Lula, un expresidente obrero perseguido por la sombra de la corrupción

Acusado por los delitos de lavado de dinero mediante ocultamiento de patrimonio y falsedad documental, la Fiscalía de São Paulo solicitó la prisión preventiva para el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el llamado presidente “más popular” de la democracia brasilera y el fundador del Partido de los Trabajadores (PT).

“Yo que durante tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, consigo mi primer diploma, el título de presidente de la República de mí país” dijo entre lágrimas Lula en su discurso de posesión en el 2003, luego de tres intentos previos frustrados para alcanzar la primera magistratura.

Ahora, a seis años de finalizar sus funciones como primer mandatario de la nación suramericana, según la acusación de la Fiscalía, el expresidente y su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, ocultaron la propiedad de un apartamento de lujo, a nombre de la constructora OAS, en el litoral de São Paulo, municipio Guarujá.

Su historia en esta localidad se remonta a 1952, cuando arribó con su familia desde su pueblo natal Caetés, en el estado de Pernambuco. En las calles de Guarujá, obtuvo su primer trabajo limpiando botas con apenas 12 años; dos años más tarde conseguiría un puesto como obrero en una planta de producción de tornillos, labor que le abriría el sendero de la política.

Lula inició su labor sindicalista en 1968 cuando su hermano mayor, Frei Chico apodado José, fue hecho preso y torturado por el régimen militar, dados sus vínculos con el ilegalizado Partido Comunista Brasileño. Su lucha por las reivindicaciones laborales y cobertura social sirvieron de génesis para que en 1980 fundara el Partido de los Trabajadores, organización de izquierda con tendencia socialista y trotskista.

La tolda política que le hizo ganar la presidencia de Brasil en 2002, con el mayor caudal de votos en la historia democrática de este país: 52 millones 400 mil, equivalentes al 61% de las papeletas, desde 2005 se ha visto salpicada porque varios de sus miembros directivos y representantes gubernamentales fueron acusados de corrupción.

Recientemente, el gobernante que sacó a 30 millones de personas de la pobreza y consolidó la clase media, recibió un duro golpe: la policía lo saco de su casa para interrogarlo sobre su presunta participación en una trama corrupta vinculada con la estatal petrolera Petrobras.

Aunque Lula reaccionó diciendo que “no le teme a nada” y que era víctima de “un espectáculo mediático”, los investigadores del caso aseguraron tener indicios de que el expresidente recibió beneficios disimulados de la red de sobornos de Petrobras, como las reformas de dos viviendas que frecuentaba con regularidad pagadas por las constructoras Odebrecht y OAS.

Los vínculos con Venezuela y la Revolución Bolivariana

Los fiscales de lucha contra la corrupción en Brasilia investigaron las influencias de Luiz Inácio Lula da Silva “con los gobiernos amigos”, entre ellos Venezuela, a favor de la constructora Odebrecht y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), con el objetivo de agilizar trámites de los contratistas en el extranjero.

Entre los hallazgos, destacan los viaje que Lula da Silva hizo en aviones privados de Odebrecht para reunirse con otros jefes de Estado, considerado incluso como su modus operandi. La contratista financiaba los viajes bajo el concepto de “conferencias” a cambio de que el expresidente intercediera por ellos. El resultado fue que después de esas “conversaciones” el Bndes liberaba cuotas de financiamiento al país visitado, siempre a favor de Odebrecht.

En noviembre de 2009, el Bndes aprobó un financiamiento de 741,1 millones de dólares para que Odebrecht construyera dos líneas de transporte subterráneo (Metro) en Venezuela. Esta operación resultó de una reunión realizada entre Lula y Hugo Chávez en mayo de ese año.  Los dos líderes se reunieron en Salvador de Bahía, donde acordaron que el banco estatal brasileño tendría una mayor participación en las inversiones de infraestructura venezolana.

Apenas comenzó la construcción, la constructora recibió pagos por adelantado que no se correspondían con los avances físicos del proyecto, violando los procedimientos del Bndes. Ya para 2011, el Gobierno de Venezuela adeudaba mil millones de dólares. Coincidentemente, en junio de ese año, Lula dio un discurso en Caracas financiado por Odebrecht.

Según los telegramas secretos (no publicados) del Ministerio de Asuntos Exteriores, los días previos a la llegada del expresidente brasileño a Caracas, el canciller venezolano de ese entonces, Nicolás Maduro, le explicó a un diplomático de Brasil que había recibido instrucciones de Chávez para “pagar las deudas con Odebrecht”.

Lula se reunió el mismo día con Emílio Odebrecht, padre de Marcelo Odebrecht, investigado en la Operación Lava Jato, y Chávez. Al día siguiente de esa reunión, el embajador de Brasil en Venezuela, José Antonio Marcondes de Carvalho, dijo en un mensaje diplomático privado: “Tengo hoy la confirmación de la equiparación de la deuda pública venezolana a la constructora brasileña Odebrecht.”

Pero esto solo un pedazo del pastel. La publicista Mônica Moura fue arrestada por su supuesta implicación en la corrupción en la petrolera brasileña Petrobras y afirmó que la constructora Odebrecht hizo pagos ilegales a las campañas electorales de varios países, entre ellas, la del difunto presidente Chávez.

Moura aseguró que la campaña del fallecido mandatario venezolano en 2012 costó 35 millones de dólares y se pagó en su mayoría con fondos “no contabilizados” de forma legal, procedentes de “varios donadores”.

Las aspiraciones

A los 70 años de edad, el exsindicalista sigue siendo una figura poderosa en Brasil, donde muchos lo ven como un potencial candidato presidencial para las elecciones de 2018. Falta por vislumbrar si lo afectarán o no, las acusaciones que pesan en su contra actualmente.

Lo cierto es que la denuncia hecha por la Fiscalía de São Paulo no significa que Lula da Silva es un criminal; eso solo ocurrirá si la justicia de Brasil admite el pedido. En este país, la pena impuesta por el delito de lavado de dinero es de tres a diez años de cárcel más una multa, mientras que el crimen de falsedad documental acarrea una condena de uno a cinco años de prisión más una multa.

Con información de EFE, BBC Mundo, Instituto Lula y Época

Fotografía: Ricardo Stuckert/Instituto Lula