Hasta en el moño de una mujer puede viajar oro extraído ilegalmente en la Gran Sabana

Por Morelia Morillo

 

Más allá de los inmensos boquetes que deja la minería, de las aguas revueltas y de los lechos fluviales sedimentados, el oro extraído de los ríos y suelos de la Gran Sabana se esfuma día a día sin dejar registros de producción, sin pagar impuestos, sin certificación de origen ni medida de pureza alguna.

En el casco central de Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, existen al menos nueve locales que realizan la compra y venta de oro (y diamantes), no obstante, sólo dos avisan abiertamente al público que se dedican a eso, mientras que los demás publicitan ser talleres de joyería, ventas de relojes o de piedras exóticas, tiendas casi siempre provistas de una modesta exhibición y, tras el tabique divisorio y un vidrio oscuro, de una oficina, una pequeña balanza y una caja fuerte.

Gran Sabana es la zona más alejada y prístina en el sureste profundo de Venezuela, hacia el Brasil, territorio del pueblo indígena pemón. Santa Elena, su principal centro poblado, se encuentra a 1300 kilómetros de Caracas, rodeado de ambientes protegidos y zonas de seguridad, una ciudad en donde viven alrededor de 25 mil personas entre permanentes y flotantes, algunos son comerciantes, otros pequeños o medianos empresarios o empleados del negocio turístico y funcionarios públicos y muchos  se ganan la vida como mineros, taxistas, revendedores de combustible o cambistas (trocadores).

En Santa Elena, frente a la Plaza Bolívar, también existe una oficina identificada como Inspectoría Fiscal del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (Mibam), despacho fusionado, en 2011, con el Ministerio del Poder Popular del Petróleo y Minería. No obstante, aunque se trata de una de las principales fuentes de ingresos para los de acá, casi nadie entra a esta dependencia.

“¿Cuándo el minero le va a vender al Estado en 50 bolívares por dólar cuando puede vender en 100 ó 150?”, argumentaba un minero con más de 30 años de su vida en el sureste venezolano, luego de exigir que se resguarde su nombre en definitiva confidencialidad. Su estimación corresponde a enero de 2015, seis meses después el dólar se cotiza en el mercado paralelo sobre un piso de 400 bolívares.

Según él, parte del oro de Gran Sabana sale por vía aérea o por tierra hacia Caracas.

A la fecha, sólo hay eventuales vuelos privados desde el Aeropuerto Internacional de Santa Elena de Uairén. Si va por tierra, el mineral deberá sortear más de una docena de alcabalas, cinco de ellas antes de salir de la municipalidad, puntos de control fijo en manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Ejército y, por supuesto, los controles aeroportuarios de rigor, para luego viajar hacia Estados Unidos e incluso hacia Colombia.

Otro tanto traspasaría la frontera hacia Brasil, hacia donde hay dos puntos de control venezolanos y al menos dos brasileros, para ser negociado en Boa Vista, a 230 kilómetros de Santa Elena o continuar su viaje hacia Georgetown, a 641 kilómetros de la capital del estado brasilero de Roraima, en donde, tras pagar el tributo establecido, puede incluso ser certificado como oro guyanés.

Llevar el oro de un lugar a otro, de acuerdo con su vasta experiencia, se ha desempeñado en todos los roles del negocio, no es tan difícil, siendo básicamente cuestión de creatividad.

“Un kilo de oro fundido cabe en una mano, en un bolsillo (…) Hay muchas formas, nadie revisa al chofer. Se puede esconder en ciertas partes del vehículo”.

Confirma los legendarios métodos de empotrar el mineral en un jabón de baño, al cual se le extrae su parte interna o en una panela de jabón azul, puesto que es más espaciosa y menos atractiva.

“Y te voy a decir un secreto, que eso nunca se lo digo a nadie, se puede meter en un moño, en el cabello de una mujer (ya fundido o recogido en una pequeña bolsa tipo media) y la Guardia Nacional (Bolivariana-GNB) no da con el oro.  Pesa, pero la persona se recuesta en el asiento y ya”.

En Brasil está prohibida la minería y en Guyana es permitida, pero controlada. En Guyana las instituciones financieras otorgan créditos, sólo a quienes logran una concesión.

En ambos países, se producen sofisticadas y costosas maquinarias mineras: turbinas, “empeles”, balsas, mangueras, equipos que quienes trabajan en Venezuela sólo alcanzan a pagar en oro. “Un motor de seis cilindros MWM brasilero sale en 300 gramas”, aproximadamente Bs. 3. 000.000 de acuerdo al valor actual del oro en el mercado local. En Santa Elena se paga actualmente en Bs. 10 000 por gramo o como dicen los  mineros “grama”,  expresión correspondiente al portugués brasilero.

