Después de 13 años, tres personas tienen la posibilidad de llevar una denuncia por discriminación política ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Entre ellas están Rocio San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang, quienes trabajaron en el Consejo Nacional de Fronteras (CNF) hasta marzo de 2004.
“La discriminación política se está perfeccionando en Venezuela. Primero fue la Lista Tascón, luego Maisanta y ahora es el Carnet de la Patria“, dijo Rocío San Miguel durante su interrogatorio como presunta víctima, pues en marzo de 2014 ella fue despedida, luego de que la lista de 3.000.000 de venezolanos que firmaron para solicitar un revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez.
De acuerdo a su ponencia previa al interrogatorio ella fue despedida por José Vicente Rangel, quien para ese momento era el presidente del organismo, al igual que tres personas más: Peña, Chang y Jorge Guerra (quien posteriormente fue reenganchado).
Ella aseguró que el periodo convocado por el Consejo Nacional Electoral para ese derecho político fue el de 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2003 y que al día siguiente de haber terminado el proceso, Diosdado Cabello (Ministro de Infraestructura, en ese año) dijo que la lista de los firmantes sería expuesta. El 15 de febrero de 2004, el presidente Chávez pidió al CNE que le entregaran estas listas al diputado Luis Tascón y el 16 de febrero el presidente del Poder Electoral así lo hizo.
“Para finales de febrero, se hicieron públicas por la página www.luistascon.com y además se reprodujeron en CD’s que podían ser comprados en buhoneros. Todo el mundo podía meter una cédula y saber si había o no firmado en contra del Presidente. Ya cuando se hicieron las denuncias a la Defensoría del Pueblo y otras instancias, esta información podía ser consultada en la web del CNE”, manifestó San Miguel.
Ella señaló que debido a este despido injustificado, tuvo problemas familiares, fue estigmatizada e incluso su entonces esposo y su actual cónyuge sufrieron despidos también.
“El problema de pedir justicia para los derechos políticos no es ser humillado, sino que cuando uno decide hacer pública la denuncia es estigmatizado”, agregó a las aseveraciones de que ha sido víctima de dos atentados físicos y múltiples morales a través de las redes sociales.
Las preguntas realizadas por representante del Estado venezolano ante el Sistema Internacional de DDHH y también secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, estuvieron dirigidas a precisar fechas de la publicación de la Lista Tascón, día del despido de las cuatro personas del CNF y conocer detalles de los atentados que San Miguel denunció. También buscó conocer los nombres del esposo de la denunciante en 2004 y de su actual cónyugue.
“Estar aquí es un acto de reparación para mi familia y la de las otras víctimas. Es la primera vez que hemos sido escuchadas por jueces independientes. Yo soy abogada y quiero volver a creer en la justicia“, expuso San Miguel cuando uno de los jueces de la CIDH le preguntó sobre sus expectativas al finalizar la audiencia.
Para la 1:30 pm, solos dos peritos de los 30 que estudiaron el caso había expuesto sus conclusiones a la corte.
En el caso del especialista argentino Roberto Pablos Salas aseveró que el tipo de actuaciones denunciadas por San Miguel se trata de una discriminación encubierta “silencia y ataca la libertad de expresión porque una firma es una manifestación de voluntades“.
Por su parte, el perito venezolano Román Duque Corredor aseguró que los funcionarios públicos deben guardar lealtad al Edo, pero solo en cuanto a su trabajo, pero que un funcionario público al igual que cualquier otro ciudadano debe estar protegido, secreto del voto debe ser garantizado. “Si un funcionario firma para activar un mecanismo constitucional no puede decirse que está vulnerando su lealtad a la administración pública”, expuso.
La “Lista Tascón” fue una base de datos publicada en la página web www.luistascon.com en 2004, que contenía los nombres, apellidos y números de cédula de identidad de todas las personas que firmaron para solicitar la activación del referendo revocatorio del mandato presidencial.
Entre los peritos expertos se encuentran Román Duque Corredor, Ana Julia Jatar, Colette Capriles, y Oscar Lucien, entre otros, quienes ofrecerán sus declaraciones sobre diferentes aspectos relacionados con la discriminación política en Venezuela y el marco jurídico que rige a los funcionarios públicos.