Crudas realidades: hacia una comprensión del colapso económico de Venezuela (y II) - Efecto Cocuyo

Crudas realidades: hacia una comprensión del colapso económico de Venezuela (y II)

Francisco Rodríguez | @frrodriguezc

Economista jefe de Torino Capital LLC. Fue también jefe de la unidad de análisis económico del Parlamento venezolano.

Publicamos la segunda parte del artículo de Francisco Rodríguez, cuya  versión en inglés fue publicada en la página de Venezuela del Washington Office on Latin América.

La primera parte de este artículo se publicó el viernes 21 de septiembre

 

Las sanciones y la toxificación de la deuda venezolana

Llama la atención que el segundo cambio de tendencia en los números de producción venezolana ocurrió en un momento en el cual los Estados Unidos decidió imponer sanciones financieras en el país. La Orden Ejecutiva número 13.808, emitida el 25 de agosto de 2017, prohibió a los ciudadanos estadounidenses proveer al gobierno venezolano o PDVSA de nuevo financiamiento. A pesar de que la orden autorizó permisos para créditos comerciales de menos de 90 días, impidió al país emitir nueva deuda o vender deuda emitida anteriormente.

La Orden Ejecutiva es parte de un proceso más amplio al cual se le podría llamar “toxificación” de los negocios financieros con Venezuela. Durante 2017, quedó cada vez más claro que las instituciones que decidían contraer acuerdos financieros con Venezuela tendrían que estar dispuestas a pagar altos costos reputacionales y regulatorios. Esto fue parcialmente el resultado de una decisión estratégica de la oposición como respuesta al creciente autoritarismo de Maduro.

La toxificación del financiamiento venezolano fue un proceso mucho más discontinuo que gradual. Hasta octubre de 2016, Credit Suisse había estructurado un intercambio de bonos sin que nadie frunciera el ceño. En ese momento, la Asamblea Nacional – controlada por la oposición – aprobó una resolución que criticó la economía del arreglo, pero no cuestionó su legalidad.

Seis meses después, el presidente de la Asamblea Nacional estaba escribiendo cartas a los bancos internacionales advirtiéndoles que si le prestaban dinero a Venezuela no solo estarían violando la ley venezolana, sino también favoreciendo a un gobierno que era reconocido como dictatorial por la comunidad internacional.[1] Cuando en mayo de 2017 Goldman Sachs Asset Management compró USD 2,8 millardos en bonos al gobierno venezolano a través de un intermediario, venezolanos molestos salieron a protestar a las afueras de la oficina en Nueva York y la oposición prometió que no pagaría esos bonos si llegaba al poder. Para el momento en que las sanciones fueron aprobadas en agosto, Venezuela había perdido todo el acceso a los mercados financieros como resultado de la combinación de malas políticas y la toxificación de su financiamiento.

Nuestro propósito no es asignar la responsabilidad de este enfrentamiento político a la oposición ni al gobierno. Se puede argumentar razonablemente que la oposición venezolana estaba en su pleno derecho de exigir que las emisiones de deuda fuesen autorizadas por la Asamblea Nacional, así como cuestionar la moralidad de prestarle dinero al gobierno de Maduro. Nuestro punto es que la contaminación del terreno financiero por la crisis política venezolana tuvo consecuencias para la economía del país y la calidad de vida de los venezolanos.

Las sanciones tuvieron el efecto de cerrar definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de restructuración de deuda venezolana. Dado que las sanciones impidieron a la nación acceder a nuevo financiamiento, también frenaron la emisión de nuevos bonos para canjear por los viejos, una modalidad necesaria para la restructuración. De hecho, Maduro anunció en noviembre de 2017 la creación de una comisión para restructurar la deuda venezolana, la cual, hasta la fecha, no ha producido resultados, en gran parte porque pareciera que no existe una vía legal para que los inversionistas estadounidenses puedan negociar con ella.[2]

Tal vez más importante que la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump fue la carta de orientación emitida por la Red contra Crímenes Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCen) el 20 de septiembre de 2017, advirtiendo a las instituciones financieras que “todas las agencias y organismos gubernamentales de Venezuela, incluyendo empresas propiedad del Estado, son vulnerables a la corrupción y al lavado de dinero”, y recomendando que varias transacciones que se originasen dentro de Venezuela fuesen señaladas como potencialmente criminales.

