Hasta los malandros más buscados usan Facebook para mostrar granadas y armas de guerra

La policía buscó a “Carlos Capa” en los sectores Las Piñas, El Paují y San Bernardo. También allanaron casas en una zona llamada Tocorón -sí, como la cárcel- y no lo encontraron. En una nueva maniobra de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), 450 funcionarios se desplegaron hacia el sur del estado Miranda, en los Valles del Tuy, para intentar capturar a este sujeto que desde 2009 posee registros por homicidio intencional, porte ilícito de arma y droga. Hasta hace un mes, “Capa”, quien se dio a conocer con ese apodo en el submundo del hampa, exhibía en su cuenta de Facebook un arsenal de armas cortas, largas, fusiles dorados, billetes de bolívares y dólares, joyas, motos de alta cilindrada y hasta granadas.

La búsqueda comenzó cerca de las 6:00 pm del jueves 6 de agosto y se prolongó durante toda la noche. No hubo enfrentamientos como en operativos anteriores. Fueron detenidas 96 personas, informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González, en sus redes sociales. Aunque no ofreció detalles del armamento incautado, precisó un detalle importante: “Se detuvieron a tres personas solicitadas por homicidio, robo y extorsión, pertenecientes a la banda ‘Carlos Capa’”, escribió. Se refería a los “socios”.

Un día después del operativo del que pudo escaparse, el perfil de Facebook de “Capa” ya no existe o está oculto en la red con otro nombre. Se desconoce su paradero, pero autoridades policiales, que prefieren mantener sus identidades bajo reserva, aseguran que donde esté sigue fuertemente armado, como lo demostró en sus redes.

La “moda” de las granadas

El pasado 10 de junio, Capa publicó una foto en la que sostiene un objeto redondo, del tamaño de una pelota de béisbol, pero que, en lugar de rebotar, explota y es capaz de volar las paredes de una casa, una comisaría y provocar muertes.

Ya ha ocurrido en comandos policiales de Aragua, donde delincuentes armados -presuntos integrantes de la banda de “El Picure”- activaron artefactos explosivos por venganza, en las sedes del Cicpc de Villa de Cura, Turmero, Caña de Azúcar y Barbacoas, que causaron daños estructurales y dejaron efectivos lesionados.  En Ocumare del Tuy (Miranda) otros antisociales enfrentaron a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en un ataque que tuvo un saldo de un uniformado y tres civiles muertos. Más recientemente, en el puesto policial “Zulia” en Puerto Cabello, los privados de libertad lanzaron dos granadas hacia los funcionarios, pero no causaron daños.

Junto a este pequeño artefacto mortal, de exclusivo uso militar, alias “Carlos Capa” también exhibe un reloj que pareciera ser de oro: “Para los que quieran explotar conmigo”, escribió debajo de la foto. Ese mismo día, subió una imagen en la que mostró dos armas, acompañadas de otra granada. La intervino para estampar su apodo junto a la palabra “humildad” y en el mismo mensaje se encomendó a Dios.

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Es un mecanismo al que recurren los delincuentes para alardear de lo que tienen y cómo lo usan, aseguran expertos. Fuentes policiales explican que en esta “cultura” de armas, tan común en Venezuela, el uso de granadas se incrementó desde finales de 2014. Pero no se atreven a hablar de porcentajes: “Las bandas han estado fuertemente armadas desde siempre, pero es una locura lo que estamos viendo con las granadas este año, todos los ataques a las sedes policiales. Es algo que evidententeme se le escapó de las manos al Gobierno, en un descuido o adrede. Uno ya no sabe ni qué pensar”, dice un funcionario que prefiere no revelar su identidad.

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Las armas no solo las muestra “Carlos Capa”. Efecto Cocuyo contabilizó al menos 56 usuarios, entre perfiles personales y grupos de Facebook, en los que las fotos con armas cortas, fusiles, dinero, joyas, motos, camionetas y granadas, son algo recurrente.

“No es raro que los grupos semi-organizados hagan alarde de estas cosas. Incluso hay videos de gente disparando dentro de las cárceles. Es una manera de generar respeto y marcar estatus, que para los grupos delictivos, en su mundo, es fundamental. Ahora vemos que no solo son armas cortas o fusiles de guerra. Las granadas se han vuelto populares y no solo las usan para delinquir, sino que las muestran para que todos sepan que ellos tienen esos artefactos en su poder, que así son poderosos y que no hay nadie que los controle”, explica Luis Cedeño, sociólogo, experto en seguridad y director de la ONG Paz Activa.

