Más de la mitad de los venezolanos no cree en la tesis que el presidente Nicolás Maduro ha manejado en casi todas sus alocuciones desde el pasado mes de agosto: que el paramilitarismo es el culpable de la crisis económica y de la inseguridad que arropa a Venezuela. Así lo refleja la segunda edición de la Encuesta sobre Delito Organizado, presentada este martes 22 de septiembre por la asociación civil Paz Activa: 50,7% de la población considera que las pandillas, mafias y bandas criminales son las responsables del delito organizado en el país. Líderes carcelarios, mejor conocidos como pranes, son señalado por 49,5% de los entrevistados, frente a los pocos que defienden que los culpables son los paramilitares (19,7 %) o la guerrilla (18,9 %).
Mientras que el paramilitarismo en Colombia ha sido documentado y estudiado por organizaciones y universidades, en Venezuela la información se reduce a la versión oficial. Uno de los casos recientes que el Gobierno atribuyó a esta forma de violencia fue el asesinato del diputado oficialista Robert Serra, quien murió a puñaladas en su casa en Caracas en octubre de 2014. Maduro dijo que la responsabilidad del crimen recaía sobre una banda de paramilitares liderada por Leiver Padilla, alias “el Colombia”.
“Nos han traído la peste del paramilitarismo al pueblo de Venezuela”, afirmó Maduro en aquella oportunidad. Diez meses después, el 19 de agosto de 2015, el primer mandatario aseguró que una de las razones para decretar el cierre de la frontera entre San Antonio del Táchira y Cúcuta era la incursión de paramilitares, los primeros responsables del contrabando de alimentos, productos básicos y gasolina, subrayó.
Sobre este punto, el sociólogo Roberto Briceño León, uno de los encargados de presentar el estudio de Paz Activa, señaló: “Cuando le preguntamos a las personas si creían que el delito organizado era causado por bandas paramilitares vimos que lo atribuían a otros actores. Por el contrario, la gente percibe que los controles impuestos por el Estado crean oportunidades para el delito. Y entonces aquí hicimos estas preguntas: ¿El control de la economía por el Gobierno propicia la corrupción? 72% considera que sí. ¿El Gobierno, con el control cambiario, favorece el mercado negro del dólar? 70% considera que sí. ¿El Gobierno, con el control de precios, favorece el bachaqueo? 67% considera que sí. ¿El Gobierno, con los precios de la gasolina, favorece el contrabando? 63% dice que sí”.
El estudio indica que el tráfico de drogas, el contrabando de productos y el robo de vehículos son los tres delitos más recurrentes en el país, en ese orden. El estado Zulia es el de mayor incidencia en actividades vinculadas con el crimen, sobre todo en tráfico de drogas, combustible y armas, mientras que la región Capital presenta un alto índice en secuestros.
En la presentación, el sociólogo manifestó especial asombro por el contrabando, asociado con la actual crisis económica: “Ya no solo es un individuo que va, compra un producto y lo revende, sino que la gente percibe que detrás de eso hay una organización y eso es muy grave. ¿Y quiénes son los actores? De nuevo, las bandas criminales. En concreto, 76% de los encuestados consideró que el control de precios ha propiciado la reventa de productos”.
Aumentó la inseguridad
Briceño León indicó que los resultados de la muestra revelaron que 75% de los venezolanos piensa que la inseguridad ha aumentado en los últimos 12 meses. “Cuando hablamos del nivel de victimización, la mitad de la población entrevistada había sido víctima de robo o hurto en los 12 meses anteriores a la encuesta y las tres cuartas partes de los entrevistados consideró que la inseguridad había aumentado”, sostuvo. La cifra, frente al 71,1% que consideró en 2013 -la primera vez que se realizó esta encuesta- que la inseguridad había aumentado.
El sociólogo, presidente de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), recordó que Venezuela tiene la segunda tasa más alta de homicidios del mundo con 82 por cada 100.000 habitantes, cifra que el Gobierno venezolano rebaja a 62.
“La mayoría de las personas que entrevistamos perciben como ‘mala’ la acción del Gobierno y consideran además que la actividad de muchos funcionarios ha favorecido el delito organizado”, dijo Briceño León. Y aquí se detuvo: “Hay una pregunta que hicimos en 2013 y repetimos para este año. Preguntamos si creían que el narcotráfico había corrompido a los militares y 52% de las personas creían que esto era así. Para la encuesta de este año aumentó al 62%”.
Otras de las revelaciones de la encuesta es la “poca disposición y miedo para cooperar con la policía y con el sistema de justicia”, afirmación que Briceño León sustentó con cifras que reflejan que ocho de cada diez entrevistados considera “muy peligroso” denunciar a las bandas del delito organizado o ser testigos en un juicio penal.
La filosofía “plomo al hampa” es apoyada por 61% de los entrevistados, mientras que 68% prefiere la implementación de medidas menos radicales como la depuración de cuerpos policiales, el desarme de las bandas y colectivos o el uso del Ejército para combatir el delito organizado, una medida que ya fue tomada por el Ejecutivo. “Uno como experto sabe que sacar el Ejército a la calle es algo que no funciona. Pero a nivel de percepción de la gente es una respuesta que reciben de la autoridad y al final esa es la necesidad inmediata”, apuntó el sociólogo.