Provea reporta retroceso en derechos humanos durante 2014

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su informe de 2014, año que se caracterizó por la profundización de la crisis económica, política y social en el país. lo cual determinó -de acuerdo con el estudio- la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El documento destaca para este 2014 hubo una regresividad en derechos humanos. Explica cómo la obstrucción de la contraloría social,  la militarización de la seguridad y la criminalización del trabajo de las ONG por parte de funcionarios del Estado perjudican los derechos, así como la creciente  impunidad.

La  inflación, que se ubicó en 68,5%, generó que el poder adquisitivo del venezolano se redujera, a pesar de los aumentos de salario mínimo ordenados desde el Ejecutivo. Las proyecciones en materia de pobreza preocupan a la ONG.

La escasez y desabastecimientos de alimentos y otros productos golpeó la calidad de vida de los venezolanos de acuerdo con el informe.De sector salud que presentó escasez generalizada de insumos, materiales y reactivos médicos e incidió en la paralización de servicios.

 Provea destacó la privatización de la salud por vía de hecho, ya que el mal estado de los hospitales generó que 50% de los pacientes acudiera a clínicas privadas. 

Llamó la atención la implosión de la Gran Misión Vivienda que obtuvo 50% menos recursos que en 2013, con lo que construyó 64.680 viviendas. Cifra muy lejana a las 201.074 del año anterior.

La dificultad o imposibilidad para el acceso a la información pública se identifica como  una constante en cualquier ámbito a tratar a lo largo del documento: desde las cifras de inflación, la no publicación del Boletín Epidemiológico de la Semana 52, hasta las cifras oficiales en relación con las tierras rescatadas, entre otros.

La ONG decidió dejar de monitorear derechos civiles y políticos a partir de 2014 para evitar la duplicidad de esfuerzos y las posibles incoherencias en los resultados con otras organizaciones que vienen realizando ese trabajo.

Como aspectos positivos la organización destacó la inamoviliad laboral y el aumento de la matrícula en educación inicial.

*Derecho a la alimentación

-El informe reconoce la influencia de la Gran Misión Alimentación en la distribución de los alimentos a la población más necesitada con hasta 80% de subsidio al costo total del producto, pero subraya el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos a raíz de la escasez y el desabastecimiento de alimentos durante este año.

Refirió las últimas cifras reportadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) para el tercer trimestre de 2014, en el que se reporta que hubo 29,4% de escasez. Es decir, un aumento de 7,4% en comparación con el 22% registrado para finales de 2013. El mismo informe del BCV indicó que para finales del tercer trimestre de 2014, 19 rubros de consumo básico registraban serios problemas de abastecimiento.

-Sobre la posibilidad de cubrir el costo de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN), Provea sostiene que se ha reducido. Resalta el aumento en los precios de muchos alimentos que, además de la depreciación de la moneda, desmejoró el poder adquisitivo del venezolano. Desde 2008 hasta 2014 el costo de la CAN acumula una inflación de 727,74%. En 12 años, la inflación general acumulada es de 1.706,51% y la de alimentos se ubica en 3.911,74%.

-Subrayan la diferencia entre los precios regulados y los precios del mercado, que alcanzó 563,7% de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas).

 

ALIMENTACION

 

*Derecho al ambiente sano

-La organización considera que durante 2014 la situación más resaltante en materia del derecho al ambiente sano fue la eliminación del Ministerio del Ambiente, cuyas responsabilidades y funciones estuvieron en el aire por un tiempo.

-La “usurpación” por parte del Ministerio de Turismo y el Ministerio de Vivienda hacia el Instituto Nacional de Parques en la gestión de parques nacionales como Morrocoy, Los Roques, Mochima y Laguna de La Restinga, resultó en la intervención de los mismos con obras civiles que violan mandatos constitucionales que obligan a los estudios de impacto ambiental y sociocultural de los mismos.

– Provea alerta que la capacidad de los vertederos y rellenos sanitarios está llegando a su tope en distintos municipios.

-Otro de los temas  evaluados en 2014 fue el de la minería ilegal. De acuerdo con la ONG, el Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (Ciev) aseguró que la actividad minera en el sur del estado Bolívar aumentó 40% respecto de 2013. Eso se conoció aun cuando el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, declaró que el Parque Nacional Canaima había obtenido la categoría de “territorio libre de minería ilegal”. Se reportó que indígenas dedicados a la minería artesanal denunciaron extorsión por parte de funcionarios militares y que en algunas zonas de Guayana hasta a 92% de las mujeres indígenas se les detectaron altos niveles de mercurio, lo cual revela el impacto de la contaminación por actividades de minería en la zona.

