El miedo silencia a familiares de las víctimas de la presunta masacre de Tumeremo - Efecto Cocuyo

El miedo silencia a familiares de las víctimas de la presunta masacre de Tumeremo

“Mi hijo tenía 30 años de edad y en sus ratos libres trabajaba en minería. Iba con un amigo a la mina y a eso de la 1 de la tarde, lo paró una alcabala de acción conjunta del pran El Topo, Cicpc y Sebin. Él se puso nervioso, empezó a correr y por eso le dispararon”, le contó a Efecto Cocuyo el padre de uno de los desaparecidos, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato. El amigo de su hijo logró escapar, y fue quien le proporcionó la información que maneja.

“Esos muchachos que estaban ahí eran gente trabajadora, humildes, de aquí del pueblo. Los cuerpos los pasaron por todo el pueblo, e iban escoltados por una camioneta del Cicpc. Incluso habían mujeres embarazadas. También las mataron, y las destrozaron con sierras”, asegura la fuente.

El miedo juega en contra de los familiares. Los sobrevivientes prefieren ocultarse por temor a que les pase lo mismo. Según contó esta fuente, se dirigió al Cicpc a poner la denuncia pero le pidieron que llevase a un testigo. El amigo de su hijo, que le sobrevivió, le dijo que no quería arriesgarse a dar su declaración. “Como en la alcabala había gente del Sebin y del Cicpc, me dijo que si iba a declarar sería hombre muerto”.

Dijo que los familiares tomaron la decisión de trancar la Troncal 10, vía principal de ingreso a Tumeremo, una pequeña ciudad de apenas 50.000 habitantes. El motivo era exigir que les regresaran los cuerpos de sus seres queridos. “Ni siquiera estamos pidiendo justicia, porque no creemos en la justicia venezolana. Aquí la justicia es ciega y sorda. Lo que queremos son los cadáveres”. A las tres de la tarde este domingo 6 de marzo se mantiene la tranca que comenzó en tempranas horas del sábado 5.

El padre se queja de los tratos de las fuerzas del orden en el caso. “Una comisión del Ejército y la Guardia fue este domingo con cinco representantes de los familiares, pero yo no tengo optimismo”, asegura. “Ya andan diciendo que lo que pasó fue que mataron a unos malandros, pero tampoco de esos hay cadáveres”.

El diputado Américo de Grazia narra una versión similar de los hechos. “Recibí una llamada de familiares de los desaparecidos, que me manifestaban que sus hijos habían sido asesinados en la mina Atenas. Me hablaban de 28 desaparecidos”.

Aunque la información aun es confusa, De Grazia cuenta que en esta mina los trabajadores llegan a trabajar en horas de la mañana y en la noche regresan a sus hogares. El viernes no sucedió así. Hace 72 horas sus allegados desconocen el paradero de los 28 mineros.

El diputado a la Asamblea Nacional le contó a Efecto Cocuyo que los altercados por territorio o minerales son comunes en las minas de la zona desde hace ya diez años. “Empezaron el 26 de febrero del 2006. Fue una fecha trágica para la Paragua. Murieron ocho mineros y desde esa fecha la tragedia no ha parado. El oro, el coltán y el diamante de Guayana se va por los caminos verde oliva”, comentó.

También denunció que los llamados “pranes” se han convertido en agentes de retención de las fuerzas armadas del usufructo de los minerales que extraen de manera clandestina.

El parlamentario maneja una lista con 17 nombres de los desaparecidos, que compartió en su cuenta de Twitter.

Esos 28 desaparecidos tienen nombre y apellido. Tienen madre, padre y hermanos, sobrinos, hijos”, dice De Grazia. Para el diputado de la tolda azul, ésta es la principal diferencia con masacres del mismo estilo que se han cometido en la zona: las protestas de los familiares. Entre los casos que destaca está el de Yosleida Montilla. Ella tiene 52 años de edad y es una peluquera en la ciudad. Desconoce el paradero de tres de sus hijos: José Ángel Ruiz Montilla (31 años), Néstor de Jesús Ruiz Montilla (27 años de edad) y José Armando Ruiz Montilla (24 años).

