El Estado era responsable de la vida del concejal Fernando Albán, afirman defensores de DDHH

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“Por acción u omisión”. La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab), Ligia Bolívar, insistió que el Estadoes responsable” y “tiene que rendir cuentas sobre la vida, seguridad e integridad de cualquier persona que esté bajo su custodia”, como era el caso del concejal de Caracas, Fernando Albán.

Recalcó que la primera violación de derechos ocurrió cuando transcurridas 48 horas del arresto del concejal, por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el político no fue presentado a los tribunales, como establece la ley.

Bolívar insistió en que, incluso si se comprobara que el concejal se quitó la vida -como afirman en la versión oficial– “hay una responsabilidad del Estado, porque esa persona estaba en una instalación donde tenía que estar asegurada. Es una persona que falleció en custodia del Estado y de manera violenta”.

La investigadora también condenó la declaración del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab. Aseguró que el lunes 8 de octubre el funcionario declaró que Albán se había suicidado “sin que hubiera pasado un médico forense por ahí”.

“Fue una declaración inoportuna del fiscal impuesto en relación a un hecho que está en proceso de investigación. Eso ya genera todo tipo de dudas y de desconfianzas en relación con la versión oficial, y es lo que lleva a muchas organizaciones a pedir otro tipo de actuación independiente”, dijo.

Por su parte Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana para la Libertad, coincidió en que la responsabilidad del respeto a los derechos humanos de las personas que permanecen en prisión es del Estado. Agregó que es necesario identificar a los funcionarios del Sebin que tenían asignada la custodia de Albán.

Además recordó que la Constitución hace una mención especial de cómo el Gobierno debe garantizar la vida de quienes permanecen en prisión.

Ambos activistas por los DDHH se mostraron escépticos frente a que se desarrolle una investigación imparcial por parte de las autoridades.

“La muerte del concejal Fernando Albán es un crimen de Estado”, sentencia Provea

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