 

AMBIENTE

 

*Derecho a la educación

– La organización calificó de “muy relevante y positivo” la realización de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Este proceso tuvo como finalidad generar las bases para el desarrollo del plan educativo de la nación para los próximos 10 años.

-El informe también rescata como positivo la matrícula de educación inicial que tuvo un incremento de 6,8% respecto del lapso anterior. Aumentó tanto el sector oficial (7,2%) como el privado (5%), lo que significó parar la tendencia negativa que se venía dando y además logró el número total más alto en toda la década.

-El nivel de primaria continúa su recuperación, tanto en las dependencias oficiales (0,4%) como en las privadas (1,7%) para lograr un 0,6% global. En el primer segmento de educación media que va de 1er a 3er año, hubo un crecimiento de 0,7% respecto del lapso anterior y se consolidó la tendencia positiva. En el segundo segmento hubo un incremento interanual de 0,8%.

-Destaca  que en términos absolutos los 3.473.886 alumnos inscritos en este período están por debajo de la cifra de 3.521.139 lograda en el período 2006- 07. El nivel creció 0,7% en forma global si se considera la década, pero hubo una disminución de 4% en las dependencias oficiales y un crecimiento de 29,5% en las dependencias privadas.

-El país cuenta con 27.460 planteles; es decir, un crecimiento interanual de 1,3% respecto del lapso anterior, siguiendo con la tendencia creciente. Provea considera que aún son insuficientes para incluir a la población en edad escolar que aún se encuentra fuera del sistema.

-En el sector universitario sobresalieron las denuncias de representantes de asociaciones y federaciones de profesores universitarios sobre renuncias y éxodo masivo de docentes a otros países, debido a los bajos salarios que perciben y a las malas condiciones de trabajo.

-La inversión en educación como porcentaje del PIB se mantiene en 4,9%, tal como estaba en 2010, luego de haber llegado al 6,4% en el año 2006.

 

EDUCACION

 

 *Derechos laborales

-Se generó un leve incremento en la tasa de ocupación y la población económicamente activa durante el 2014. Se continuó con la política de inamovilidad laboral y se aumentó el salario mínimo.  Un total de  245.851 trabajadores y trabajadoras se beneficiaron mediante la homologación de 452 convenciones colectivas.

– De acuerdo con Provea,  el Gobierno adoptó medidas económicas que impactaron negativamente en la calidad de vida de los trabajadores en un contexto de alta inflación, el salario real insuficiente para cubrir las necesidades básicas a pesar del aumento. El  BCV informó que al cierre de 2014 la inflación en alimentos se ubicó en 102% mientras que el Cendas indicó que la cesta de alimentos subió 106,4%.

– El derecho a la huelga y a la manifestación pacífica se vio restringido. Por parte del Ejecutivo Nacional, la organización detectó la criminalización del ejercicio de la libertad de los derechos laborales y desconoció convenciones colectivas.  Gobierno descalificó y continuó con la persecución de sindicalistas  por participar en conflictos laborales.  En 2014, Provea registró la detención de 50 trabajadores por parte de los órganos de seguridad del Estado en ejercicio de derecho a la libertad sindical.

-El asesinato de trabajadores y dirigentes sindicales siguió afectando al sector laboral del país. La ONG contabilizó 35 sindicalistas asesinados y seis heridos, la mayoría como consecuencia de disputas entre sindicatos por la venta de puestos de trabajo o por el control de obras en el sector de la construcción.

 

TRABAJO

 

*Derechos de los pueblos indígenas

-En 2014 continúa el estancamiento y retroceso en materia de derechos indígenas. A pesar de la obligación constitucional de demarcación de los territorios indígenas, tras 15 años de aprobada la Constitución sólo se ha demarcado el 12,4 % de comunidades. El proceso se ha asumido con lentitud en este último período.

-En el año 2014 ha continuado el hostigamiento contra los Yukpas de la Sierra de Perijá, con saldo de un indígena asesinado, el intento de homicidio contra Silverio Romero -hijo del cacique Sabino Romero-, varios heridos por arma de fuego, así como el desalojo violento por parte de terceros de las fincas en proceso de demarcación sin la protección por parte de efectivos militares que custodian las zonas.