El comisario y vicepresidente de la Federación Nacional de Policías Jubilados, Omar Vásquez Lagunel, coincide con Cedeño: “Esto no es otra cosa sino la demostración del poderío que tienen. Recordemos el caso de los dos Poliguaicaipuro que fueron asesinados hace tres meses, emboscados por unos criminales que no tenían granadas en esa oportunidad, pero sí un fusil AK47 y una subametralladora. Entre los dos funcionarios descargaron 51 municiones y ni así pudieron contra los malandros, porque tenían sus armas cortas reglamentarias contra las de los malandros, que eran de guerra. Con eso queda demostrado que están alzados, que no le paran a la policía ni le van a parar al Estado”.

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En los últimos meses, el Gobierno ha hecho un esfuerzo por desmantelar bandas delictivas y capturar a sus cabecillas, que habitan en las “zonas de paz”, bautizadas así por el mismo Ejecutivo. Es lo que han dejado ver con los reciente operativos de la OLP, iniciados en la Cota 905, en Caracas, con batallones de militares y policías que han logrado decomisos de granadas, armas cortas, largas, fusiles y drogas; detenciones que superan las 230 personas; desalojo a más de 200 familias y más de 18 muertos en presuntos enfrentamientos con la autoridad.

Uno de los funcionarios que se refirió recientemente a estos procedimientos del Estado fue Elías Jaua que los calificó como “símbolos de paz”. Aseguró que “ninguna banda criminal puede creerse con el derecho a dominar un territorio o ejercer autoridad sobre una población, porque el Estado venezolano ni lo permite ni lo va permitir”.

Como valijas diplomáticas 

Las granadas no se fabrican en territorio nacional y tampoco llegan a Venezuela por los puertos tradicionales, a diferencia de la mayoría de los artículos que son importados de otros países, explica una fuente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que además trabaja como docente en la Unefa y que pide la reserva de su identidad. El experto detalla que el cargamento aterriza en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y es desembarcado de madrugada por la rampa 4, usada comúnmente para el recibimiento de presidentes y personal diplomático venezolano o extranjero.

Cuando el cargamento llega es recibido por funcionarios que no saben el tipo de material con el que están lidiando ni tienen permitido revisar lo que hay adentro, detalla la fuente. Sin preguntar, como si se tratara de una valija diplomática, los funcionarios salen del aeropuerto en vehículos fuertemente custodiados, rumbo a Fuerte Tiuna, para lo que se conoce como control perceptivo.

Y entonces, dependiendo del tipo de material bélico y de su tamaño, o de algún mandato ministerial que bien puede darse a través de una “orden verbal”, los cargamentos parten otra vez -ahora desde ese segundo punto- hasta Maracay, a la sede de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) o a San Juan de los Morros, donde se encuentra la Dirección General de Armas y Explosivos (Daex), para su posterior distribución a componentes y cuerpos de seguridad del Estado.

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En la Memoria y Cuenta del Ministerio de la Defensa del año 2014 no hay ningún apartado que se refiera a granadas o explosivos. Por lo tanto, si algún ciudadano quisiera saber cuánto dinero destinó el Estado a la importación de estos artefactos, y lo busca por su nombre, no lo conseguirá. Debe posar el foco sobre un ítem titulado “Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación”, un proyecto que recibió Bs. 21.203.821.599,71 o el 32,30% del presupuesto de este despacho, detalla el documento oficial. Sólo los militares y los altos funcionarios del Estado saben que es aquí donde están incluidas las granadas, asegura la fuente de la Fuerza Armada.

En su resumen anual, y en el mismo tomo, hay una aclaratoria que el ministerio no hace sobre ningún otro proyecto: “En el ejercicio fiscal 2014 el balance de la cuenta de bienes públicos, calificados de Defensa y Seguridad no se ha reflejado movimiento debido a que no se cuenta con el personal calificado para los análisis correspondientes para el registro contable”.

Esta falta de transparencia en la información explicaría  porqué en la plataforma internacional “Import Genius” -que contabiliza todas las importaciones y exportaciones que se hacen desde la mayoría de los países del mundo- cuando se introducen los códigos correspondientes a Venezuela y granadas o explosivos, la sección aparece vacía.

