#12F Historias que esperan por la justicia

Por Laura Weffer Cifuentes /@laura_weffer

Foto Alejandro Cegarra

La imagen de Bassil Dacosta derrumbándose en la acera de la esquina Monroy dura menos de un segundo. Es necesario hacer un esfuerzo de concentración para distinguir en el video que captó a lo lejos su muerte, esa sombra alargada que corría con los otros jóvenes y que repentinamente queda detenida en el tiempo para siempre. En la imagen no se ve el tiro ni la sangre. Esas especificidades quedaron para gráficas posteriores que luego inundaron las redes sociales. No sólo la muerte de él, sino de 42 personas más que perdieron la vida en lo que se ha dado por llamar desapasionadamente “Los sucesos de febrero” o “Manifestaciones de 2014”. La versión más propagandística: Las guarimbas.

La muerte de Bassil Dacosta no fue producto de un tumulto desordenado o de una bala perdida que causó una muerte fortuita. No fue una guaya, no fue un perdigón ni una mala caída. Fue un asesinato cometido por funcionarios del Estado: del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de la Policía Nacional Bolivariana y del Ejército Bolivariano.

El periodista Edgar López del diario El Nacional logró obtener el expediente 18.978-14 (nomenclatura del Tribunal 48 de Control) en el que se describe la actuación de los responsables: “…Todos portando armas de fuego cortas y largas (…) comenzaron a disparar contra las personas que manifestaban específicamente en la esquina donde se encuentra el restaurante La Cocina de Francy”, en la esquina de Tracabordo en Candelaria donde cayó muerto Bassil Dacosta.

En el video realizado por el ahora extinto equipo de investigación de Últimas Noticias queda demostrado con imágenes, video y sonido quiénes fueron los responsables. Una prueba irrefutable de una operación coordinada que, en su momento, hasta el presidente de la República, Nicolás Maduro, admitió.

No obstante, la Fiscalía General de la República decidió otorgarles privilegios a los responsables. Andry Jaspe, Jonathan Rodríguez Duarte, Manuel Pérez, Edgar Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Saéz y Jonfer Márquez son juzgados en libertad con un régimen de presentación cada ocho días. Ramón Perdomo Camacho es el único que permanece tras las rejas. Giovanni Valladares y José Miguel Domínguez (Miguelito) ni siquiera tienen una acusación en contra.

La impunidad no es exclusiva de este caso. De las 43 personas fallecidas durante los cuatro meses que duraron las manifestaciones apenas hay una investigación concluida (2,3%). Un año después, 30 casos se encuentran en etapa de averiguación (69,7%); ocho en etapa intermedia (18,6%) y tres en etapa de juicio (6,9).

En Efecto Cocuyo de las tres historias que presentamos (de las menos difundidas mediáticamente) la de Jesús Acosta se encuentra en fase intermedia y las de Ramzor Bracho y Gisella Rubilar en etapa de investigación.
En ninguno de los casos se ha conseguido justicia. Los familiares esperan que alguna respuesta les sea ofrecida.Que alguien les explique las razones de las muertes o que al menos se sepa el nombre de los responsables; pero las dudas -y las heridas-continúan abiertas. Y las historias están allí repetidas, para nunca ser olvidadas.

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