Corte Penal Internacional ha condenado a cuatro personas mientras ocho esperan juicios en La Haya

La presión por abrir una investigación al presidente Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI) está aumentando. A las peticiones de diversos Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) de presentar el expediente ante la CPI sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela se unen las denuncias de diputados de Colombia y Chile, así como las de la fiscal general destituida por la ANC Luisa Ortega Díaz por la muerte de ocho mil personas. El tribunal internacional ha abierto una investigación preliminar sobre el país, pero su fiscal tiene la última palabra en abrir un caso formal.

Desde su entrada en funcionamiento en 2002, la Corte Penal Internacional ha emitido 34 órdenes de arresto, adelanta 11 investigaciones principales y 10 exámenes preliminares, incluyendo el de Venezuela iniciado en febrero de 2018 por los ataques contra la población en las protestas antigubernamentales a partir de abril de 2017. Su avance se puede consultar aquí.

De los 19 casos que se han cerrado, tres cumplen sentencias; dos ya las cumplieron; a diez le fueron retirados los cargos o no fueron acusados y cuatro imputados murieron antes del juicio, incluyendo Muammar Gaddafi, quien murió tras una operación militar internacional en Libia, nación de la que era Jefe de Estado desde 1969.

Hasta ahora la CPI sólo ha emitido sentencias para situaciones e individuos africanos. Sin embargo, las investigaciones preliminares se realizan en Afganistán, Colombia, Gabón, Guinea, Irak, Reino Unido, Palestina, Nigeria, Ucrania y Filipinas, que ha declarado intención de salir. Las investigaciones principales corresponden a Uganda, Congo, Sudán, República Centroafricana, Libia, Kenia, Costa de Marfil, Mali, Burundi y Georgia.

Ha emitido cuatros condenas. En su sede posee prisiones para la presentación de los indiciados ante los tribunales, pero los países firmantes pueden disponer el lugar del cumplimiento de condenas. En 2011, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó un acuerdo con la CPI para que cumplan la sentencia en el país los ciudadanos colombianos que fuesen condenados por este tribunal internacional. No se realizan juicios sin la presencia del acusado.

Arrestos

15 personas han estado en las prisiones de la CPI en su se de en La Haya, Holanda. Cuatro han sido condenados, seis están en juicio y dos están en espera del inicio de sus procesos legales. Charles Taylor salió en 2013 para ser juzgado por la Corte Especial de Sierra Leona y cumplir una sentencia de 50 años en el Reino Unido. Los otros dos son rebeldes congoleños liberados por falta de evidencia suficiente. Hay 12 fugitivos, incluyendo a uno de los hijos de Gaddafi, liberado por los rebeldes opositores.

Uno de los arrestados más importantes es el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, en custodia en La Haya desde noviembre de 2011. Está acusado junto a Charles Goudé, también en las celdas de la CPI desde marzo de 2014, por asesinato, violación y persecución que se habrían cometido tras las elecciones de 2010 en el país africano.

Gbagbo es el primer exjefe de Estado bajo custodia de esta corte. Su esposa también está indicada como corresponsable de los delitos, pero está detenida en Costa de Marfil donde ha sido sentenciada a 20 años de prisión. Otras dos personas cumplen condenas en sus países a pesar de no estar en custodia de la CPI.

Otro arrestado destacado es Dominic Ongwen, acusado de 70 crímenes de guerra en los campos de desplazados internos en Uganda, incluyendo los de género por los matrimonios y embarazos forzosos, así como tortura, asesinato y reclutamiento de niños menores de 15 años como soldados. Lideraba la guerrilla llamada Ejército de Resistencia del Señor. Está en La Haya esperando juicio desde enero de 2015.

Pero la primera orden de arresto fue emitida contra un mandatario en ejercicio. El presidente de Sudán, Omar al Bashir, tiene orden de arresto de la CPI desde el 4 de marzo de 2009 por crímenes de guerra y lesa humanidad, como asesinatos en masa contra la población civil de la región de Darfur entre 2003 y 2008, tras una disputa por el derecho a la tierra en medio de la sequía.

En julio de 2012 fue emitida una segunda orden, que ahora incluía genocidio contra tres tribus en Darfur. Llegó al poder en 1989 por un golpe de Estado militar y desde 1993, es presidente por medio de una nueva constitución. Ha sido elegido tres veces en comicios considerados fraudulentos. Se le señala de haber dado refugio a Osama Bin Laden y Carlos Ilich RamírezEl Chacal“, entre otros terroristas, y de apoyar a Saddam Hussein en su invasión a Kuwait.

Bashir sigue al frente de su país, a pesar de haber perdido un referendo que independizó a Sudán del Sur y no ser reconocido como presidente en la región de Darfur. La Unión Africana y otras organizaciones regionales, así como China y Rusia, rechazan la sentencia y Sudáfrica se negó a detenerlo en una visita presidencial de 2015.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional exigen al Gobierno de Sudán detener a Bashir e incluso piden que él mismo se entregue para afrontar las acusaciones. Ha podido viajar a países vecinos firmantes del Protocolo de Roma sin ser arrestado, pero tiene una área limitada de movimientos.

