Carta Democrática Interamericana: ¿preludio de una invasión militar?

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Lauren Caballero

Internacionalista, maestrante en economía internacional UCV. Escritor y analista político.

El nuevo impulso que ha tomado el debate sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de aplicar la segunda fase de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a nuestro país. Esto ha abierto nuevamente las puertas para que en el discurso gubernamental se incorporen elementos como la apelación a la no intervención y la reafirmación de que potencias extranjeras buscan crear las condiciones propicias para invadir militarmente el territorio venezolano.

Ahora bien ¿es realmente la CDI un mecanismo para promover la intervención armada en un país miembro de la OEA?

La CDI es un instrumento aprobado por los miembros de la OEA el 11 de septiembre del año 2001 que tiene como principal objetivo proteger y fortalecer el orden democrático en el continente, protección ésta que está limitada por el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. En su artículo tercero se establece que “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”.

Actualmente existen serias dudas de que el modelo político imperante en Venezuela haga valer estos elementos como base esencial, por consiguiente se está estudiando la posibilidad de emprender una serie de sanciones por parte de la comunidad internacional contra el gobierno venezolano con el objetivo de restituir el orden democrático. Sin embargo, no existe ningún mecanismo en la OEA que promueva la intervención armada como método para para la solución de algún conflicto o para la restauración de la democracia. Por el contrario, la Carta de la OEA es categórica al afirmar, en su Artículo 24, que “Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta.” Y en el Artículo 25 señala: “Son procedimientos pacíficos: la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden, en cualquier momento, las Partes.”.

Como vemos, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico interamericano para la solución de alguna controversia no estipulan el uso de la fuerza armada. Ahora bien, la actual coyuntura no trata sobre una controversia entre estados partes de la OEA, sino de un conflicto a lo interno de uno de esos estados, lo cual hace mucho menos probable el uso de la fuerza militar para la solución del problema.

La misma CDI establece en el párrafo primero del artículo 20 que “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”. Y en el mismo artículo, párrafo tercero, se aclara que “Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”. Como vemos los mecanismos para la solución de cualquier controversia, bien sea entre estados o a lo interno de algún Estado miembro de la OEA, son única y exclusivamente de carácter pacífico y no se menciona en ningún apartado la posibilidad del uso de la fuerza para la resolución de conflictos.

Otra de las sanciones a las que se puede recurrir contra Venezuela es la expulsión de su gobierno del sistema interamericano si se determina que efectivamente existe una alteración del orden constitucional que afecte verdaderamente el orden democrático. Para ello se necesitaría que las 2/3 partes de los estados miembros vote a favor de esta medida (24 estados).

Ruptura democrática o guerra económica internacional

La posible expulsión del gobierno venezolano del sistema interamericano no dejaría ninguna duda de que en Venezuela existe un régimen que es incompatible con los principios de la democracia y que por lo tanto menoscaba los derechos civiles y políticos y los derechos humanos. Pero, por otra parte, existe también la posibilidad de que el gobierno utilice esta medida como un elemento de índole discursivo-propagandístico para sustentar sus acciones en contra de los actores políticos de oposición, entendidos estos últimos como todo aquel que no simpatice con el gobierno. Le daría entonces esto al gobierno una base para seguir afirmando que los males del país son producto de una conspiración internacional encabezada desde el imperio norteamericano y de sus representantes internos “la derecha”. Así pues, haciendo un símil con Cuba (país expulsado de la OEA en 1962), el gobierno podría afirmar que la escasez, la inflación, el desempleo, la falta de medicinas etc, son producto de la guerra económica internacional encabezada por Estados Unidos y sus lacayos de la OEA, o Ministerio de las Colonias, como le llamara algún revolucionario durante la Guerra Fría.