“Que el gobierno le diga al a señora Teresa Aguinagalde, madre de Gustavo Guevara Aguinagalde, de apenas 22 años de edad, dónde está su hijo. Si no está desaparecido, si no murió en ese acontecimiento, ¿dónde está?”, increpó.

A pesar de que la tranca se mantiene, el pueblo está tranquilo. Manuel Fernández, miembro del Centro de Coordinación Policial de la zona, dice que “hay algunos comercios cerrados por ser domingo, pero de resto todo está funcionado”. El diputado De Grazia confirma que la protesta continúa, pero en tranquilidad. “Ahí nadie está tirando piedras, ni saqueando, ni nada por el estilo. Lo único que están pidiendo es que se apersone el Gobernador, les aclare y se comprometa a que haya una investigación. Que se consigan los cuerpos o que aparezcan con vida los familiares desaparecidos”.

La mafia de las minas

“Los familiares saben donde se supone que están las presuntas víctimas y quieren darle las señas a Rangel Gómez”, dijo Américo De Grazia. Es que según los manifestantes, los cadáveres de la presunta masacre fueron llevados a la mina Hojalata, ubicada entre Tumeremo y San Martín de Turumbán, y que está controlada por grupos hamponiles. “El gobernador manifiesta que esas mina fue entregada a una pequeña cooperativa, pero eso es totalmente falso. Esa mina está operada por un pran colombiano, alias “El Topo”. Yo no sé si eso delata a Rangel Gómez con esta banda criminal”, comentó el diputado.

En Hojalata hay un farallón de aproximadamente 51 metros de altura. Los familiares asumen que los cuerpos de sus allegados fueron lanzados allí. El padre que conversó con Efecto Cocuyo asegura que es llamado “El Hueco del 51” y que lanzar cadáveres por allí es una práctica común. “Por muchos años se han ejecutado muchas víctimas. Matan a los malandros y los tiran ahí”, dice.

El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, desmintió la información de una supuesta masacre y aseguró que iba a llevar a la Fiscalía a Américo de Grazia y demás políticos “de derecha” que la divulgaron. “No ha habido ningún problema en Tumeremo, totalmente irresponsable al aseverar cosas que son falsas”, aseguró en una entrevista telefónica al canal Venezolana de Televisión el mismo sábado 5 de marzo.

“Se hizo un rastreo y no se encontró ningún cuerpo para determinar la situación que ellos están denunciando”, subrayó el Gobernador, que también comentó que lo que se registró fue un presunto enfrentamiento entre bandas armadas.

Puntualizó que estas acusaciones son parte de una “campaña mediática” para aterrorizar a la población y crear zozobra, y que que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), efectuó un rastreo profundo en toda la zona donde ocurrió el presunto incidente y no hubo ningún resultado de muertes.

Aseguró que el motivo de Américo De Grazia  y demás dirigentes de La Causa R para divulgar esta información son las nuevas políticas mineras implementadas por el Ejecutivo, a través del recién bautizado Motor Minero. “Ellos se benefician de la minería ilegal, y la política minera impulsada por el gobierno los está afectando”.

A través de su página web, el Ministerio Público informó que comisionó a Merving Ortega y Marcos Hernández, fiscales 42º nacional y 5º del segundo circuito del estado Bolívar, respectivamente, para verificar los hechos. Asimismo añadieron que funcionarios de la Fiscalía Superior de la jurisdicción se encuentran entrevistando a familiares de las presuntas víctimas y que expertos de la Unidad Técnico Científica y de Investigaciones están trabajando para esclarecer los hechos.