Muchas instituciones financieras procedieron a cerrar cuentas venezolanas, bajo el razonamiento de que el riesgo legal de participar, sin saberlo, en operaciones de lavado de dinero no valía la pena. Los pagos de Venezuela a sus acreedores se estancaron en la cadena financiera, pues las instituciones se negaban a procesar transferencias que vinieran de instituciones del sector público venezolano. Incluso Citgo, la empresa de propiedad venezolana registrada en Delaware, tuvo problemas en obtener cartas de crédito por parte de los bancos.

Estas restricciones impactaron a la industria petrolera de múltiples maneras. Primero, y más evidentemente, perder acceso al crédito impide la obtención de recursos financieros que podrían haber sido destinados a inversión o mantenimiento. Como usualmente ocurre con los análisis de estudio de casos, es difícil construir un escenario alternativo, pues uno podría argumentar que las políticas insostenibles de Venezuela la habrían llevado a perder acceso al mercado en 2017, incluso si sus finanzas no se hubiesen vuelto tóxicas. Sin embargo, los países que pierden acceso a los mercados usualmente tienen la posibilidad de recuperarlo después de iniciar un proceso de reestructuración de deuda, una puerta que fue cerrada para Venezuela después de la Orden Ejecutiva.[3]

También hay una relación más directa entre el financiamiento y la actividad real que podría llevar a que una empresa a la cual se le ha cerrado el crédito experimente un declive en su capacidad productiva. Por ejemplo, uno de los mecanismos más efectivos que PDVSA ha encontrado para levantar la producción en años recientes fue a través de contratos de financiamiento en los cuales socios extranjeros prestaban los recursos para financiar la inversión en una empresa mixta, siempre y cuando se pudiera pagar el préstamo con la producción de la compañía conjunta. La Orden Ejecutiva efectivamente puso fin a esta posibilidad.

Asimismo, antes de que las sanciones fuesen impuestas, PDVSA había empezado a refinanciar una parte significativa de sus cuentas por pagar con proveedores de servicios a través de notas promisorias emitidas bajo la Ley de Nueva York. La Orden Ejecutiva también acabo con estos acuerdos. Lo que era inusual acerca de PDVSA en 2017 no era que tuviese un alto nivel de cuentas por pagar – muchos productores petroleros acumularon atrasos después de la caída de los precios. Lo que era inusual era que no pudiera refinanciarlas.

Una razón por la cual la pérdida de acceso al financiamiento pudo haber tenido un efecto más fuerte en la economía venezolana que en otros países a los cuales se les han impuesto sanciones similares es que Venezuela es un país altamente endeudado. Por ejemplo, en el momento en que la ONU impuso sanciones sobre Irán, la deuda total del país era solo 9% del PIB; en contraste con Venezuela, cuya proporción de deuda sobre PIB era de 110%. Debido a su elevado nivel de apalancamiento, el sector petrolero venezolano era mucho más susceptible a los cambios en el acceso al financiamiento que cualquier otro productor.

Como advertimos antes, estas observaciones no deben tomarse como prueba definitiva de que las sanciones causaron el colapso de la producción, pues hay muchos otros factores en juego en la economía venezolana que pueden servir como explicación. La decisión de Maduro de designar a un general sin experiencia previa para liderar la industria petrolera, así como la amplia investigación de corrupción que llevó al arresto de 95 ejecutivos del sector, incluyendo a dos antiguos presidentes de PDVSA, parecen haber causado parálisis en muchos de los cuadros profesionales del sector. Así mismo, la pérdida del capital humano especializado de la industria, parte de la fuga de talentos que acompaña a los éxodos migratorios de gran escala, contribuyó también al deterioro de su capacidad operativa.

