En huelga de hambre 60 colombianos presos como “paramilitares” y exculpados por un tribunal

Wilfrido Terán de 35 años llegó de Colombia a Venezuela en el año 2007. Se desempeñaba como albañil y vivía en el barrio Santa Cruz del Este, del municipio Baruta. El 30 de agosto de 2016 fue detenido por cuerpos de seguridad de Estado en una Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) cuando bajaba de una unidad de transporte público en el centro comercial Concresa, cerca de su casa. Al día siguiente fue señalado por el presidente Nicolás Maduro, el 1 de septiembre de 2016, de ser paramilitar junto a 94 personas más.

Desde hace un año y 5 meses Terán está detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, a pesar de que el 21 de noviembre de 2017 el tribunal 27 de Caracas le otorgó libertad plena a él y a 60 hombres acusados de pertenecer a grupos irregulares por no encontrar pruebas suficientes.

Según un familiar que no quiso revelar su identidad, en el galpón de la PNB en La Yaguara al menos 58 detenidos mantienen una huelga de hambre desde hace cuatro días para exigir ser liberados puesto que ya tienen boleta de excarcelación emitida por el tribunal.

Terán, que tiene cuatro hijos y es oriundo del departamento de Bolívar en el vecino país, le dijo a un familiar“Estamos decaídos, tenemos 4 días de huelga de hambre, comiendo papelón y caramelos. Estamos arriesgando, pero sabemos la consecuencia. Estamos dispuesto a llegar hasta donde sea por nuestra libertad”.

Efecto Cocuyo pudo conversar vía telefónica con otro de los detenidos en La Yaguara para conocer su situación. Para resguardar su integridad, el detenido prefirió mantenerse bajo anonimato. “Yo llegué a Venezuela en 2006. Estaba trabajando en Petare vendiendo chucherías en un puesto en Puente Baloa cuando me detuvieron. Tenemos cuatro días en huelga de hambre exigiendo nuestra libertad y por las condiciones en las que estamos presos”, contó el detenido.

El hombre detalla que desde que los arrestaron en 2016 comen una o dos veces al día. “A las tres de la tarde sirven la comida, casi siempre es arroz con zanahoria rallada o pasta con ensalada, que a veces está en mal estado”, dijo.

Entre cloacas

Las versiones de su abogado, Sergio Aranguren, concuerdan con la del detenido. El lugar de detención de estas personas no tiene las condiciones de salubridad, explica. “Esto está lleno de cloacas”, aseguró también el recluso.

Según él desde que el tribunal emitió la boleta de liberación, los oficiales de seguridad no les permiten salir mucho tiempo. “Nos encierran con candado y no nos dejan salir a tomar el sol con frecuencia, y cuando lo hacen, duramos entre 10 y 15 minutos”.

El privado de libertad contó a Efecto Cocuyo que sus compañeros de reclusión tienen entre 35 y 65 años de edad. “Aquí hay muchas personas enfermas y malnutridas”, dijo.

Libertad plena desde hace dos meses

El 21 de noviembre de 2017 el juzgado 27 de control de Caracas ordenó la liberación, sin restricción alguna, de 61 ciudadanos colombianos que estaban detenidos tras ser acusados por el Estado venezolano de paramilitarismo. Tras la decisión del tribunal, los acusados continúan detenidos este 11 de enero de 2018 en un galpón de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara.

A pesar del fallo las autoridades se niegan a liberar a los detenidos que tienen 1 año y 4 meses en prisión, según informa el abogado defensor. “Después que fue debidamente notificada a las partes, al Ministerio Publico, Defensoría del Pueblo, al director de la PNB general Pérez Ampueda, para que se otorgue la libertad de forma inmediata a estas personas, el director de la PNB ha hecho caso omiso de su responsabilidad, de hacer valer la ejecución de una decisión judicial, en virtud de que él alega que está recibiendo órdenes “superiores” para dejarlos privados de libertad”, aseguró Aranguren.

El jueves, 1 de septiembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro informó que habían detenido a 92 personas en un “campamento paramilitar” ubicado a 500 metros del Palacio Miraflores, a pocas horas de realizarse la movilización opositora denominada “La Toma de Caracas”.

Según relata el abogado, estas personas están ahora en un galpón encerradas. “Están desesperados porque están siendo humillados. Estás personas no son delincuentes, son padres de familias”.

Aranguren indicó que no han infringido la ley, tanto así que se les pidió (a los detenidos) los antecedentes penales en Venezuela y en Colombia y ninguno de ellos tiene expediente alguno que los implique en algún delito.

Para el defensor se está en presencia de una “complicidad de un Estado, de Gobierno bucanero, porque son unos piratas de carretera. Indudablemente eso lo hacen ante los ojos del mundo. Estamos en presencia de un Estado sin Gobierno que respete a la realidad y los derechos que plasma la constitución”.

Según contó el jurista, estos ciudadanos colombianos habrían venido a trabajar a Venezuela. La defensa pidió, tanto a las oficinas del Saime y a los tribunales, que se verificara la presunta irregularidad en sus ingresos al país. “El Saime le contestó, otras dependencias contestaron y no dieron pruebas de que ellos fuesen transgresores de la ley. Entonces estamos ante el delito de privación ilegítima de la libertad por parte de los funcionarios de seguridad policial”, denunció el abogado.

Los detenidos fueron llevados a la frontera con Colombia, en San Antonio del Táchira, y luego fueron devueltos a Caracas. Este traslado se hizo mucho antes de que a ellos se les dictara libertad. “Esto ha sido un calvario, un dilema para estos pobres hombres. Comen una vez al día una agüita con auyama, están enfermos”, añadió el abogado.

La defensa hizo un llamado a la canciller colombiana María Ángela Holguín: “tiene que venir a Venezuela a reunirse directamente con el Presidente de la República (Nicolás Maduro) para que le de la libertad a estos señores, no lo hacen porque son muy humildes, pero si hubiesen sido de otro estatus social, quizás vendría.

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