“Cada vez que Maduro decreta un aumento es una desgracia”, aseguró líder sindical

Más billetes que se vuelven “sal y agua”. El aumento del sueldo dejó de ser una gran alegría para muchos: aunque el Ejecutivo decrete un incremento, el monto se sigue quedando muy por detrás de la inflación que atraviesa el país. La medida de elevar el valor de la unidad tributaria (UT) de 177 a 300 bolívares, anunciada el pasado domingo 19 de febrero por el presidente Nicolás Maduro, no fue vista con buenos ojos por algunos sindicalistas y abogados laborales.

El nuevo valor de la UT, que entrará en vigencia a partir del 1 de marzo, incrementa el bono alimenticio de 63.700 bolívares a 108.000 bolívares. A su vez, la medida lleva el ingreso mínimo integral a 148.638 bolívares. Del monto mensual, el sueldo base equivale solo a 27% del total.

“Cada vez que el Gobierno decreta un aumento de salario o de tickets, para nosotros es una gran desgracia”, aseguró a Efecto Cocuyo Servando Carbone, coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Para el líder sindical, la medida traerá de todo menos beneficios para quienes laboran: pérdidas de las plazas de trabajo y precios más altos. “¿Quién va a terminar pagando esa diferencia de casi 50 mil bolívares por cada trabajador? ¿A quién le va a cargar el empresario ese monto? A los productos. Van a subir los precios y van a seguir botando gente”, advirtió.

De acuerdo con el abogado laboral, León Arismendi, las medidas implementadas por el presidente Maduro están lejos de ser concertadas con el sector sindical y ocasionan una distorsión de las remuneraciones que los trabajadores perciben.

“En el esquema que el Gobierno ha impuesto, el sueldo base equivale a 27% del sueldo integral. Eso implica que las prestaciones y todos los gastos asociados al salario se congelan y se mantienen en un monto bien por debajo de la inflación“, indicó el abogado. Añadió que no solo el sueldo se queda “aguantado” mientras los precios suben, sino que “los pocos ahorros de los trabajadores se diluyen, lo cual significa más pobreza“.

“Con esta medida, lo que percibes al año por cesta tickets da más de lo que sumarán las prestaciones sociales. Esta es una política antiobrera”, advirtió Carbone.

Mientras el Ejecutivo fija precios y decreta aumentos, indicaron Arismendi y Carbone, el problema de fondo sigue sin ser atacado. “Cada día es más corto el período en el que se adoptan medidas de este tipo. Se toma esta decisión e inmediatamente los precios se disparan, aumentan más de lo que pueden cubrir los ajustes que hace el Gobierno. Los precios siguen incrementando y no hay ninguna medida que ataque eso”, apuntó el abogado laboral.

Los decretos pueden hacer mucho ruido, pero las quincenas traen pocas nueces para los trabajadores. Así lo considera Carbone, quien también denunció que hay casos de atrasos en los pagos de los aumentos. “Todavía no se ha pagado el contrato marco de la administración pública. Fuera de eso, están los compañeros de las alcaldías y las gobernaciones. Decretan los aumentos, pero no bajan los recursos“, dijo.

Para Arismendi, que una economía sea sana significa también que el empleado sienta que es retribuido de forma justa por su trabajo. Sin embargo, señaló que este no es el caso venezolano, en donde al trabajador no se le permite acceder a una vivienda, a un carro y, mucho menos, a ahorrar. “Aquí no hay estímulo para que alguien se emplee y mucho menos en estas condiciones”, aseguró.

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