Ciudadanos en busca de representación despolarizada y despartidizada

María Pilar García-Guadilla

Socióloga-urbanista e investigadora de la Universidad Simón Bolívar. Activista en los movimientos sociales.

Por primera o quizás por segunda desde el inicio de la democracia en Venezuela, los ciudadanos no tienen claro si deben o no ir a votar en las elecciones para alcaldes en los 335 municipios del país el 10 de diciembre. Las dudas, el desinterés y la desinformación han surgido a partir del reconocimiento de las difíciles condiciones electorales de las cuales son responsables no solo el gobierno, como suele decir la oposición, sino también la fragmentada oposición representada en los partidos políticos, e incluso el debilitado y dividido movimiento ciudadano que no ha sabido tomar las riendas del espacio municipal del que es adjudicatario constitucionalmente.

Algunos ciudadanos por convicción y otros temerosos de la posibilidad de que el gobierno también se apropie de su espacio más venerado (su municipio, su parroquia, su urbanización, su barrio), se enfrentan a la duda de votar o no votar. El dilema se plantea entre acatar la decisión de la mayoría de los partidos de la MUD, quienes, sin consultar con la ciudadanía, llamaron a no votar o responder a la convocatoria a votar que hicieron los partidos más pequeños aprovechando este vacío. No obstante, la pregunta previa es: ¿quiénes deberían haber tomado la decisión de ir o no a elecciones municipales una vez analizadas las condiciones existentes, los vecinos en su condición de ciudadanos o los partidos políticos?

Según algunas cifras publicadas, 17 organizaciones políticas nacionales y 55 regionales postularon para las elecciones municipales; sin embargo, se desconoce cuántas organizaciones comunales compiten en esta contienda a pesar de su importancia dado que los vecinos en su condición de ciudadanos tienen la prerrogativa constitucional de gestionar directamente su espacio local. Más aun, tal gestión o, en todo caso la cogestión con los partidos políticos, es una condición sine qua non de la democracia participativa.

La participación directa y más activa de las organizaciones comunitarias quizás le hubiera otorgado una mayor legitimidad a este proceso político en el contexto de deslegitimación de los partidos políticos que vivimos. En la cola de la verdura de uno de los muchos mercados ambulantes que han florecido en las urbanizaciones del Este de nuestra capital, se oye a la gente indignada maldiciendo al escuchar el altavoz instalado en una camioneta desde la cual instan a votar por uno de los candidatos opositores para alcalde: “¿y no es que los partidos dijeron que no fuéramos a iban a votar? ¿Por qué entonces cada candidato opositor viene apadrinado por un color político?”. “Lo que necesitamos es un buen conserje que se ocupe del alumbrado público, que recoja ese basural y se encargue de los malandros que no nos dejan vivir… y no esta farsa”, dice otro.  En ese momento alguien grita: “¡Que se mueran y se pudran los políticos!”, y se oyen nutridos aplausos.

Algunos vecinos dicen sentirse decepcionados con “los políticos” que en su opinión les han abandonado y se quejan que en algunos municipios existen varios candidatos de oposición los cuales no terminan de ponerse de acuerdo; se quejan también de no conocer a los candidatos y que muchos se presentan apadrinados por algún color político y hasta con nombres prestados por otros líderes.

En casos como en el municipio Sucre del Estado Miranda, destacan que si bien hubo acuerdo de los tres candidatos alrededor de una candidatura única, se dejó de lado a un combativo líder comunal de amplia e impecable trayectoria ciudadana como lo es Elías Santana a favor de un ex-gobernador y ex-alcalde copeyano que, si bien tiene mucha experiencia, pertenece a la vieja guardia y a los viejos partidos con los que ni la joven generación ni muchos ciudadanos se identifican.

Muchos vecinos comparten la idea de que los alcaldes deberían proceder de las organizaciones comunitarias pues son estos líderes vecinales quienes mejor conocen los problemas de la comunidad ya que cotidianamente luchan por el mejoramiento de las condiciones de vida en los barrios y urbanizaciones que componen el municipio.

La premisa para hacer realidad esta participación es la existencia de un movimiento ciudadano sólido el cual podría estar compuesto tanto por las asociaciones de vecinos y el movimiento popular de base, quienes desde fines de los años setenta han venido abriendo el espacio de la participación local, como por las organizaciones populares o consejos comunales de más reciente creación que hasta el año 2009 (antes de la modificación de la Ley de los Consejos Comunales que las politizó y clientelizó) tenían el potencial para construir un movimiento ciudadano heterogéneo y autónomo de los partidos políticos.

Sin embargo, este potencial parece haberse diluido hoy en día debido a la polarización ideológico-política reinante que ha dividido a las organizaciones comunitarias en pro-gubernamentales y de oposición e incluso en clase media y sectores populares, tal como ha ocurrido con los partidos políticos. Ello nos lleva a preguntarnos: ¿dónde quedó el activo y heterogéneo movimiento ciudadano de fines de los años setenta y ochenta que logró modificar la ley del régimen municipal para garantizar la elección uninominal y una mayor participación ciudadana en la planificación, gestión y contraloría del municipio independientemente del color político? ¿Dónde están las organizaciones comunitarias que constitucionalmente lograron rescatar el municipio para los ciudadanos?

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Las opiniones expresadas en esta sección son de la entera responsabilidad de sus autores. 

 

 

 

 

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