El Helicoide, la improvisada cárcel donde conviven manifestantes, narcos y asesinos

Los jóvenes que protestaron contra el Gobierno de Nicolás Maduro en 2014 ahora están presos en el mismo lugar que Walid Makled. A diario y desde hace más de un año se tropiezan con este narcotraficante detenido en Colombia, condenado en Venezuela y considerado por la justicia estadounidense como “un capo de los capos de la droga”.

Lo ven en las horas de comida y en las visitas, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide. Incluso llevan una relación “cordial”, tras las rejas, según testimonios de las madres de los jóvenes detenidos el 8 de mayo del año pasado en el campamento del Pnud. Uno de ellos dice que han conversado en varias oportunidades: “¿Makled? Es clase aparte. Ese señor se ha portado muy bien con nosotros. Hemos hablado par de veces, sí. Nos ha aconsejado, nos ha ayudado a sobrellevar la vida aquí. Es muy pana”, dice Ángel Contreras, justo cuando termina su sexta sesión de juicio, mientras se despide de su madre y del resto de los familiares y amigos que presenciaron la audiencia, ese 23 de junio.

No sólo conviven con Makled y con sus hermanos, Bassel y Abdalá, excandidato a la Alcaldía de Valencia. Ambos, además del lazo familiar, están relacionados con el caso del “Turco”, como le decían en la capital carabobeña, donde se le conoció como empresario antes de que lo acusaran por narcotráfico, legitimación de capitales, ocultamiento de arma de fuego, asociación para delinquir y sicariato en perjuicio.

Estos jóvenes, considerados presos políticos, también se codean a diario con los famosos “musulmanes”, nativos de Trinidad y detenidos desde el 19 de marzo de 2014 por presunto terrorismo. Conocen a los hermanos Otoniel, Rolando y Juan Bautista Guevara, quienes llevan ocho años en el Sebin, condenados como los responsables materiales del asesinato del fiscal Danilo Anderson.

Han hablado con “los Otaiza”, como se refieren a los siete imputados de entre 14 y 21 años de edad, por el asesinato del concejal Eliézer Otaiza, ocurrido el año pasado. En una charla con los “estudiantes”, como les dicen a ellos en el Sebin, uno de los implicados confesó la razón de su crimen: “El chamito dijo que lo hizo para ‘graduarse’. Así hablan ellos en ese mundo”, cuenta la madre de un detenido por protestar, mientras pide que no se revele su identidad porque “es una declaración muy fuerte” que podría complicar más el caso de su hijo.

A “los Serra”, en cambio, no los ven tan a menudo. Puertas adentro, así mientan a los presuntos implicados en el asesinato del diputado oficialista Robert Serra. “A ellos no los ven casi y creo que cuando los ven, nunca hablan. Yo le pregunté a mi hijo si había visto a ‘el Colombia’ y me dijo que sí pero que nunca ha hablado con él”, dice Sonia Toro, madre de Nixon Leal, quien también se tropezó con Julio Vélez en uno de los pasillos, a pocos días de su llegada al Sebin.

El exconcejal colombiano, detenido el 3 de junio en suelo venezolano -porque según Maduro es el autor intelectual del homicidio de Serra-, se le presentó y entablaron un diálogo corto, cuenta la madre: “Sí, mi hijo me dijo que vio a Vélez saliendo de su celda. No hablaron mucho, sólo se conocieron. Él (Vélez) no le dio detalles de su caso pero le dijo que era taxista”.

Con otros presos políticos

Los directivos de Farmatodo, señalados por el Presidente como “acaparadores” de productos de primera necesidad, llegaron en marzo al Sebin para estar durante dos meses con los presos de hace años y con los jóvenes de los campamentos de protestas, dirigentes estudiantiles y tuiteros detenidos por escribir “mensajes desestabilizadores”. Allí también estaba Rodolfo González, mejor conocido como “El Aviador”, acusado por el Gobierno como el “cerebro de las guarimbas”. El hombre de 64 años no cumplió el año de estadía porque se suicidó, aturdido por una amenaza de traslado a un penal de presos comunes.

Su hija, Lissette González, lo visitó constantemente durante el tiempo que estuvo ahí. En una entrevista concedida a Contrapunto, describió el lugar y la sala de visitas, tras ser testigo de la transformación de un espacio que, asegura, ahora está hacinado: “En todos esos meses nos dimos cuenta de espacios que estaban inutilizados y que los convirtieron en pequeñas celdas. Iban acondicionando el espacio a medida que llegaba la gente, la mayoría por razones políticas. (…) Es un lugar poco amistoso en el que no hay ventanas, sólo iluminación artificial. Hay un pasillo largo, el piso es de cerámica, está un poco sucio, pero mi papá decía que el baño y los lugares donde compartía con los demás estaban limpios. Cuando estás ahí no sabes si es de día o de noche, sino por el reloj. Ellos (los presos) no salen todos los días al sol, como se supone debe ser. Ese privilegio se da dos veces por semana porque hay muchos presos y los custodios se turnan. No hay un patio, no hay una cancha, entonces salen a un estacionamiento a caminar, a dar vueltas ahí. (…) Todo eso lo sé por mi papá”.

Las madres aseguran que los jóvenes quedaron muy golpeados después de la muerte de González, el pasado 12 de marzo. “Con él también compartían a diario. No se conocían de antes, nunca se vieron en las protestas. Lo conocieron ahí y él les daba mucho ánimo pero la depresión pudo más que sus ganas de luchar”, expresa Katiuska Ravelo.

Cero contacto con Ceballos

El más nuevo en El Helicoide es el ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. La ola de protestas que inició en Venezuela en febrero de 2014 también lo llevó a ese lugar.

Nunca han podido verlo, asegura Ravelo, desde que lo trasladaron, el pasado 11 de junio, después de haber compartido con Leopoldo López en Ramo Verde y con otros presos en un penal de San Juan de los Morros (Guárico): “A Ceballos lo tienen en otra celda, no está cerca de los chamos. Está aislado”, cuenta la madre de Ángel Contreras.

“El día que lo trasladaron, casualmente mi chamo estaba cumpliendo 29 años y nos extrañó que los custodios nos dejaran estar más tiempo del usual en la sala de visitas, compartiendo con él. Era porque en ese momento estaban trasladándolo y no les convenía que la salida de la visita coincidiera con su llegada. Obviamente no querían que lo viéramos”, dice la mujer en conversación con Efecto Cocuyo, una semana después de que su hijo se tomara un blíster de pastillas, para atentar contra su vida: “Gracias a Dios que no pasó a mayores. No justifico lo que mi hijo hizo, pero el horror que está pasando ahí, el hecho de verse rodeado de delincuentes sólo por protestar, lo deprime mucho”.

Cuando los funcionarios se llevaron a Ángel del campamento del Pnud, Ravelo tuvo una reunión con funcionarios de la Fiscalía y del Ministerio de Interior y Justicia. Miguel Rodríguez Torres, entonces jefe de esa cartera, estuvo en esa sala. En el encuentro, la madre de Ángel cuestionó la razón por la que los jóvenes debían permanecer detenidos, junto a otros delincuentes y condenados por graves delitos. “¿Qué es lo que quiere? ¿Que los llevemos a una cárcel común?”, fue la respuesta que obtuvo. Ni Ravelo ni las otras madres quisieron insistir en el tema. Mientras tanto, los juicios continúan, tras las rejas del Sebin.

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