A él no le gusta vender en Santa Elena, pues, salvo honrosas excepciones, se siente utilizado por los compradores, quienes negociando y pesando se ganan un promedio de Bs. 100 a 150 mil por kilo.

Calcula que en esta localidad fronteriza hay de 15 a 20 compradores, además de otros ocho “que no tienen local, pero si tienen la plata”. “El problema aquí, en Gran Sabana, es que no hay mucho efectivo”.

Oro sin ley

Dinero contante y sonante

Hasta 2010 y más específicamente hasta diciembre de 2011, hasta hace exactamente tres años, los mineros debían acudir a la Inspectoría Fiscal del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (Mibam), frente a la Plaza Bolívar, para presentar lo hallado después del resumen, definir el impuesto a pagar y llenar una planilla con la información de la persona u organización y del yacimiento.

Pero, desde que se promulgó el Decreto Ley 8.683 que reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación y del Oro (en reforma del 8.413), y una vez vencidos los plazos establecidos, los 30 derechos mineros hasta entonces vigentes en el municipio quedaron derogados, el mineral amarillo pasó a ser un bien estratégico para la Nación, las áreas aurífera zonas de seguridad, responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Inspectoría Fiscal permanece abierta y desierta.

Para los mineros, resumir es separar el mineral precioso del material inservible, de las piedras, la arena y esto lo hacen semanal o quincenalmente, para lo cual utilizan lo que llaman un tamiz es decir un canal equipado con una alfombra. En cuanto al pago, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Minas, debían cancelar el 3% del valor comercial del oro o el 4% en el caso del diamante.

Un funcionario con años largos al servicio de la administración pública recordó, al tiempo que resguardo su identidad, que desde 2011 quedaron derogadas esas 30 concesiones, las que aparecen en el mapa minero del municipio Gran Sabana  “y lo que tenemos ahorita es una actividad minera ilegal (…) y, por supuesto, los que tienen que ver con compra y venta del mineral”.

Antes, no se cuantificaba con exactitud cuánto oro se extraía, puesto que los registros no eran fidedignos. Sin embargo, de acuerdo con las características del terreno (al ambiente mineralógico), al número de maquinarias y a la cantidad de personas empleadas se estimaba una cifra. En 2009, se creía, por ejemplo, que de una mina ubicada en la zona de Parkupi se extrajeron por lo menos nueve kilogramo de oro, dado el ambiente mineralógico, los equipos humanos y materiales utilizados, lo remoto del sitio, los pagos en fletes y la cantidad de combustible necesaria. Sólo así podía ser rentable.

Un comprador, un hombre que lleva más de 30 años pesando oro y diamantes detrás de un escritorio en un local reservado en el centro de Santa Elena de Uairén, contó que él le vende a personas, “ya conocidas”. Ellos le depositan, él compra, se queda con su porcentaje previamente definido y luego les hace llegar el mineral por medios que ni siquiera mencionó.

Hasta unos meses atrás, el negocio le dejaba alrededor de Bs. 600 mil al mes. En enero de 2015, calculó que sus ganancias no pasaban de los 400 mil, un bajón que atribuyó al hecho cierto de que los bancos locales carecen cada vez más de efectivo y, por supuesto, el minero que, después de semanas de trabajo, sale para vender quiere el dinero sin demoras. Muchos mineros ni siquiera tienen cuentas bancarias y además les urge pagar las deudas que van generando durante el tiempo que pasan “en el monte”, cubrir sus necesidades personales y familiares y volver a la mina.

En esta frontera, se habla de la estrategia de reducir la cantidad de dinero circulante para mantener un mínimo control sobre el ascenso del real brasilero con respecto el bolívar. Si bien el real ya pasó de largo de los Bs. 100. Pero, en Santa Elena, tanto como el negocio del cambio se fortalece la compra de efectivo. Algunas casas de compra y venta de oro y diamantes, obtienen efectivo ofreciendo la realización de transferencias bancarias “sin costo alguno”.

 

 

Oro sin Ley 2

Cada tarde, hombres jóvenes, ataviados con grandes bolsos a la bandolera, visitan docenas de locales comerciales y, mediante transacciones en línea, pagan alrededor de 3% por el efectivo del cual disponen esos comerciantes, dejando a los bancos a merced de las remesas foráneas.