-El juicio por la muerte de Sabino Romero condenó a 7 años de prisión a los policías que confesaron su participación en el hecho, pero no se inició proceso contra los presuntos autores intelectuales.

-ONG Laboratorio de Paz realizó una investigación sobre asociación indígenas en la que el 100% opinó que los indígenas son obligados a realizar actividades proselitistas para ser incluidos como beneficiarios de las políticas públicas o ser tomados en cuenta por el Estado.

 

INDIGENAS

 

*Derecho a la salud

– En 2014 el informe resaltó la escasez generalizada en materia de insumos básicos, material médico quirúrgico, repuestos para equipos, reactivos para exámenes y medicinas –la gran mayoría importados- que afectó tanto a los centros de salud públicos como a los privados y, a todo el sector salud en general, en el que también se encuentran farmacias, laboratorios, proveedores y distribuidores

-El número de denuncias registradas sobre deficiencias de los centros públicos de salud pasó de 1.976 en 2013 a 2.665 en 2014, lo que representa un aumento de 35%.

-Una encuesta realizada en 130 hospitales públicos de 19 estados del país, por Médicos por la Salud (Red de médicos residentes de hospitales públicos) en marzo de 2014 se detectó 38% de los quirófanos inoperativos, 28% de los centros sin suministro de agua permanente, 19% sin equipos de rayos X, 22% sin equipos de ecografía y 47% sin tomógrafos. Además, 55% se encontraba con falla moderada o grave de insumos básicos.

-Este año el Ministerio para la Salud dejó de publicar el Boletín Epidemiológico de la Semana 52, correspondiente al mes de diciembre del año 2014.E Esto determinó que Provea no pudiera obtener cifras totales de enfermedades y muertes que se notifican con carácter obligatorio allí.

-Se aprobó la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH en diciembre de 2014.

 

SALUD

 

*Derecho a la seguridad social

– Según las publicaciones del IVSS en la prensa nacional, durante 2014 fueron pensionadas por veje, conforme a la Ley del Seguro Social, solo 18.936 personas, cifra inferior a la de 2013, cuando resultaron beneficiadas 95.858 personas

– Durante el período se continuó recibiendo denuncias sobre la mora injustificada en el pago y trámite de pensiones regulares, lo que contribuye a corroborar el descenso de este beneficio, según las mismas cifras oficiales.

– También se denunció retrasos en el pago del incremento del salario mínimo nacional y falta de dotación de medicinas.

– Luego de tres años de ejecución, la Gran Misión Amor Mayor Venezuela no ofrece resultados que permitan valorar su impacto respecto del objetivo de reducir la pobreza.

*Derecho a la tierra

– Provea reconoce que el Ejecutivo Nacional mantiene su interés por democratizar el uso de la tierra. Continúa el proceso de regularización de tierras. Se rescatan 40 predios que abarcan una superficie de 43.620,22 hectáreas distribuidas en doce estados del país

– En el período, se continuó con la política de facilitar créditos de la banca pública y privada a los pequeños productores campesinos. En 2013 se registró el aumento de la producción nacional de alimentos con respecto a 2012, Venezuela continúa requiriendo de las importaciones para satisfacer la demanda nacional de alimentos, la cual viene en aumento por el crecimiento poblacional

– Una medida positiva fue la implementación del impuesto a la tierra ociosa y su uso no conforme

– Durante 2014 los campesinos continuaron enfrentando arbitrariedades por parte de funcionarios policiales así como de supuestos paramilitares en el estado Zulia. Organizaciones de campesinos en los estados Barinas y Lara denunciaron el asesinato de líderes campesinos bajo la modalidad de sicariato. Los casos de líderes campesinos asesinados desde 2001 por defender su derecho a la tierra se mantienen en impunidad, por lo que los familiares de las víctimas continúan organizados para exigir justicia. Hasta 2013 Provea había registrado el asesinato de 122 campesinos en conflictos relacionados con la tenencia de la tierra desde 2000.

– Las cifras oficiales definitivas en relación con el total de tierras rescatadas y regularizadas desde que se inició la lucha contra el latifundio siguen siendo desconocidas.