En la página web del canal del Estado, VTV, se publicó un artículo que coincide con esta versión. “La propagación del rumor coincide con la promulgación del Arco Minero del Orinoco (…). Esto supone una toma de control por parte del Estado o al menos el inicio de la misma, lo cual afectaría los intereses de quienes ejecutan la explotación informal”, y dice que De Grazia y Andrés Velásquez, exgobernador del estado, mantienen lazos orgánicos con la minería ilegal.

En el artículo también se puede leer que “no es la primera vez que ocurre una masacre virtual” en la zona. Hacen referencia a 2012, cuando una organización aborígen y la ONG Survival International denunciaron una presunta masacre a 80 integrantes de la comunidad yanomami. Posteriormente, el gobierno invitó a medios internacionales a visitar la zona de Irotatheri, donde supuestamente se había llevado a cabo la matanza, quienes constataron que no había rastros de violencia.

Según el artículo, la intención de aquel entonces era descalificar al Presidente Hugo Chávez, que estaba compitiendo para la reelección en los comicios del 7 de octubre de ese año. “Hoy el objetivo puede apuntar en tres sentidos: 1) enrarecer aún más el debate sobre el Arco Minero y combinar la presión social con la articulada ofensiva que se escuda en lo ambiental para obligar al gobierno bolivariano a desactivarlo, 2) desmoralizar a la Fanb atribuyendole, al menos por omisión, la responsabilidad de la masacre y otras culpas, y 3) homologar a Venezuela con México, a partir de reedición de la masacre de los 43 estudiantes y su posterior desaparición”, reza.

Por su parte, De Grazia escribió en su cuenta de Twitter “Q oculta @rangelgomez tras negar la masacre ocurrida en las minas de Atenas/Tumeremo? (sic)”. Al ser interrogado al respecto, comentó “Ahí está la mafia del oro, así como detrás de la ruina de las empresas básicas está la mafia del aluminio, del hierro y de la cabilla, y en todas esas el operador principal es Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado Bolívar”, dijo el diputado.

“El gobernador niega el acontecimiento y no da esperanzas de abrir las averiguaciones al respecto, todo lo contrario. En cambio, de abrir la averiguación pertinente en torno a la materia, pretende perseguir y criminalizar al mensajero y no al contenido del mensaje”, dijo De Grazia, que añade que el gobernador amenaza con enjuiciarlo por hablar en nombre de los ciudadanos de su circuito.

¿Quién es el culpable?

Hendry Norberto Bonalde es mejor conocido como “El Topo”, y, según una nota de prensa de la Policía del Estado Bolívar, fue detenido en mayo de 2015. Tenía cuatro solicitudes: tres por robo de vehículo y una por lesiones. Además tenía dos registros policiales, uno por el homicidio de un expolicía de la PEB, el 11 de julio de 2013 y otro por aprovechamiento ilícito de cosas provenientes del delito, el 6 de noviembre de 2010. Sin embargo, el diputado De Grazia dice “no tengo esa información. No tengo entendido que haya sido capturado”.

De Grazia cuenta que en el estado hay varios pranes operando, y El Topo lo hace en la zona fronteriza del Esequibo. “Prácticamente controla esa zona minera”.

Para el parlamentario, el que Rangel Gómez dijera que la zona fue entregada a una cooperativa y que los mineros están “felices” por eso, es un manifiesto de que se la entregó al pran.

Pran "El Topo" al momento de su detención
Pran “El Topo” al momento de su detención

La banda de El Topo se dedica al robo y hurto de vehículos, y su cabecilla era el tercer delincuente más buscado en el estado Bolívar al momento de su captura. Luego del caso de homicidio del expolicía en 2013, estuvo recluido en Guaiparo y luego le fue emitida una medida cautelar bajo presentación. Según un informe de la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, Ciudad Guayana es la onceava ciudad más peligrosa del mundo. El estado ha aparecido en el informe seis años consecutivos. Nada más entre enero y febrero, 285 personas han perdido la vida a manos de la violencia, de acuerdo a las cifras que maneja la prensa.

Foto: BBC Mundo

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