100 toneladas de queso no llegarán a abastecer el centro del país, denuncia Fedenaga

Después de la detención de 10 distribuidores de queso y del presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure (Agapure), Manuel Castillo, a las afueras de la capital apureña, alrededor de  cincuenta “caveros” permanecen escondidos en la entidad con 100.000 kilos de productos lácteos para evitar que la alcaldía del municipio San Fernando los obligue a vender el 10% de su mercancía a un precio mucho menor al que lo compraron.

“Esos 100.000 kilos de queso no llegaran a los centros de consumo, lo que afectará el precio de la proteína. Al haber menos cantidad y la misma demanda, los precios subirán”, explicó a Efecto Cocuyo el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Carlos Albornoz.

El dirigente agregó que las ventas obligadas a precios irrisorios aumentan el precio de venta al público, “porque esas pérdidas se agregan al costo” de la mercancía que compran los distribuidores en los estados llaneros.

El pasado lunes 5 de marzo, a más de 50 comerciantes que distribuyen el derivado lácteo en Aragua, Carabobo, Miranda y Distrito Capital, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) les impidió el paso para obligarlos a entregaran el porcentaje de la mercancía solicitada por la municipalidad. Al negarse, los funcionarios castrenses los reprimieron con gases lacrimógenos y perdigones.

Los distribuidores explican que pagaron Bs. 380.000 por cada kilo y que la municipalidad quiere que le vendan 10% de la mercancía en Bs. 40.000, un precio que es 850% más bajo en comparción. “No nos dejaran salir del la entidad hasta que entreguemos la cuota”, informaron los “caveros”.

“Ese cobro vulnera los artículos 305 y 306 de la Constitución que establecen que el Estado garantizará la seguridad alimentaria”, señaló Albornoz, quien indicó que al colocar trabas a los distribuidores afectan directamente a los productores. “Nosotros no tenemos camiones como para llevar los alimentos a los centros de consumo. Necesitamos de quienes transportan la producción”.

El representante gremial recordó que, en los estados llaneros, varios gobernadoresalcaldes imponen cobros y confiscaciones a los distribuidores, a pesar de la resolución emitida el 22 de enero por la Jefatura de la Gran Misión Abastecimiento Seguro (Gmas), que restringe la competencia de los gobiernos locales para retener alimentos.

“En Barinas siguen cobrando cuotas, lo mismo que en dos municipios de Guárico”, detalló el presidente de Fedenaga, al hablar sobre otros incidentes, entre los que destaca el ocurrido el pasado 27 de febrero en Valle de la Pascua, donde la dueña de un camión que movilizaba 14.000 kilos de carne de res se negó a venderle a la alcaldía del municipio Leonardo Infante parte de la mercancía.

Albornoz pidió que los productores estén atentos a las informaciones que difundan los gremios municipales, para hacer frente a esta situación, la cual es calificada por  las diferentes asociaciones de productores del campo y distribuidores, como ilegal y que atenta con la seguridad alimentaria.

Imputarán a 11 distribuidores de queso por negarse a venderle a la alcaldía de San Fernando de Apure

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