Barbarie social

Antonio José Monagas

Profesor Titular ULA, Dr. Ciencias del Desarrollo, MSc Ciencias Políticas, MSc Planificación del Desarrollo, Especialista Gerencia Pública, Especialista Gestión de Gobierno, Periodista Ciudadano (UCAB), Columnista El Universal, Diario Frontera, RunRunesWeb.

El control pretendido por el alto Gobierno venezolano a través de la aplicación de medidas económicas que rayan con un exacerbado obstruccionismo, dan cuenta de intenciones ocultas a instancia del encubierto interés por poner en práctica un proyecto ideológico de Gobierno montado sobre ortodoxas concepciones políticas. Pero que no por ortodoxas, dejan de redituar a quienes son sus estrategas y tácticos en términos de su inmediata aplicación.

La indolencia asumida como criterio de gestión política por el alto Gobierno, actitud esta inspirada en las condiciones que caracterizaron al estalinismo y que luego plagió el fascismo, sirvió de base conceptual al modelo de gestión pública a partir del cual se deparó la desvergüenza de la cual se valió el alto gobierno para encubrir los efectos de tan perversa condición.

Tal ha sido el grado de perturbación que ha servido al régimen socialista para soportar el peso de sus atropellos, que Venezuela dejó de ser un Estado democrático y social para ser un “Estado fallido” caracterizado por el impudor desde el cual ordena arbitrariedades como medidas políticas o económicas. Ahora el Estado venezolano, lejos de ser un Estado de Derecho, se convirtió en un Estado de impudicia en medio del cual se erige un Estado de necesidad impulsado por las carencias que matizan su paisaje.

O sea, un Estado tan demolido en su base estructural, que debió organizarse con base en el hambre que incitó el funcionamiento epiléptico de sus instituciones. Instituciones que, a su interior, se contaminaron de achaques éticos y morales.Situación esta que devino en una calamidad que paralizó su musculatura.Ello le ocasionó una aguda paraplejia que obligó al país a retroceder en el tiempo, rebajándole indicadores de desarrollo que en otrora llegaron a ser referentes internacionales. Asimismo, sucedió con la calidad de significativos procesos sociales y económicos.Igualmente, el resentimiento del Gobierno sirvió para que confiscara buena parte de capacidades y potencialidades nacionales.

La crisis que se dio a consecuencia de tanta indolencia, llevó a Venezuela a verse perdida entre crudas ironías y paradojas que sólo reflejaron la desgracia alcanzada. Gracias al despótico modelo gubernamental implantado. De hecho, la nutrición del venezolano cayó a niveles de impresionante depauperación. Sólo entre 2016 y 2017, el precio de la canasta básica, medidor propio de la economía para comparar razones y efectos de desarrollo económico, sufrió un alza que superó un incremento de 2.000%

Sin embargo, el Gobierno central, arrogándose facultades plenipotenciarias para decidir por encima de las obviedades de la vida, creó los llamados Comité Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, con el fin de distribuir alimentos según criterios que en poco o nada respetan las necesidades y preferencias de la alimentación del venezolano. Pues como bien expresara el primer ministro británico en tiempos de la segunda Guerra Mundial, Winston Churchill: “La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de la miseria”.

En el fragor de tan agorera distribución de alimentos, la intemperancia y el envalentonamiento de quienes humillan inmisericordemente al venezolano al momento de vender dichas bolsas o cajas de productos, comprados a desdén de políticas que pudieran beneficiar ciertamente la producción nacional de alimentos, se convierten en razones para dejar ver que dicho mercado funciona cual mecanismo de extorsión. Y más aún, con la fuerza de arrastre para poner al descubierto la manipulación que sirve al Gobierno para controlar, dominar y manipular la población venezolana. Incluso, para excluir a quienes son fuentes de resistencia política.

Tan cuestionado acto de rampante humillación, tiene distintas lecturas que sirven para hacer ver al resto del mundo que la acción de distribuir alimentos, no representa solidaridad alguna. Mucho menos, nada que signifique “respeto a la dignidad de la persona”. Tampoco, “promoción de la prosperidad” tal como enuncia el artículo 3 constitucional cuando exalta el papel del Estado en cuanto refiere la defensa y el desarrollo del venezolano como propósito fundamental.

Esto no refleja otro hecho distinto que la envolvente crisis que agobia a Venezuela. Una crisis de compleja naturaleza, dada la intervención de múltiples variables que el Ejecutivo nacional pretende resolver acudiendo a tan apenada forma de marcar la pobreza.

Y que en pocas palabras, es lo que define un “Estado fallido”. Es decir, un Estado que ha perdido la capacidad de promover las capacidades y potencialidades de una sociedad que tiene mucho por dar.

Cabe agregar que dicho estado de pobreza, revela el equivocado uso que el alto Gobierno venezolano le da al término “soberanía alimentaria” el cual, ni siquiera, ha servido para infundir la temeridad suficiente para salirle al paso a las deficiencias que impiden el desarrollo integral de la nación. Y todo sucede de tan manida forma, porque en verdad no posee ni la razón ni la disposición para llevar adelante el combate natural que impone el inconcluso manejo de la incertidumbre. Sobre todo, cuando galopan temores políticos que anuncian tempestades.

Lo que está viéndose con este accionar gubernamental, que sólo habla de la indolencia que padece el régimen, es lo que está de fondo en esta Venezuela socialista. O sea, un cruda barbarie social.

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores

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