La dirigencia oficialista se amalgama en la idea de cerrar más que la frontera que une al estado Táchira con Colombia. No solo apoyan el estado de excepción que dictó el presidente Nicolás Maduro el pasado viernes 21 de agosto, sino que le piden que lo amplíe, aunque no se ponen de acuerdo en qué tanto debe extenderse.
Este domingo 30 de agosto, el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, el oficialista Saúl Ortega, instó al Ejecutivo a cerrar toda la frontera con Colombia.
”Es una buena oportunidad de que el Gobierno cierre la frontera. Yo pienso que debería cerrarla completa para, en la mesa de negociaciones, demandar del Gobierno colombiano un conjunto de compromisos que ellos han hecho y no han cumplido”, dijo el parlamentario durante una entrevista en el programa “Diálogo Con” que transmite Televen.
En estos momentos el cierre de la frontera aplica solo a las salidas hacia Colombia por el estado Táchira, luego de que el mandatario nacional ordenara bloquear el paso, primero en seis municipios (Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Urdaneta), y luego en Lobatera, Ayacucho, García de Hevia y Panamericano, todos en la entidad tachirense.
Este domingo el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en su seccional Miranda se reunió con las Unidades de Batalla Socialista Hugo Chávez (Ubch) y, tras el encuentro, sus representantes leyeron un comunicado en el que exigían al Gobierno extender el cierre “a todas las líneas fronterizas y prolongarla hasta que sea necesario”.
No ha sido un llamado exclusivo. Otros partidos que integran el Gran Polo Patriótico han pedido la misma medida a Maduro. Un ejemplo es el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), solicitó este sábado 29 de agosto ampliar el cierre a los municipios fronterizos de Zulia y Apure, donde todavía los pasos fronterizos funcionan con normalidad.
“La realidad de la frontera es la misma a lo largo de todo el territorio nacional (…) Sabemos que este tipo de medidas no es la solución al problema fronterizo, pero es una medida urgente y necesaria para defender la soberanía nacional”, dijo el presidente del partido, Gilberto Giménez, según reportaron medios regionales.
La internacionalista Giovanna De Michelle considera necesario que Venezuela cumpla con los acuerdos y formalidades internacionales para ejecutar las acciones en la frontera. A su juicio, un nuevo cierre de la frontera, en los términos en que se concretaron los bloqueos por los puntos fronterizos por Táchira, sería tomado por Colombia como una actitud inamistosa.
“Un cierre de toda la frontera con Colombia tendría un gran impacto, sobre todo comercial e incluso a lo interno, y un gran impacto en el mensaje que se da al Estado colombiano, sobre todo si se hace sin participación previa, de forma abrupta, como ocurrió con el estado de excepción en Táchira. Normalmente esas medidas se toman de forma compartida“, dijo la analista.
Agregó que el Gobierno de Maduro tiene razón en que en la frontera tachirense se había institucionalizado la industria del contrabando, pero criticó la forma en que se asumió la medida.
“No solo es cuestión de tener la razón, sino de ejecutarla de acuerdo con lo que establece el derecho internacional”, senteció la internacionalista.
La Guajira originaria
Pero De Michelle destacó que, además, cada territorio tiene su dinámica especial y, aunque los límites en la frontera venezolana con Colombia son muy difusos, porque son zonas muy integradas, el caso de la Guajira es particular. Los indígenas que allí viven no se sienten ni venezolanos ni colombianos, sino guajiros, recordó la internacionalista.
En efecto, los gobiernos de Colombia y Venezuela han atendido esta realidad desde hace años, a través de las firmas de acuerdos binacionales para responder a esa comunidad de varias formas. Por ejemplo, el suministro de alimentos subsidiados a los indígenas wayúu de la Alta Guajira colombiana está a cargo de Venezuela, luego de un pacto firmado entre Maduro y su homólogo neogranadino, Juan Manuel Santos, en el año 2014.
Pero hay acuerdos más antiguos, firmados por los exmandatarios Álvaro Uribe y Hugo Chávez, como lo es la comercialización de la gasolina que Venezuela le vende a Colombia, de cuyo suministro se encargan los indígenas que están en la zona de Paraguachón, en el estado Zulia. Ese acuerdo, autorizado en el año 2006, fue precisamente para reducir el contrabando de gasolina hacia el vecino país.
Apure guerrillera
La internacionalista De Michelle resaltó que el otro punto fronterizo es el estado Apure, una entidad con influencia de grupos irregulares colombianos.
“Apure sigue siendo un territorio con presencia guerrillera que se presta a actividades ilegales, porque su tránsito es más inhóspito”, dijo la analista.
Las denuncias sobre la presencia de estas organizaciones irregulares en la zona del Alto Apure no son nuevas y, de hecho, durante décadas se han registrado enfrentamientos armados con efectivos militares venezolanos, además del cobro de vacunas por parte de grupos autodenominados como las Fuerzas Populares de Liberación Nacional, la Fuerza Bolivariana de Liberación Nacional y también de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Foto: EFE