Cuestión de términos - Efecto Cocuyo

Cuestión de términos

¿Son responsables de democidio?
Eritza Liendo

Escritora y periodista venezolana. Licenciada en Comunicación Social y Letras de la Universidad Central de Venezuela. Jefe de la Cátedra de Literatura en la Escuela de Comunicación Social de la UCV. Con su primer libro, Shadow y otros cuentos sombríos, obtuvo en 2013 el Premio para Autores Inéditos de Monte Ávila Editores.

Los acontecimientos que están en curso en la Venezuela actual imponen que analistas y articulistas incurran en un tan cierto –como necesario– nivel de redundancia, pues nunca es suficiente cuanto se diga a propósito de los excesos y de los abusos que se cometen en nombre de cualquier causa, incluso si es una causa perdida.

Ya no es secreto para nadie que nuestro país atraviesa por una severa crisis humanitaria –como lo son todas– y que esa crisis se hace manifiesta no sólo en materia de salud y de alimentación, sino también en muchos otros aspectos significativos de la vida cotidiana.

No sólo los pacientes oncológicos, los renales o los portadores de VIH sufren en sus carnes, y en su estructura psicoemocional, los rigores de no contar con los recursos para paliar la precariedad de su situación. Cualquier maestro, cualquier profesor, cualquier médico, cualquier ama de casa debe hacer de tripas corazón para asumir diariamente lo que le cuesta la vida.

Para justificar los sinsabores de esa incertidumbre, y de toda la precariedad consecuencia de la hiperinflación, el gobierno acuñó lo de “guerra económica”. Y todos sabemos también que se trata de un concepto almibarado para esconder el fracaso de unas políticas económicas deslindadas de la realidad.

A medida que fueron congelando más y más cuentas personales –personalísimas– de los jerarcas conchupantes en “unión cívico-militar”, decidieron que de lo que se trataba era de un “bloqueo” al cual insisten en atribuirle todas las penurias con las que amanecen y anochecen los venezolanos de bien.

Ayuda cero

Venezuela asiste al diezmo de su población. Y esto es más que una hipérbole: es una realidad en números. Cada familia lo sabe. A quien no se le ha muerto un hijo se le ha muerto un padre. Quien no ha perdido a un hermano o a una tía está solicitando apoyo a través de las redes sociales, que se han convertido –dicho sea de paso– en muro de lamentaciones.

Quienes no gozan del privilegio de tener contactos en el Gobierno saben que al enfermarse su destino es menguar. Quienes no reúnen el monto necesario para cubrir los requerimientos de una dieta suficiente saben que su destino en rebuscar en la basura. Y es así como lo único que se alimenta es el círculo vicioso de la insalubridad.

Quien no puede comprar comida come basura. Quien come basura se enferma. Quien se enferma se muere ¡porque nadie sabe dónde están los insumos! Y todo esto el Gobierno lo sabe. Fingir demencia frente a la crisis ha sido una política de Estado porque una población débil –física, mental y emocionalmente– es mucho más fácil de controlar.

Por todo lo dicho, no conviene el ingreso de ayuda humanitaria. Por eso se decreta la no existencia de la crisis. Por eso se cierran las fronteras (Aruba, Bonaire, Curazao, Brasil y probablemente Colombia). Es como si fuera preferible permitir que más y más venezolanos sigan muriendo. Es como si se tratara de una cuestión de orgullo personal. Es como si aceptar la ayuda fuera torcer el brazo. Que en la puja mueran niños, mujeres y ancianos es lo de menos.

Lo que se viola

Por lo menos, tres artículos del Estatuto de Roma está violando el Gobierno venezolano al negarse a aceptar la ayuda humanitaria solicitada por el Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó. Los artículos 6, 7 y 8 prevén las afectaciones producidas en la población civil por causa de acciones provenientes del alto Gobierno.

En esos casos, el conocimiento de causa (Mens rea) es determinante, pues implica que se trata de una acción ex profeso y con todos los agravantes que implica la alevosía. Quien, provisto de poder político o militar, atenta contra la población civil es consciente de las consecuencias que seguirán a sus acciones. Sabe exactamente lo que está haciendo y saca ventaja de su posición o de su cargo.

Se trata, en todo caso, de un delito por comisión. Premeditado y ventajoso. Un delito que consiste, por ejemplo, en criminalizar la disidencia, en reprimir con armas de guerra una manifestación pacífica, en encarcelar a alguien por causa de su pensamiento político, en negar el acceso a medicinas y alimentos. Ese delito tiene nombre y se juzga en la Corte Penal Internacional.

