Efecto Cocuyo / @EfectoCocuyo Una sentencia emitida por el Tribunal de Corts, instancia judicial penal de Andorra, autorizó hace diez meses a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez a retirar cantidades multimillonarias pertenecientes a sus cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) por falta de pruebas para su investigación. La información fue publicada por el diario español El Mundo, que tuvo acceso al veredicto. El fallo de fecha 13 de mayo de 2013 contradice a la Fiscalía andorrana, a la unidad de delitos financieros de Estados Unidos, FinCEN y al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que investigan el lavado de dinero proveniente de instituciones públicas por parte de exjerarcas chavistas. Estos fondos habían sido bloqueados el 30 de noviembre de 2012 a petición de la Fiscalía de Andorra en cooperación con las autoridades de EEUU por presunto delito de blanqueo de dinero. Se sospechó que estos jerarcas venezolanos lavaban en Andorra dinero procedente de sobornos internacionales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos por parte del Gobierno de Chávez. Sin embargo, tras año y medio de embargo, los abogados de los venezolanos lograron que la titular del Tribunal de Corts, Anna Estragués, ordenara el desbloqueo de su patrimonio. Esta instancia judicial se pronunció en apelación en contra del criterio de la Fiscalía, que sostenía que había indicios suficientes e investigación en curso como para mantener el bloqueo de cuentas como medida cautelar imprescindible. “Todos estos elementos no son obviamente actuales, ha transcurrido ya casi año y medio desde la adopción de la medida cautelar, un tiempo suficiente para sustentarla, pero no se han aportado otros elementos de entidad suficientes o indicios del delito original del presunto blanqueo realizado en el Principado, por lo que procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el levantamiento de las medidas preventivas”, sentencia el Tribunal de Corts. El Mundo asegura que los nombres de algunos que pudieron retirar su dinero del BPA son los ya publicados a principios de marzo de 2015, pertenecientes a funcionarios que ocupaban altos cargos en el gobierno del fallecido Hugo Chávez. El exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos; el exviceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado Ochoa; el exviceministro de Interior y Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón;el exdirectivo de la petrolera Pdvsa, Francisco Rafael Jiménez Villarroel; el exdirector del servicio de Inteligencia de Venezuela y exguardaespaldas de Chávez, Carlos Luis Aguilera y el empresario de seguros, Omar Farías, fueron señalados de firmar contratos con empresas españolas para “asesorarlas” en la adjudicación de contratos multimillonarios. Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, fue otro de los nombres que salió a relucir en del diario El Mundo por estar involucrado en el caso de blanqueo de capital. De acuerdo con investigaciones, Salazar tenía cuentas en la Banca Privada de Andorra por la que habían pasado “miles de millones de dólares”. Durante la Operación Clotilde en el 2012 fueron bloqueadas, pero, según fuentes jurídicas, el bloqueo fue levantado por sobornos que incluso incluía la contratación de “unas chicas” para hacerle masajes a la policía de Andorra. La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en, entre otros factores, que la propia policía andorrana no ha descubierto el origen de los fondos, movidos a través de una compleja red con empresas en Panamá e Islas Vírgenes, y la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados.    ]]>

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