Cuatro condenados

El 10 de julio de 2012 fue sentenciado Thomas Lubanga. Los rebeldes de la Unión de Patriotas Congoleños a su mando fueron acusados de masacres étnicas, asesinato, tortura, violación, mutilación y reclutar a niños menores de 15 años para convertirlos forzosamente en soldados. Su juicio inició en enero de 2009, recibiendo una sentencia de 14 años de prisión que se contarían desde su arresto en 2006. Podrá salir en marzo de 2020.

Se le acusa por haber comandado entre 2002 y 2003 a su grupo armado en el asesinato de 800 civiles, presuntamente por su etnia, en una región altamente rica en oro; destruido 26 aldeas, asesinado a 350 personas y forzando a 60 mil a desplazarse forzosamente, además de haber reclutado a tres mil niños con entre 8 y 15 años de edad en la región de Ituri en el Congo.

También extorsionaba a las familias con “impuestos de guerra“. Transformó su guerrilla en un partido político durante el proceso de paz, pero fue arrestado en 2005 por su relación con el asesinato de nueve funcionarios de la ONU. Al año siguiente fue enviado por el Gobierno del Congo a La Haya.

El 7 de marzo de 2014 se emitió la segunda sentencia. Esta vez contra Germain Katanga, exlíder de la Fuerza de Resistencia Patriótica en Congo, por delitos de guerra y contra la humanidad incluyendo conducir delitos de asesinato, esclavitud sexual, violación, destrucción de propiedad y pillaje en el mismo conflicto armado que Lubanga, pero en el cual se enfrentaron.

Sus delitos los habría cometido en un ataque a la villa de Bogoro, donde los rebeldes armados asesinaron al menos a 200 civiles, encerrando a los sobrevivientes en un cuarto con cadáveres y esclavizando sexualmente a mujeres y niñas en 2003, además de haber participado en una masacre de 1.200 personas en un hospital en 2002.

En 2004, Katanga recibió el cargo de general de las Fuerzas Armadas del Congo como parte del proceso de paz en el país, pero fue arrestado un año después por su relación con el asesinato de los nueve funcionarios de la ONU. No fue acusado de ningún delito hasta 2007 cuando fue enviado a La Haya.

El juicio inició en noviembre de 2009, durando 4 años y cuatro meses. Recibió una condena de 12 años el 23 de mayo de 2014, de los cuales siete los cumplió en la sede de la CPI y desde diciembre de 2015 en una prisión en la República Democrática del Congo. Salió libre el 18 de enero de 2016.

El tercer condenado es el yihadista Ahmad Al Mahdi Al Faqi, asociado con Al-Qaeda y entregado a La Haya por Nigeria. Recibió una sentencia de nueve años de prisión en septiembre de 2016 por haber destruido nueve mausoleos y una mezquita que estaban declaradas Patrimonio Cultural de la humanidad en Timbuktú, Mali.

Fue el primero en declararse culpable, afirmando estar arrepentido y advirtiendo a otro no cometer actos similares. Sus crímenes fueron de guerra pues se basaron en atacar monumentos históricos con fines de daño religioso y no militar. Según la ONG Coalición por la CPI, este caso fue un claro avance en mostrar la competencia de la Corte en dar justicia a distintos tipos de víctimas y daños.

El más reciente condenado es Jean Pierre Bemba, también exlíder guerrillero congoleño, quien fue declarado culpable el 21 de marzo de 2016 por cinco crímenes de guerra y contra la humanidad, incluyendo por primera vez la violencia sexual como arma de guerra y responsabilidad de mando durante un intento de golpe de Estado en la vecina República Centroafricana. Su sentencia es de 18 años, que está siendo apelada por Bemba.

Tiene apoyo de parte de un sector de la población congoleña porque su grupo armado, el Movimiento por la Liberación del Congo, ocupó militarmente una región del país que estaba empobrecida, diezmada y bajo amenaza de bombardeo por el Gobierno. Junto a la ONU, reconstruyó la infraestructura escolar, sanitaria y agrícola, permitiendo la entrada de medicinas y la exportación de café.

Después del proceso de paz, cuando convirtió su grupo en un partido político, ocupó los cargos de senador y ministro y antes fue uno de los cuatro vicepresidentes del Gobierno de transición del Congo entre 2003 y 2006. Llegó segundo en las presidenciales de ese año y fue elegido senador un año después.

Está arrestado en La Haya desde julio del 2008, después de ser detenido en Bruselas, Bélgica, en un “auto-exilio” tras abandonar el Congo, en un segundo intento de levantamiento armado en su país. Una segunda orden de arresto fue emitida en 2010 por un segundo caso, por lo que espera una nueva sentencia más larga.

Un caso emblemático

En el caso de Kenia, los seis indiciados fueron liberados cuando la Fiscal retiró los cargos, siendo uno de los reveses sufridos por la CPI, el cual a su vez supuso aprendizajes sobre la interferencia de los testigos. Aunque se emitieron sentencias para reparación de las víctimas de la violencia post-electoral en ese país, aún no se señalan responsables de la misma. Uno de los que habían sido acusados es el actual presidente del país africano, Uhuru Kenyatta.

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