Cada día, entre 4 y 5 familias entierran a sus hijos adolescentes por la violencia

Fernando Pereira | @cecodap | @fernanpereirav

Educador. Fundador de Cecodap.

Esta semana el Día de la Juventud vino acompañado del Informe “Un país sin juventud”, del Observatorio Venezolano de Violencia. Se señala que en 2017, 1617 adolescentes (12 a 17 años) fallecieron por causas violentas (homicidios en la mayoría de los casos y por actuaciones de las fuerzas públicas, que son documentadas en los registros oficiales como “resistencia a la autoridad”). Corresponden a 138 mensualmente, cada día 4 o 5 familias entierran a sus hijos por la violencia

Las muertes violentas de adolescentes corresponden al 6.2% del total de muertes violentas ocurridas en todo el país. Cuando Cecodap presentó su primer informe sobre la situación de los derechos del niño en Venezuela a la luz de la Convención de los Derechos del Niño, el número de homicidios de menores de 18 años (incluyendo niños) fue de 20 por mes, 440 al año. Una cifra que se ha multiplicado por 7 para llenar de dolor a miles de hogares.

El mismo día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”. La Comisión decidió elaborar este informe en atención al profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. El informe realiza un análisis de la crisis institucional y de derechos humanos de los últimos dos años, con especial énfasis en lo acontecido a lo largo de 2017.

Uno de los aspectos abordados prioritariamente tiene que ver con la seguridad ciudadana y la violencia. La CIDH reitera la necesidad de que el Estado adopte acciones efectivas para prevenir, controlar y reducir el crimen y la violencia. Reitera que la existencia de altas tasas de violencia y criminalidad menoscaba el Estado de Derecho.

La CIDH advierte que este incremento de la violencia ha tenido un impacto diferenciado en personas, grupos y colectividades en mayor situación de riesgo, y de exclusión y discriminación histórica. En particular, la CIDH ha expresado su preocupación por los impactos que tiene el clima de violencia e inseguridad que se vive en el país sobre los niños, niñas y adolescentes (NNA). “Los homicidios son la primera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes, principalmente de sectores populares. El Plan de Acción del Programa País, suscrito por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Estado para el periodo (2015-2019), indica que la tasa de homicidios en adolescentes es una de las más altas de América Latina y afecta principalmente a los adolescentes hombres. Según UNICEF, Venezuela es uno de los tres países de América Latina con más homicidios de niños y adolescentes”

Destaca la CIDH las arbitrariedades cometidas por cuerpos de seguridad en el marco de la protesta social y operativos de seguridad:

“Entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017, el MP registró 124 muertes relacionadas a protestas sociales, de las cuales 46 eran manifestantes que habrían perdido la vida por la acción de miembros de las fuerzas de seguridad y 27, por la acción de miembros de colectivos armados. Según la misma fuente, entre los fallecidos se encontraban 15 niños y 7 mujeres”.

Cecodap registró 33 homicidios de niños y adolescentes a manos de la OLP solo durante el 2016.

Entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017, el Ministerio Público registró 124 muertes relacionadas a protestas sociales, de las cuales 46 eran manifestantes que habrían perdido la vida por la acción de miembros de las fuerzas de seguridad y 27, por la acción de miembros de colectivos armados. Según la misma fuente, entre los fallecidos se encontraban 15 niños y 7 mujeres.

¿Qué recomienda la Comisión?

“En suma, la CIDH insta al Estado a adoptar las medidas necesarias de prevención, control y reducción del crimen, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y, en particular, atendiendo a las obligaciones específicas respecto a personas, grupos y colectividades en situación de mayor riesgo, y exclusión y discriminación históricas. A estos efectos, la Comisión enfatiza que el Estado debe contar con personal capacitado e infraestructura especializada para brindar un servicio de calidad según las necesidades de aquellos sectores de la población en mayor riesgo frente a la violencia y el delito, como en este caso son las mujeres, los NNA, y las personas adultas mayores…

¿La respuesta del Estado?

“El proyecto de Informe de País presenta una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos… en este proyecto se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad…”

Mientras esa sea la respuesta seguirá aumento el número de familias que diariamente se enlutan enterrando sus hijos y con ellos proyectos de vida truncados por una violencia ciega, letal y progresiva.

Foto: Federico Parra / AFP

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Las opiniones expresadas en esta sección son de la entera responsabilidad de sus autores. 

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