Una vez imputado por presuntamente haber incurrido en los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios durante su gestión, el alcalde del municipio Caroní, José Ramón López, fue trasladado a la sede del Sebin en El Tigre, estado Anzoátegui, informó su defensor, Alexander Andrade.
“Todas las denuncias están relacionadas a irregularidades administrativas”, asegura Wilson Castro, coordinador de Primero Justicia (PJ) en Bolívar, respecto de las acusaciones que José Ramón López.
Según Castro, desde el año 2009, concejales y representantes de la oposición presentaron denuncias contra el alcalde ante la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Fiscalía por supuestos casos de corrupción.
Castro afirma que el caso más reconocido es el de la empresa Sisvencorp, denunciado en 2013, la cual estaba dedicada a la recarga de cartuchos de impresoras y diseño de software de recaudación de impuestos. Para su contratación no se realizó el proceso de licitación establecido.
El procedimiento de contratación no es la única irregularidad que señala el coordinador municipal de PJ, acusado por el presidente Nicolás Maduro de ser paramilitar. “De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la capacidad de contratación de la empresa era poco más de 119 millones de los viejos. Según los cálculos que nosotros hicimos para el momento, un contrato por cinco años se aproximaba a 145 millones de dólares ¿Cómo a una empresa con esa capacidad financiera señalada en en el RNC se le entregaba un contrato de esa magnitud?”, dijo Castro.
“Esas denuncias empezaron con la contratación de la empresa en una sesión especial cuando estaba la Cámara Municipal en período de vacaciones, en una sesión extraordinaria, donde solo participaron los funcionarios afectos a José Ramón López”, explica el dirigente.
No obstante, para Castro, el procesamiento judicial de López no se debe a la insistencia en las denuncias ni a la búsqueda de hacer justicia, sino a riñas internas del Psuv.
El abogado Andrade también coincide en que la decisión tomada por el poder judicial es política y obedece a sectores del mismo partido que están en pugna. “Hay enemistad entre el gobernador Francisco Rangel Gómez y el alcalde”, asegura.
Para Andrade, no existen elementos de convicción que prueben la culpabilidad de López: Con respecto al delito de evasión del proceso licitatorio, el abogado argumentó que “no hay pruebas que demuestren que el alcalde se reunió y favoreció a una contratista”. Agregó también que el proceso de licitación fue realizado por una comisión y que, de imputarse algún delito, debería también incriminarse a todas las personas que participaron en el grupo a cargo de la subasta.
En cuanto al cargo de peculado doloso, Andrade sostuvo que “no hay elementos que demuestren la voluntad del alcalde”. De acuerdo con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el aseguramiento de los bienes de López, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y gravar bienes.
Agregó que corresponde esperar 45 días para que el tribunal presente los actos conclusivos o que otorgue el sobreseimiento de la causa. “Yo soy optimista y creo en el Derecho”, afirmó, “pero para nadie es un secreto lo que sucede en los tribunales de Venezuela”.
La alcaldía sin alcalde
Desde que el José Ramón López se entregó a las autoridades del estado Bolívar la noche del domingo 27 de septiembre, la alcaldía ha estado en manos de Eriberto Aguilera, quien asumió el gobierno local la figura mientras López se ausentaba debido a un permiso médico solicitado.
Sin embargo, el alcalde se reintegró en sus funciones el viernes 25 de septiembre. La situación de la alcaldía exige que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el Concejo Municipal designe a un funcionario para asumir las funciones del cargo como suplente.
Hasta los momentos, el Concejo Municipal no ha anunciado una convocatoria de sesión para designar al alcalde provisorio.
La audiencia de López culminó cerca de las 10:00 pm del martes 29 de septiembre. El Palacio de Justicia de Puerto Ordaz permaneció custodiado por cordones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desde la tarde y rodeado de personas que mostraban su apoyo al alcalde y gritaban consignas.
Después de terminar la sesión, López tuvo que salir por otra puerta, porque en la entrada principal estaban los simpatizantes. Se reportó que horas antes de terminar la audiencia se escucharon detonaciones al aire para controlar la situación y distraer a los manifestantes, quienes rechazaron las imputaciones contra la autoridad de Caroní.