Isam Maddy, sociólogo, calcula que, de acuerdo a los promedios históricos, en Gran Sabana, un minero saca alrededor de una onza de oro al mes, el equivalente a 30 gramos.

A la fecha, una casa de compra de oro en Santa Elena paga por “una grama” 10 000 bolívares, mientras que en el mercado internacional una onza se cotiza en torno a los 1200 dólares.

Partiendo del número de habitantes del municipio, 47 000 y de los residentes de Santa Elena, 25 000, así como de la población de las comunidades mineras, tanto en la zona de Ikabarú como en Urimán, que son los sectores en donde se realiza más minería, el sociólogo calcula que en Gran Sabana hay 10 000 mineros, entre indígenas y no indígenas y que, siendo así, se producirían 300 000 gramos de oro al mes es decir 300 kilogramos, aproximadamente 3, 6 millones de dólares cada 30 días lo que sumaría un total de 43 200 000 dólares al año.

Ikabarú es la segunda parroquia del municipio Gran Sabana, una zona con tradición minera desde los años 30 del siglo pasado en donde viven alrededor de 6.000 personas entre indígenas y no indígenas, 2.500 de ellos habitan en Ikabarú capital y al menos 80% del total se dedica a la mina.

Urimán es el tercero de los sectores en los que se divide el pueblo indígena pemón; se encuentra en el noroccidente de Gran Sabana, entre ríos, tepui, selvas y sabanas.

Urimán abarca 12 comunidades: Aripichi, Punta Blanca, San Miguel, Awarauká, Kapauré, Sabanita, Purpurkén, Los Frijoles, Tirika, Itewekén y Abekrí y el propio Urimán.

En este sitio, al cual prácticamente sólo se llega por aire, habitan 2.896 personas. Para llegar allá por tierra, desde Santa Elena, por Ikabarú, vía Parkupí, la travesía se prolonga durante días de navegación fluvial alternada con caminatas de selva y sabana. Los de Urimán viven de la extracción del oro y del diamante y de la pesca, del conuco, la caza y la recolección.

En febrero de 2013, un grupo de hombres de Uriman retuvo a una comisión élite del Ejército que llegó al sitio con la orden de cerrar las minas.

Desde entonces, otros acuerdos rigen para las comunidades indígenas que practican la minería fuera del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima y de otras áreas protegidas, pues, a cambio de los uniformados, el Alto Gobierno bajó la guardia y las comunidades se comprometieron a cuidar los ríos y las sabanas, a limitar la minería por parte de los no indígenas y a vender su oro al Estado.

Como el tema del despacho receptor del oro sigue sin resolverse, en enero de 2014, cuando la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, visitó Gran Sabana para revisar -junto a los capitanes pemón- el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y preguntó a quién le vendían el oro sus paisanos pemón, ellos respondieron que “a los compradores de Santa Elena”.

Por lo pronto, en noviembre pasado, el presidente Nicolás Maduro dijo, al refrendar un conjunto de leyes como parte de la Habilitante, incluyendo la Ley Orgánica que reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del oro, que “esta ley nos va a dar el instrumento ahora preciso para que el Estado entre a donde tenga que entrar a producir oro”.

La más reciente reforma, publicada en Gaceta Oficial extraordinaria 6.150, exige a los operadores auríferos, “la venta y entrega preferente” del mineral al Banco Central de Venezuela (BCV)”.

Anteriormente, la legislación establecía la venta y entrega del oro a la República, a través del despacho competente, del ministerio de Petróleo y Minería, si bien el texto rehabilitado “faculta al presidente de la República a designar otro ente o entes a los cuales deberá vender dichos recursos auríferos”.

De momento, quienes se dedican al durísimo trabajo minero o financian las máquinas y campamentos venden a quien les paga en el mejor precio posible o simplemente a quien los aborda con el dinero en la mano en el instante preciso de la necesidad. Hay incluso operadoras turísticas que ofrecen en sus sitios web, como parte de sus paquetes de aventuras de selva y sabana, visitas guiadas a las minas artesanales de la Gran Sabana con la posibilidad de comprar “cochanitos” y llevarlos como recuerdo y, según el vigilante  de un local de compra y venta, son los chinos de los supermercados quienes más compran oro. En 15 años, al menos 15 locales comerciales, de propietarios chinos, han abierto sus puertas en estos confines, entre restaurantes e híper mercados.

Fotos:Morelia Morillo

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