Abogados insisten en que médicos de confianza deben evaluar a presos políticos

Han pasado más de 24 horas desde que Katiuska Ravelo recibió una llamada de alerta. La persona que se comunicó con ella quería advertir sobre el estado de salud de Ángel Contreras, su hijo, preso desde el año pasado en el Sebin de El Helicoide, en Caracas.

Ravelo está preocupada. Su hijo ha pasado las últimas semanas muy decaído y deprimido, según su apreciación tras las visitas semanales. Ahora lo único que sabe viene a partir de esa llamada, efectuada este lunes 15 de junio en horas de la mañana: “Sólo sé lo que uno de sus compañeros de celda me dijo cuando me llamó por teléfono, que mi hijo decía que le dolía tanto la cabeza que se quería morir, que se golpeaba la frente con la pared, que está desesperado. Pero me prometieron que no van a dejar que nada le pase, que van a estar pendientes de él y que ahora está más tranquilo. Lo único que puedo hacer es rezar y confiar en eso que me dicen, mientras espero para verlo este jueves y busco las maneras de que lo atienda un médico”, dice la mujer, quien ya logró que el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, la reciba en su despacho este martes 16 de junio, para hablar sobre la salud de Ángel.

El joven de 29 años, técnico en computación, tres hijos y una condición de migraña recurrente denunciada por su madre y por sus abogados, está en una situación similar a la de otros cuatro hombres, detenidos el 8 de mayo de 2014 en el campamento de protestas contra el Gobierno, frente al PNUD, en Altamira. “Sus condiciones físicas y psicológicas son graves y, hasta ahora, ninguno ha sido evaluado por un médico, salvo él y otro joven. Sólo los llevaron a la medicatura forense para que únicamente les hicieran preguntas, algunas hasta con tilde político”, dice Alfredo Romero, del Foro Penal.

El abogado se refiere al mismo Ángel y a Gerardo Carrero (26), quien fue trasladado en febrero al Helicoide. Denuncia que tras 404 días de prisión no han sido evaluados por especialistas, como es debido.

“Cuando los trasladaron para la supuesta evaluación, el 2 de junio, sólo les preguntaron si tenían morados y si les dolía algo. Fue algo rápido, irrelevante y mediocre. El caso de Carrero es insólito porque se le partió un diente y tuvo que pegárselo con pega loca y a estas alturas todavía no lo ha podido ver un odontólogo. Para él estamos solicitando un médico desde que estaba en ‘La Tumba’ (Sebin Plaza Venezuela) cuando hizo una huelga de hambre. Ahora tiene problemas estomacales y de visión”, denuncia Romero. El 11 de junio solicitaron formalmente y por cuarta vez que un médico de confianza lo evaluara. El Ministerio Público aún no ha emitido respuesta.

Nixon Leal, de 25 años, también está detenido en el mismo lugar y es uno de los que recientemente se unió a la huelga de hambre como medida de protesta, iniciada por Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular y preso en Ramo Verde. Romero asegura que Leal tampoco ha recibido atención médica, igual que Carlos Pérez, el mayor de todos los que fueron detenidos ese día en el PNUD; tiene 60 años de edad. “Ese señor tiene un problema de hipertensión y está en las mismas condiciones que el resto. Todos requieren atención médica, sobre todo psicológica, pero él con más razón porque es una persona mayor. Es un derecho que el Estado les está vulnerando”, subrayó el abogado.

Romero también destacó el caso de las personas que se encuentran bajo arresto domiciliario, como el abogado Marcelo Crovato, quien se cayó y se golpeó en la última audiencia, celebrada el 11 de junio. Desde antes padecía de dolencias físicas y afectaciones psicológicas, asegura el abogado, tras estar recluido durante 10 meses en la cárcel de Yare III. A Crovato, además, se le prohibió declarar ante los medios, tras el beneficio otorgado.

Garantía del Estado

Sobre el acceso a las personas detenidas, el abogado especialista en derechos humanos, Jesús Ollarves, señala que es una garantía fundamental y útil que debe asumir el Estado: “A los presos políticos deben verlos familiares, médicos y también periodistas. Es una manera de garantizar que se eviten torturas, tratos cueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas. También contribuye a eliminar el aislamiento en el que se suelen cometer los abusos en contra de los presos. Así que no es un ningún privilegio sino un deber del Estado y un derecho para ellos. Cuando eso no ocurre, se viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Ollarves se refiere al artículo 7 del citado documento, relacionado directamente con el tratamiento de los reclusos y las condiciones de reclusión: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”, reza el apartado. López, preso en Ramo Verde desde el año pasado y con 23 días de huelga de hambre, se ha negado a someterse a evaluaciones médicas que le practicarían médicos de ese penal. Hace dos semanas pidió el acceso de su médico de confianza y de un sacerdote y aún no se lo conceden.

El martes 2 de junio, el Foro Penal envió una carta a la Cruz Roja Internacional para solicitar su presencia en Venezuela y la atención médica a los presos políticos. “Con el fin de garantizar los derechos humanos y de conformidad con lo establecido en los Convenios de Ginebra y los estatutos del Movimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, hemos solicitado hoy y con carácter de urgencia, asistencia médica a las personas detenidas producto de las manifestaciones desde el 2014 en Venezuela”, señala el documento.

Lo mismo ha hecho la Iglesia, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, cuando recientemente se pronunciaron por el caso de Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, detenido en las mismas circunstancias que López: “Urgimos a las autoridades a garantizar que todos los detenidos en huelga de hambre tengan acceso a atención médica con un doctor de su elección”, expresó el organismo en un comunicado difundido el pasado miércoles 3 de junio. Y concluyó: “Llamamos una vez más a las autoridades venezolanas a garantizar que todos los detenidos por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión y de reunión sean liberados incondicionalmente y sin demora”.

Airam Fernández / @airamfernandez 

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