia que precise su significación e implicaciones, dicha ley proyecta no más motivar la convivencia entre venezolanos, que procurarle atribuciones al régimen para condenar a quien se atreva a contrariar la actitud gubernamental. En consecuencia, tan arbitraria normativa sancionará toda conducta que “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona” sin que los represores u opresores, amparados por la misma, ostenten alguna metodología de razón psicológica que fundamente acusaciones tan apuradas como las que estima. Sin duda, esto, sencillamente, recrudecerá las realidades sociopolíticas que vienen viviéndose en el plano de la recrudecida polarización y del desmedido sectarismo que caracteriza a la actual gestión de gobierno.

Actuar contra el odio, la intolerancia o la violencia política, es dictaminar más represión. Sobre todo, cuando el régimen se ha guiado por las cruentas diferencias que hay entre venezolanos solo por el hecho de pensar distinto entre ellos. Cuando el resentimiento, que ha avivado la rigurosidad extrema de medidas gubernamentales, ha devenido en humillación, muerte, hambre, desempleo, confiscaciones, persecuciones, detenciones y demás reacciones saturadas de la más traicionera injusticia e intriga de la que se ha valido el alto gobierno para sembrar miedo, silencio y desesperanza, es porque el vacío que existe a su interioridad es fuente de su crueldad e indignidad. Pero particularmente, del odio, la intolerancia y la violencia política que orienta sus accionamientos. Tanto que haber provocado la diáspora o desplazamiento de tantos venezolanos asediados por el horror sembrado a través de la impunidad que ampara los atropellos cometidos en nombre de su engañosa revolución, además forjadora de maldad y exterminadora de sueños, es fiel testimonio de lo que sus sentimientos albergan.

Ahora la “plenipotenciaria” Constituyente, sale a la palestra a asentir medidas de absoluta hipocresía y animadversión dirigidas a remediar lo que el errado y torcido gobierno venezolano ha inculcado a manera de afianzar el contradictorio “socialismo del siglo XXI”. Es así como la iracundia socialista, inspiró a sus envalentonados innovadores a darle forma a una tecnología capaz de “arrastrar” a Venezuela a la altura de “país-potencia”, tal como lo plantea el aberrante “Plan de la Patria”. Ahora, el país será base de la industrialización necesaria para ofertar al resto del mundo, equipos de tanta sofisticación tecnológica, como el “intolerómetro”, el “violentómetro”. En especial, cual joya de la Corona, el “odiómetro”.

Foto: Telemundo

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  • Antonio José Monagas

    El odio no disminuye odiando a quienes se oponen a una
    gestión política que vive condenando y asesinando inocentes. Bien sea, moral,
    política o físicamente. Aunque lo peor de todo, está representado en la absurda
    idea de presumir medir el odio para entonces declararle la “guerra”. Decisión
    tan inaudita e irracional como insólita e ilógica resulta gobernar basado en la
    represión, la intimidación y la humillación. Léalo en esta entrega exclusiva
    para Efecto Cocuyo