Periodistas de sucesos denuncian “alcabalas a la información” impuestas por el Gobierno

Las muertes violentas por armas de fuego o blancas no se detienen. Cada año aumentan y enlutan a miles de familias. Otras pasan por la angustia de un secuestro, mientras que en las cárceles los privados de libertad -que deben rehabilitarse para reincorporarse a la sociedad- se profesionalizan en el crimen y funcionan como ejemplo para los delincuentes de la calle. Pero, el Gobierno si frenó paulatinamente el acceso a la información a los periodistas.

El tema “Los retos de informar en el segundo país más violento del mundo” fue abordado en un foro organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en el que participaron periodistas con más de cinco años de trayectoria en la cobertura de sucesos.

Para explicar cómo fue incrementando el cerco informativo, Gustavo Gómez Morón, actual presentador de Venevisión, hizo un recorrido desde 2003 cuando se cerró la oficina de prensa de la Policía Técnica Judicial (PTJ) hasta la fecha. Recordó cómo luego de este cierre, los comisarios de las subdelegaciones en Caracas no quisieron declarar más a la prensa, dejando a los periodistas sin entrevistas ni declaración oficial.

También habló de la centralización de la información en la figura del ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz. “Nosotros hemos visto llegar a una escena de un crimen al director de la policía científica y nos ha dicho que no está autorizado para hablar del caso”, dijo Gómez Morón.

Recordó el caso del asesinato del secretario general del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). El hecho ocurrió en Caracas luego de un robo. Los delincuentes descubrieron que era un alto funcionario, por lo que decidieron matarlo. “No vimos al director del Cicpc declarando cómo, por qué o quiénes habían cometido el crimen. Tampoco el Presidente hizo alguna mención. Me gustaría saber qué hubiese pasado si en Estados Unidos matan al tercero al mando del FBI“, manifestó el periodista de Venevisión.

En el foro, Yohana Marra, actual reportera de Crónica Uno, explicó por qué las fuentes para los trabajadores de la prensa son los familiares de los privados de libertad y los propios internos de las cárceles venezolanas. Puso como ejemplo el conflicto que destapó la olla de la corrupción y violencia dentro del sistema penitenciario: la masacre de Rodeo I.

“Luego de que los parientes estuviesen protestando en las afueras del penal de Guatire durante días, fue que hubo un pronunciamiento del (entonces) ministro Tarek El Aissami. Cuando hubo acceso a los medios, solo se le permitió a los medios del Estado ingresar al perímetro que tenían custodiados los guardias y sus periodistas no hicieron las preguntas pertinentes”, mencionó la comunicadora social.

Señaló que la credibilidad de los parientes y reclusos se pone en duda debido a los intereses particulares que tienen, por lo que los periodistas deben tener cuidado en cómo reseñan esta información. “Siempre debemos corroborar, pero en materia carcelaria esta tarea es cuesta arriba por la negativa de informar de las autoridades”, dijo.

En esta línea, el periodista de El Nacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Edgar López, insistió en resaltar los derechos humanos de los privados de libertad. Puntualizó que el uso de este término “no es un capricho de la revolución”, sino un término acogido por la Organización de Naciones Unidas y debe ser empleado por los reporteros en sus notas.

Así como en el Derecho prevalece el estado más favorable para el más desfavorecido; también el periodismo debe apuntar hacia allá. “Hay que buscar el estándar más favorable a los derechos humanos, tal como lo establece la Constitución en el artículo 23 en relación a la legislación internacional frente a la legislación nacional“, acotó.

Ronna Rísquez, jefa de investigación de Runrunes, presentó la copia de las estructuras carcelarias por las bandas delictivas de los barrios. Las semejanzas no solo están en la jerarquía, que en 2015 fue reconocida por el miembro del grupo delictivo de la Cota 905 a la reportera: “Copiamos el modelos de la cárcel porque vimos que funcionaba”; sino también en los delitos a los que se dedican que son extorsiones, robo de vehículos, venta de drogas y secuestro.

Además, el desconocimiento de la ley y la aplicación de la suya propia es otro punto que exportaron de las cárceles. Los descuartizamientos y la quema de los restos se volvieron el común denominador en los ajusticiamientos de los “enemigos” de una banda de un barrio o como un mensaje para los delatores.

“Hay que tener cuidado con la publicación de los videos de descuartizamientos y asesinatos, por ejemplo. Porque todos esos hechos son un mensaje, no para los periodistas, sino para su entorno y el miembro de la banda contraria. Podemos convertirnos en los mensajeros de los delincuentes“, advirtió Risquez.

Sobre ese punto conversó también Luis Carlos Díaz, periodista especializado en redes sociales y tecnología, quien indicó que la discusión sobre la publicación de ciertos videos con contenido violento que circulan en Twitter y Facebook, por ejemplo, está sobre la mesa; sin embargo, exhortó a los medios a ser “forenses audiovisuales” con este material.

“No se debe olvidar el contexto que rodea a una imagen o video. La información periodística se diferencia por tener un método de comprobación y análisis, por lo que los periodistas son los grandes legitimadores del ruido que hay en las redes“, afirmó.

Humberto Prado, director del OVP, puntualizó que “la intención al hacer este foro, es que hablaran los que escriben la noticia y que exista un acercamiento entre las organizaciones no gubernamentales y los periodistas para enriquecer el trabajo de ambos. Efectivamente, el foro fue un éxito, por lo que el año que viene idearemos una nueva versión”.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Comentarios

No Comments Yet

Leave a Reply

¡Suscríbete!