Sin embargo, la data sugiere claramente la necesidad de una investigación mucho más a fondo de las razones del colapso en la producción petrolera de Venezuela y del comportamiento discontinuo de la serie. El hecho de que la aceleración de la contracción coincida con el aumento de la toxicidad del país para los inversionistas internacionales sugiere que debemos explorar más de cerca este canal como un potencial impulsor del colapso de la producción venezolana.

Un análisis más cercano y sistemático de la data puede ayudarnos a revisar la coherencia de las hipótesis alternas sobre el declive.  Por ejemplo, consideremos el efecto de la incautación de activos por parte de los acreedores en la producción: el único acreedor que hasta la fecha ha podido afectar directamente la capacidad operativa de PDVSA ha sido ConocoPhillips, cuando recibió una orden judicial en mayo de 2018 que le otorgó permiso para incautar productos y activos en el Caribe. Si bien es cierto que estas incautaciones pueden haber contribuido al declive de la producción en ese momento, el hecho de que hayan ocurrido casi diez meses luego de la aceleración de la caída del bombeo sugiere que no son un factor causal primario. (De hecho, el enfrentamiento se resolvió el mes pasado y, sin embargo, no hay evidencia de que la producción se haya recuperado desde entonces.)

Nada de lo anterior tiene la intención de exculpar al gobierno de Maduro por su atroz manejo de la economía durante los últimos seis años. A mi parecer, ya está establecido conclusivamente que los venezolanos están mucho peor hoy en día de lo que podrían estar de haber habido políticas económicas más razonables. Las decisiones tomadas por el gobierno de no corregir los enormes desequilibrios de la tasa de cambio real y de otros precios relativos; de mantener los subsidios al combustible mientras monetizaban un déficit presupuestario de dos dígitos y de perseguir al sector privado por responder a las señales de los precios relativos contribuyeron a hacer las vidas de los venezolanos miserables durante el gobierno de Maduro.

Pero el decir que las políticas económicas de Maduro causaron un deterioro de los estándares de vida en Venezuela no está en conflicto con aceptar la posibilidad de que las sanciones económicas pudieron haber hecho que las cosas fuesen incluso peores. La mayor parte de los fenómenos en las ciencias sociales tienen causas múltiples. No hay ninguna razón lógica por la que la incompetencia de Maduro como las sanciones desacertadas no puedan ambas haber contribuido al colapso en los estándares de vida de los venezolanos.

Los promotores de las sanciones hacia Venezuela alegan que las mismas apuntan a afectar al régimen de Maduro y no a los venezolanos. Si la imposición de sanciones puede vincularse al deterioro de la capacidad exportadora del país, entonces este argumento está claramente errado. A pesar de que la evidencia presentada en este escrito no debería ser tomada como prueba definitiva de tal conexión, es lo suficientemente sugestiva como para indicar la necesidad de extrema cautela en el diseño de iniciativas de política internacional que pudieran empeorar aún más la vida de los venezolanos.

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[1] Vea, por ejemplo, la carta escrita por el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges al CEO de Deutsche Bank el 18 de abril de 2017.
[2] Aunque no existe un impedimento legal para instituciones de otros países participar en esta restructuración, los grupos de acreedores fuera de los Estados Unidos se han restringido de cualquier acción que pueda imponer
[3] Se puede argumentar que Venezuela no habría podido restructurar su deuda incluso sin sanciones. En este argumento, las sanciones son no vinculantes porque no causan el cierre de los mercados financieros internacionales. Dado que el fin declarado de las sanciones era precisamente restringir el acceso al crédito, este argumento también implicaría que las sanciones eran redundantes e irrelevantes. No queda claro cuál hubiese sido la razón para mantener las sanciones en esta argumentación, cuya premisa parte de afirmar que no tenían el efecto deseado. En cualquier caso, el ejemplo de refinanciar deudas comerciales a través de la emisión de notas promisoras citado más adelante muestra que Venezuela estaba, de hecho, restructurando algunas de sus deudas existentes antes de la adopción de las sanciones.

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

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