 

TIERRA

 

*Derecho a la vivienda

-Estancamiento de la principal política pública en la materia del país: la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Para el año 2013 se construyó la mayor cantidad desde la creación de la misión: 201.074 casas. Sin embargo, para el año 2014 la ejecución logró levantar sólo 64.680 viviendas, una reducción del 310%.

-La opacidad en las cifras e información relativa a las políticas implementadas en vivienda y hábitat tiene como principal afectado a las personas que han sido beneficiadas con una casa y esperan su adjudicación por parte de las instituciones estatales.

-El propio Ministerio de Vivienda alertó sobre el obstáculo que representó para su gestión la reducción del presupuesto destinado para el ente. Durante el 2013 se invirtió la cifra de Bs. 13.151.198.438. Para el año 2014, se redujo a la mitad hasta llegar a los Bs. 6.555.169.481, la menor cifra destinada desde la creación de la GMVV.

 

VIVIENDA

 

*Derechos civiles y políticos

Derecho integridad personal

– Durante el presente período, Provea registró un total de 400 denuncias que incluyen 2.015 víctimas de violación del derecho a la integridad personal.

– Tortura, este patrón tuvo un incremento significativo de 137% con 185 víctimas registradas durante este lapso, frente a 78 en 2013.

– Tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el número ascendió 147% y fueron identificadas 634 víctimas, 378 más que en el estudio anterior.

– 1.032 heridos en el contexto de manifestaciones de diversa índole. (En el caso de los heridos, en 807 casos fue posible determinar el tipo de lesión. Los heridos de bala representaron  18,4% de la totalidad con 149 casos, mientras que los heridos a causa del uso de perdigones representaron 55,2%. Se identificaron 82 personas lesionadas por golpes, 10,1% del total de lesiones identificadas; 133 personas lesionadas por objetos contundentes, descargas eléctricas, sustancias tóxicas, entre otros, para alcanzar 16,4% del total)

– 51 personas fueron objeto de amenazas u hostigamientos y también 51 allanamientos.

-Durante los meses de febrero y julio, el Ministerio Público hizo publica la cifra de 873 lesionados, de los cuales 595 son civiles y 278 son funcionarios públicos, policiales y militares. Según el Informe Anual 2014 del organismo, 30 funcionarios públicos han sido acusados por la presunta violación de garantías fundamentales.

Derecho a la Justicia

Algunas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son contrarias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y continúan con la tendencia a favorecer las posiciones gubernamentales en detrimento de los derechos de los ciudadanos y el deber de decidir con justicia.

-Un caso emblemático fue la destitución de dos alcaldes (Vicencio Scarano, municipio San Diego, Carabobo; y Daniel Ceballos, municipio San Cristóbal, Táchira) pertenecientes a partidos políticos de oposición, en el contexto de las protestas de 2014.

-El retardo procesal continúa siendo un problema estructural en el sistema de administración de justicia.

-Resalta la aplicación de programas y planes en el combate del retardo procesal penal como el Plan Cayapa, el Sistema de Agenda Única en los tribunales del Área Metropolitana de Caracas, el Plan contra el Retardo Procesal que hizo 2.833 audiencias

-El Plan de Descongestionamiento de Casos realizó 296.575 actos conclusivos y desestimaciones, una cifra menor a la alcanzada un año antes.

– TSJ creó la figura de tribunales móviles y 80.556 personas.

 

JUSTICIA

 

Derecho a la libertad personal

-Registraron 3.593 presuntas violaciones del derecho a la libertad personal.

-3.459 casos en el marco de las manifestaciones y huelgas de trabajadores, un aumento de 974%  frente al registro de 2013.

-10 víctimas de detenciones o privación de libertad por razones políticas.

Derecho a la participación

-Se continúa promoviendo un tipo de participación comunitaria que no cumple con las características del derecho a la libertad de asociación y reunión. Se condena la discriminación por razones políticas.

-Presupuesto para el Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales perdió poder adquisitivo producto de la inflación al mantenerse igual que en 2012.

-Provea cuantificó que por lo menos 800.000 personas participaron en manifestaciones en 16 estados del país.

-A través de la reforma a la Ley de Seguridad de la Nación se crea un sistema, a través del cual organizaciones comunitarias son obligadas a hacer labores de inteligencia para el Estado.

Derecho a la vida

-189 personas muertas debido a la actuación deliberada e intencional de algún funcionario de cuerpos de seguridad del Estado. 129 de ellas víctimas de agentes adscritos al Cicpc.

 

VIDA

 

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