¿Crímenes sin odio?

Fernando Pereira | @cecodap | @fernanpereirav

Educador. Fundador de Cecodap.

El linchamiento de un presunto infiltrado en Barquisimeto, una persona rociada con gasolina en Altamira que murió posteriormente por efecto de las quemaduras; son hechos dantescos que debe ser condenado por toda la sociedad.

Las más altas autoridades del país han destacado estos sucesos como muestra de la “violencia ciega y terrorista”.

Tarek William Saab, como Defensor del Pueblo, expresó reiteradamente su condena y manifestó que los crímenes de odio “han desarrollado su caldo de cultivo violento en Venezuela entre abril y mayo”. Hizo un llamado ante los medios de comunicación y redes sociales para hacer frente a “este brutal fenómeno” que atenta contra la paz.

Crimen de odio. No se trata de una invención de las autoridades venezolanas. En el mundo se discute sobre el asunto. El crimen de odio está tipificado como una agresión basada en la discriminación de las víctimas por motivos raciales, religiosos, de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, nivel socioeconómico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación.

Ahora bien, ¿quién determina cuándo opera tal discriminación? Un proyecto de ley que se discute en Perú sostiene que los indicadores que revelan si se cometió un crimen de odio son: Evidencia de prejuicios, la víctima se relaciona con una colectividad determinada, el que comete el crimen percibe diferencias con la víctima que le genera hostilidad, la percepción que tengan las víctimas sobrevivientes y testigos sobre el crimen.

El Ministerio Público ha registrado 124 muertes violentas en el marco de las manifestaciones. Algunas ONGs y medios de comunicación hasta 156. La inmensa mayoría de esa lamentable lista la constituyen casos de manifestantes. ¿Podemos hablar allí de un patrón de discriminación y hostilidad hacia las víctimas que conforman un grupo determinado?

Apagar la crítica

Es evidente la narrativa oficial al respecto: Los crímenes de odio son los realizados contra simpatizantes del gobierno o funcionarios. Internacionalmente se insiste: “la campaña de criminalización en contra de la GNB y la Policía Nacional Bolivariana ha sido permanente… Aunque los cuerpos de seguridad han sido acusados por dirigentes de la oposición de “reprimir brutalmente” a los manifestantes, “todo el proceso de enfrentar la ola de violencia ha sido tratado con tres elementos: agua, gas lacrimógeno y presencia física, no se utilizan escopetas con perdigones”, se puede leer en el portal RT (Televisión Rusa).

La realidad dice otra cosa: el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU difundió un informe esta semana donde señala que al menos 46 muertes fueron responsabilidad de fuerzas de seguridad (de las 124 registradas por el Ministerio Público) y 27 son atribuidas a grupos civiles armados.

En casos que corresponden a menores de 18 años Cecodap ha registrado 22 casos (21 adolescentes y una bebé de meses). De ellos, 18 fueron asesinados con impactos de balas o perdigones.

Nuevamente hay que enfatizar que la casi totalidad de los casos se aplicó un patrón de represión, extralimitación y desproporcionalidad, asesinatos con premeditación, discriminación en el ejercicio de sus derechos humanos, desconocimiento y encubrimiento de los responsables, criminalización de las víctimas antes de realizar cualquier investigación.

Podemos entonces afirmar que tenemos más de un centenar de crímenes de odio en estos meses. Destacar unos casos en detrimento de otros es darle la razón a quienes afirman que se instaura la categoría de crímenes de odio para silenciar a los críticos de un gobierno. En esa misma dirección, estudiosos del tema han argumentado que si es cierto que todos los crímenes violentos son el resultado del desprecio del autor para con la víctima, todos los crímenes son crímenes de odio.

Los intentos de utilizar el odio para imponer una visión sobre la verdad; lejos de alcanzar la paz exacerban el odio.

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