Desde enero de este año, a las noticias de sucesos se han sumado reportes de ataques con granadas, la mayoría con saldos mortales. Hasta la tercera semana de mayo de 2015, 24 hechos delictivos de este tipo fueron contabilizados por el portal La Razón. Uno de ellos ocurrió el 12 de febrero, en San Antonio de Yare, cuando funcionarios de la Policía de Miranda se encontraban chequeando papeles a motorizados y fueron atacados con una granada por otros sujetos que también andaban en moto e hicieron caso omiso al llamado de las autoridades. Se dieron a la fuga y les lanzaron el explosivo, que al estallar dejó herido a un oficial y a una vecina del sector.

Sólo en Miranda, ese cuerpo de seguridad registró, hasta junio pasado, 12 incidentes con explosiones de granada, con 47 personas afectadas -entre civiles y funcionarios- incluidos 15 fallecidos, según un informe elaborado por el departamento de prensa de esta entidad.

Han ocurrido casos “accidentales”, como la muerte de “El Fresita”, quien se encontraba en una fiesta en el barrio José Félix Ribas de Petare, cuando detonó uno de estos artefactos que manipulaba otro sujeto, señala el documento de Polimiranda. Pero los más recurrentes son los ataques a las comandancias policiales, como la de la sede policial del municipio Paz Castillo, donde un preso estalló una granada porque los oficiales se negaron a liberar a otros 49 detenidos. Este hecho provocó siete heridos y dos muertos: el funcionario Franklin de Jesús Pérez Quintero y Yorman Daniel Flores Maldonado, quien accionó el artefacto que le vendió otro oficial por 5.000 bolívares, según una nota publicada por El Nacional.

De acuerdo con un estudio de la Organización de Naciones Unidas, Venezuela es el país con más muertos por granadas en los últimos dos años y el segundo con mayor número de heridos por explosiones de este tipo. El uso de granadas es privativo de la Fuerza Armada Nacional; sin embargo, estas armas de guerras aparecen reseñadas a menudo en los medios como parte de los arsenales de las bandas delictivas, lo que pone en entredicho al artículo 324 de la constitucion de Venezuela, que reza: “Solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, todas las que existan, se fabriquen o introduzcan en el país, pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso”.

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¿De dónde sacan las granadas estos delincuentes? Esa es la pregunta de las cien mil lochas”, dice Cedeño, de Paz Activa. “El Estado es el único importador de este tipo de artefactos, que son de exclusivo uso militar. La mayoría son almacenados en Cavim y de ahí se distribuyen a los componentes de la Fuerza Armada. Así que de ahí es que salen”, explica el sociólogo. Hace hincapié en la complicación que representa su rastreo porque después de ser accionadas se destruyen: “Cuando los organismos policiales incautan granadas es porque están sin accionar. Así sí se puede saber exactamente de dónde salieron. Pero el Estado pareciera no estar interesado en investigarlo”.

Según el comisario Vásquez Lagunel, una granada en el mercado negro puede pasar de los 100 mil bolívares. Por otra parte, el militar y profesor de la Unefa consultado por Efecto Cocuyo asegura que en cualquier penal del país son comercializadas por 60 mil bolívares y que muchas de las que se mueven tras las rejas llegan por contrabando desde La Guajira o desde Cúcuta, provenientes del paramilitarismo. Mientras que Cedeño es más arriesgado y hace el cálculo en divisas: intuye que si una pistola automática 9 mm usada, o “sucia”, cuesta entre 1.500 y 2.000 dólares, las granadas podrían rondar los 500 dólares “o quizás un poco menos”.

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Hasta hace algunos meses, el exviceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel Ávalos, manejaba la misma hipótesis que la fuente consultada en la FANB. El funcionario declaró al portal Contrapunto que “es sabido que muchas veces hay funcionarios corruptos que decomisan armas y después las venden”. En esa entrevista, dijo que “los delincuentes pueden encontrar tanto una granada fuera de Venezuela como comprarla a algún militar”.

Así como las fotos de armas y granadas siguen apareciendo en Facebook y recibiendo “likes”, los delincuentes también amenazan “sin filtros” a las autoridades. Cuando el perfil de “Carlos Capa” aún estaba activo, uno de sus amigos era insistente en varias publicaciones y comentaba sobre un comando de “poliperras” que va a “explotar”. Mientras que Capa, en otra foto más reciente, ostentó sus anillos y pulseras doradas y, sonriente, posó junto a una granada con un explosivo mensaje: “De rodillas ante Dios. De piez (sic), me mato contra quien sea”.

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