Cuestión de términos

Mussolini tuvo a los suyos. Los camicie neri (camisas negras, también llamados squadistri o escuadristas). Hitler tuvo a los Braunhemden (los camisas pardas) de la SA (SturmAbteilung) y los Schwarzhemden (los camisas negras) de la SS (SchutzStaffel). Más cercano a nuestras latitudes, el dictador haitiano François Duvalier tuvo a los Tonton Macoutes. En pocas palabras, la gente para hacer el trabajo sucio. Cada dictador se rodea de sus incondicionales.

El nombre, al final del día, viene a ser lo de menos: es sólo cuestión de términos. El nombre describe lo mismo a escuadrones de la muerte, milicias, autodefensas, francotiradores o sicarios. Esos términos apenas alcanzan para encubrir a las organizaciones paramilitares, paraestatales o parapoliciales que justifican y reivindican el derecho a la violencia y el abuso de las armas.

En Venezuela, se les llama Colectivos; antes se les llamó Círculos bolivarianos, pero su función es exactamente la misma: garantizar el temor y el toque de queda; la abolición de la voluntad civil y la sumisión obediente. Son los albaceas del terror, y administran una particular forma de justicia, que consiste en el exterminio.

Crímenes atroces

Fernando M. Fernández es abogado consultor en el área de Derecho Penal Económico y Financiero, Criminal compliance y especialista en Ética, Derechos Humanos y Derecho penal internacional. Es docente en la Universidad Central de Venezuela y en el IESA, y es también un hombre genuinamente comprometido con las causas justas y libertarias. En febrero del año pasado presentó, bajo el sello editorial Livrosca, su obra Contra la corrupción. Al mes siguiente salió a la luz Genocidio y otros crímenes atroces.

En este último libro, Fernández ofrece un amplísimo y sustentado estudio acerca de todo el mal que el hombre investido de poder puede infligirle a sus semejantes. Para ello, provee al lector de un nutrido marco conceptual, y contexto histórico suficiente, para comprender que, en materia de crueldad, hay pocas novedades bajo el sol.

Es así como el lector llega a dos conceptos de poca aparición en nuestros discursos: politicidio y democidio. “A raíz de los terribles y repugnantes hechos cometidos contra millones de víctimas bajo los regímenes Nazi, fascistas, dictatoriales, comunistas, militares y las diversas formas de autoritarismo y totalitarismo, surgieron los neologismos politicidio y democidio”, señala Fernández.

El politicidio, según advierte el profesor, se da cuando el móvil de la conducta homicida es la opinión política de un grupo o de uno de sus miembros, y aplica como crimen de lesa humanidad.

Punto y aparte

Mención aparte merece el término  democidio. Una categoría conceptual y empírica criminológica muy poco conocida en Venezuela –tal como nos dice Fernández– y aún sin rango jurídico. No obstante ello, y a pesar de que poco se conoce y se usa en el plano discursivo, se aplica –de hecho– en el ámbito del hacer.

Al respecto, cito in extenso las consideraciones que, hablando de atrocidades, refiere Fernando M. Fernández: “El democidio […] implica el hecho por el cual un gobernante asesina a su pueblo o a miembros de éste, lo cual incluye cualquier intención, sea política o genocida. Democidio significa matar al pueblo de forma intencional. Un democidio sólo lo puede cometer quien tiene el poder para hacerlo. Es el asesinato, selectivo o en masa, de cualquier persona o grupo de personas por parte de un gobierno y ejecutado por sus funcionarios de cualquier jerarquía, lo cual suele incluir el crimen de genocidio, alentado por razones de odio de clases, odio racial, religioso, nacional, étnico o político […].  Ocurre cuando el Estado se enfrenta a parte de la población que se le opone”.

Es posible que las palabras democidio y democida no formen parte todavía de la lexicografía nacional. Pero no mencionar una palabra no significa que no se padezcan sus efectos. Y las evidencias sobran. No importa si las camisas son negras, son pardas o son rojas. Lo que cuentan son las vidas y la sangre derramada. Lo que cuenta es el llanto, es el dolor de la mengua.

Del dicho al hecho

Sea cual sea el nombre, lo realmente importante es la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Eso está previsto en el Estatuto de Roma y contemplado como causal de juicio en la Corte Penal Internacional.

Se podrán cerrar todas las fronteras y soldar todos los contenedores al puente de La Tiendita. Se podrá poner todos los obstáculos y todas las alcabalas y echar todo el ejército a la calle a promover la represión en todas sus posibilidades. Lo importante es que de todo eso queda registro.

Hay audios, hay videos, hay declaraciones; amenazas explícitas y veladas. Violencia física y psicológica. Se han usado los medios de comunicación y las distintas redes sociales con afán de intimidación. Todas ésas son evidencias, y ante cualquier posibilidad de enjuiciamiento siempre se podrá decir que a confesión de parte, relevo de pruebas.

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